En julio de 2015 la conferencia de las Naciones Unidas sobre la Financiación del Desarrollo (FpD, por su sigla en inglés) pidió a los bancos multilaterales de desarrollo (BMDs) que lideraran el establecimiento de un Foro para la Infraestructura Mundial «como un pilar fundamental para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible». De acuerdo con el documento final, el Foro debe reunirse periódicamente «para mejorar la alineación y la coordinación entre las iniciativas de infraestructura viejas y nuevas», y para prestar especial atención a las voces de los países en desarrollo. Por otra parte, el Foro “dará prioridad a las oportunidades de inversión y cooperación, y trabajará para asegurar que las inversiones sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental, social y económico.» El primer foro tendrá lugar durante las reuniones de primavera del Banco Mundial y del FMI a mediados de abril de 2016, en Washington, DC.
El compromiso de los BMDs hacia el Foro es la continuación de un trabajo de muchos años en la ampliación de la infraestructura a través del G20 (ver Observador Otoño 2014). Este compromiso fue fortalecido aún más en un documento conjunto de septiembre de 2015, Asociación para la construcción de un mundo mejor: Enfoques comunes de los BMDs para el desarrollo de la infraestructura, que respondió a una petición del G20 para que los BMDs reforzaran los servicios de preparación de proyectos «con el fin de impulsar una mayor inversión del sector privado en la infraestructura».
De acuerdo con Nancy Alexander de la fundación política alemana, Heinrich Böll: «El G20 ve la inversión masiva en la infraestructura como una de las «balas de plata» que puede… añadir US$ 2 billones de dólares a la economía mundial y crear millones de puestos de trabajo» (ver Observador Invierno 2015). Además de acoger el nuevo Foro, el Banco Mundial sigue desempeñando un papel central en la preparación de documentos claves sobre la infraestructura para el G20, incluyendo la priorización de proyectos de infraestructura y el apoyo a la realización de proyectos con asociaciones público-privadas (APPs).
Las APPs continúan siendo motivo de preocupación
La decisión del Banco Mundial, el G20 y otros bancos multilaterales de desarrollo (BMDs), de impulsar las APPs para los proyectos de infraestructura, como un hecho consumado, no tiene en cuenta las continuadas preocupaciones sobre éstas (ver Observador Otoño 2015). Un documento de trabajo de febrero de 2016 del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU titulado, Las asociaciones público-privadas y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: ¿Son apropiadas para el trabajo?, argumentó que «si bien una mayor responsabilidad del sector privado reducirá la exposición al riesgo del sector público en forma automática, una APP mal diseñada de cualquier tipo puede conllevar riesgos significativos para el público en términos de cobertura reducida, mala calidad del servicio, o pasivo fiscal contingente.»
Corroborando lo anterior, el documento señaló que las evaluaciones realizadas por el Banco Mundial, el FMI y el Banco Europeo de Inversiones, «han encontrado una serie de casos en los que las APPs no solo no produjeron los resultados esperados, sino que al contrario, aumentaron significativamente los pasivos fiscales gubernamentales.» De acuerdo con el documento, “los análisis tanto del FMI como del Banco Mundial han expresado preocupaciones con respecto a los incentivos perjudiciales por parte de los gobiernos, de tratar los pasivos contingentes producidos por las APPs como “fuera de balance», lo que a su vez debilita la gestión fiscal sólida.» Un documento de trabajo del FMI en enero de 2016, hizo un mapa de trabajo para pronosticar los pasivos contingentes en los países de los mercados emergentes y avanzados, advirtiendo que «el número de APPs ha ido creciendo recientemente de forma significativa a nivel mundial. Por lo tanto, podemos esperar más y mayores costos fiscales de las APPs en el futuro».
Una sumisión de las ONGs a finales de febrero de 2016, a la consulta del Banco Mundial sobre el marco propuesto para la transparencia de las APPs, exigido por el G20, expresó preocupación ya que la consulta sucedió después, y no antes, de que el borrador del documento fuera presentado al G20. La petición, firmada por más de 50 organizaciones, argumentó que «esto puede dar la impresión de que las consultas con otras partes interesadas son una mera formalidad carente de posibilidades reales de impacto». Las organizaciones, incluyendo a la Red de Alivio de la Deuda de Kenia y Justicia de la Deuda de Noruega, hicieron hincapié en que «un marco sólido para la transparencia es una salvaguardia primaria y necesaria – aunque insuficiente – contra algunos de los riesgos planteados por las APPs. La necesidad de estas salvaguardias es particularmente importante a la luz de las decisiones políticas recientes del G20 de alentar los llamados proyectos de transformación, que entendemos son un mayor apoyo a los megaproyectos. Los riesgos identificados están relacionados con los «impactos sociales y ambientales, el respeto a los derechos humanos, la responsabilidad democrática y los problemas macroeconómicos, incluyendo el endeudamiento público oculto que surge de las APPs.»
Aldo Caliari de la ONG estadounidense Center of Concern, comentó: «El G20 está poniendo la carreta de la ideología sobre las APPs, por delante del caballo de la evidencia disponible sobre su desempeño. Nada bueno puede salir de esto». Nancy Alexander añadió: “Esos megaproyectos problemáticos están chocando con las realidades ambientales y sociales en todo el mundo. Es crucial que los grupos de ciudadanos analicen los planes centrales de infraestructura para sus países o regiones para determinar si los planes van a hacer avanzar los objetivos del clima y del desarrollo sostenible y, también, que examinen cuáles son los riesgos que están siendo absorbidos por el sector público».
