Hace más de 20 años se estableció el Panel de Inspección (PI) – el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Mundial, lo que permitió por primera vez que las personas afectadas por las actividades financiadas por el Banco pudieran expresar sus preocupaciones a los más altos niveles de poder dentro de la institución. Los mecanismos de rendición de cuentas del Banco Mundial, todavía son pertinentes y necesarios, incluyendo el PI, el Defensor del Pueblo – CAO (Compliance Advisor Ombudsman – CAO) del brazo del sector privado del Banco, la Corporación Financiera Internacional (CFI), y su Agencia de Garantía de Inversiones Internacionales. Estos mecanismos son la única forma que tienen las comunidades para pedir rendición de cuentas y reivindicaciones por los daños y perjuicios causados por las actividades financieras del Grupo del Banco Mundial. También proveen a los grupos de la sociedad civil y a los otros actores una poderosa ventana para ver las limitaciones y errores del marco de desarrollo del Banco Mundial.
Desde que se estableció el Panel de Inspección, muchas otras instituciones financieras de desarrollo (DFIs, por su sigla en inglés) también establecieron sus propios mecanismos para la rendición de cuentas, conocidos colectivamente como los mecanismos independientes para la rendición de cuentas (IAMs, por su sigla en inglés). Si bien la estructura y los procedimientos de los mecanismos de rendición de cuentas varían, estos pueden reunir a los reclamantes y a los clientes de los bancos para resolver conflictos y, llevar a cabo investigaciones para determinar si las políticas ambientales y sociales del banco de desarrollo han sido violadas, o ambos. Para que el sistema funcione y proporcione un recurso para las personas perjudicadas, tanto el mecanismo de rendición de cuentas como la institución financiera deben cumplir con sus responsabilidades individuales.
Un informe de enero de 2016 por once ONGs – ¿Está medio lleno el vaso? El estado de rendición de cuentas en la financiación del desarrollo, evaluó la eficacia de los sistemas de rendición de cuentas de once instituciones financieras de desarrollo, para determinar qué tan bien estaban sirviendo a las personas que se suponía debían servir. Los autores llegaron a la conclusión de que el “vaso de rendición de cuentas” se puede considerar “medio lleno” o “medio vacío”, dependiendo de cómo se le mire. Los denunciantes, sin duda, están en una mejor posición si tienen acceso a un mecanismo de rendición de cuentas, que si no lo tuvieran. Las quejas pueden llamar la atención internacional y de vez en cuando producir cambios en los proyectos y mejores condiciones para los reclamantes. Sin embargo, los mecanismos no son eficaces para proporcionar indemnizaciones o compensaciones consistentes para los perjudicados – ya sea una compensación adecuada para el reasentamiento o para restablecer el acceso al agua potable o a los recursos naturales. Esto se debe a dos razones: la primera, los bancos de desarrollo no dan a los mecanismos de rendición de cuentas el mandato que necesitan para ser un recurso efectivo para los demandantes y, la segunda, los mecanismos de rendición de cuentas no asumen su propia responsabilidad asegurando que las personas afectadas sean compensadas debidamente.
Estos mecanismos de rendición de cuentas podrían ser más eficaces, pero sus esfuerzos serían en vano sin un cambio significativo en el enfoque de los propios bancos del desarrollo. El informe encontró que todas, menos una de las once instituciones financieras de desarrollo evaluadas, obstaculizaron el acceso a los mecanismos de rendición de cuentas desde el principio, al no exigirle a sus clientes que revelaran la existencia del mecanismo de rendición de cuentas a las personas afectadas por los proyectos. Los bancos de desarrollo también limitan el período de tiempo durante el cual un mecanismo puede aceptar una queja, no contribuyen a las soluciones alcanzadas a través de los procesos de resolución de problemas, y no responden consistentemente a los hallazgos de incumplimiento de su banco. Además, cuando los bancos de desarrollo desarrollan un plan de acción para responder a los hallazgos, rara vez consultan adecuadamente con los denunciantes sobre su contenido. En lugar de considerar las quejas como una oportunidad para ayudar a las mismas personas que las instituciones financieras de desarrollo deberían beneficiar, estas instituciones tratan de defender y justificar sus propias acciones, niegan y refutan las preocupaciones o declaraciones de los reclamantes, y además marginan y debilitan los mecanismos encargados de las quejas.
El caso de Avianca en Colombia (ver Boletin 80) ilustra el fracaso de una institución financiera de desarrollo para mantener su responsabilidad en la prestación de indemnización o compensación a los demandantes. Como consecuencia de una queja de noviembre de 2011, una investigación del Defensor del Pueblo/CAO, en mayo de 2015, demostró que la CFI no tuvo en cuenta la indiferencia de su cliente hacia la libertad de asociación, sin embargo, a pesar de estos hallazgos han continuado las violaciones.
El informe de las once ONGs proporciona dos grupos de recomendaciones. El primer grupo busca perfeccionar el sistema actual mediante la identificación de las mejores prácticas que deben ser adoptadas por todas las instituciones financieras de desarrollo y por los mecanismos de rendición de cuentas. Sin embargo, la simple adopción de las mejores prácticas no será suficiente para asegurar que los demandantes reciban compensación por los daños y perjuicios causados. El informe pide que los mecanismos de rendición de cuentas tengan el poder de tomar decisiones vinculantes para obligar a las instituciones financieras de desarrollo y a sus clientes a tomar una acción eficaz y, en definitiva, que estas instituciones deben adherirse a un modelo de desarrollo basado en los derechos humanos que produzca menos daños a las comunidades. Hasta que esto no se logre, es imperativo que los mecanismos de rendición de cuentas sean fortalecidos para asegurar que las personas perjudicadas por los proyectos financiados por los bancos sean compensadas debidamente.
Kris Genovese, Centro de Investigación sobre las Corporaciones Internacionales (SOMO)
