Si se pregunta a una persona haitiana promedio, probablemente no sabrá del plan de su gobierno para desarrollar yacimientos de oro en el país a través del sector de la minería formal. Durante más de dos años, el gobierno ha estado avanzando hacia una estrategia para atraer empresas mineras extranjeras a Haití, sin embargo, poco ha informado al público sobre una decisión que probablemente tendrá implicaciones radicales para todos los haitianos en el país.
El Banco Mundial ha venido apoyando un elemento clave de este esfuerzo al proporcionar asistencia para redactar una nueva ley de minería nacional. A principios de 2013, el Parlamento de Haití puso una moratoria a la minería en medio de acusaciones de corrupción en la concesión de permisos de explotación minera bajo la actual ley de minería. Los inversores y las empresas mineras ahora están esperando que se actualice la ley antes de reanudar las operaciones.
Las implicaciones sociales y ambientales de la asistencia del Banco Mundial son alarmantes, ya que el proyecto de ley de ser aprobado, determinará las normas y reglamentos para toda la explotación minera en Haití. Aun así, la participación del Banco ha fracasado por completo produciendo un proceso de consulta justo y transparente. Mientras que las empresas mineras privadas han sido invitadas a dar su opinión sobre el proyecto de ley, los mismos haitianos han sido excluidos de gran parte de la conversación.
Durante más de dos años, el gobierno ha estado avanzando hacia una estrategia para atraer empresas mineras extranjeras a Haití, sin embargo, poco ha informado al público sobre una decisión que probablemente tendrá implicaciones radicales para todos los haitianos en el país.
Los defensores del desarrollo de las reservas de oro de Haití subrayan que el crecimiento económico y la creación del empleo fluirán naturalmente una vez se establezcan las grandes minas de oro a cielo abierto. Sin embargo, los haitianos, quienes ya han sentido el impacto de la exploración minera, se muestran escépticos. Las anteriores interacciones con las compañías mineras han llevado a asociar estas empresas con falsas promesas. Los haitianos ahora exigen una ley minera más fuerte que proteja a las comunidades y su medio ambiente.
Un plan defectuoso
Un «proyecto definitivo» de ley filtrado en noviembre de 2014, profundizó los temores de que los planes del gobierno harán poco para proteger a las comunidades locales. El proyecto de ley deja la mayoría de las protecciones ambientales para futuras regulaciones, esquivando preguntas serias sobre la gestión de recursos hídricos limitados y la protección de los ecosistemas frágiles y degradados. También limita seriamente la capacidad del gobierno para regular la minería, al permitir que los proyectos eludan el proceso de aprobación ambiental si el Ministerio del Medio Ambiente no logra terminar su revisión en un plazo específico.
Muchos dentro y fuera de Haití están preocupados dado que la asistencia del Banco Mundial no ha abordado los obstáculos en el desarrollo de una industria de tan alto riesgo, en un país con un sistema de regulación tan notoriamente débil. Mientras que uno de los objetivos declarados del Banco era mejorar la capacidad del gobierno para gestionar el sector minero, hasta el momento, el Banco no ha hecho ninguna contribución identificable para aumentar la capacidad de regulación gubernamental.
Pese a las preocupaciones sobre el proyecto de ley y la capacidad del gobierno, la asistencia del Banco Mundial en el desarrollo del sector minero de Haití tiene la intención de infundir confianza en los aspirantes a inversores. El Grupo del Banco Mundial en sí también espera beneficiarse. En 2010, el brazo del sector privado del Banco, la Corporación Financiera Internacional (CFI), realizó una inversión de capital en Eurasian Minerals, una de las empresas que han realizado la exploración en Haití. Con esta inversión vigente, el Banco tiene interés en acelerar la aprobación de una nueva ley para garantizar que el sector minero se abra de nuevo, lo cual claramente es un conflicto de intereses y fortalece las preocupaciones en torno al papel del Banco en el desarrollo del proyecto de ley en Haití.
Buscando remedios y la rendición de cuentas
En enero de 2015, una denuncia de las comunidades afectadas y de Justicia en Minería Colectiva (Justice in Mining Collective) planteó todas las cuestiones anteriores al mecanismo de rendición de cuentas del Banco Mundial, el Panel de Inspección (PI) pero no llegó muy lejos, porque la asistencia del Banco fue canalizada a través de un fondo fiduciario ejecutado por el Banco (ver Observador Primavera 2015). Esta laguna legal bloqueó el esfuerzo de las comunidades tratando de pedir rendición de cuentas al Banco Mundial y evitó que los haitianos pudieran remediar la situación, a pesar de que el propio PI reconoció la gravedad de las cuestiones planteadas.
Ahora las comunidades tienen pocas opciones que ya no pueden acceder al proceso del Panel de Inspección. El Parlamento de Haití fue disuelto a principios de 2015 después de que el gobierno no pudo celebrar elecciones, poniendo en duda que el proyecto de ley minera sea aprobado a través de un proceso democrático. El proceso de elecciones está en marcha para elegir un nuevo presidente y un nuevo parlamento que pueda determinar el futuro del proyecto de ley. Hasta entonces, la única constante es la confusión acerca de la situación del proyecto de ley dentro de la burocracia de Haití; sobre cuándo y cómo pueda avanzar; y sobre dónde y cómo puedan las comunidades expresar sus preocupaciones y presentar sus demandas.
Aparte de su inversión en Eurasian Minerales, el futuro papel del Banco en el sector minero de Haití sigue siendo poco claro. El Banco sigue trabajando para finalizar su próxima estrategia nacional para Haití, la cual puede revelar si continuará tratando de dar legitimidad a esta defectuosa agenda minera. ¿Se declarará el Banco libre de responsabilidades a pesar de su papel en la redacción de una ley tan peligrosa? O por el contrario, ¿utilizará su influencia para solucionar el problema – asistiendo al gobierno de Haití para desarrollar el sector de la minería en forma responsable e inclusiva?
Peterson Derolus con Nixon Boumba, Justice in Mining Collective, y Caitlin Daniel, Accountability Counsel
