A mediados de febrero de 2016, el gobierno nepalés declaró una crisis energética y comenzó a importar electricidad de la India con la esperanza de poner fin a los cortes de energía diarios de doce horas o más en la capital Katmandú. En una política de acompañamiento, “Década de Desarrollo Energético», el gobierno anunció ambiciosos planes para producir más de 900 MW de nueva energía hidroeléctrica en línea durante los próximos dos años y finalmente exportar el exceso de producción a la India.
Históricamente la producción eléctrica y los proyectos de transmisión de energía en Nepal han tenido largas demoras. El proyecto Desarrollo de la Energía de Nepal financiado por el Banco Mundial, que incluía la controvertida línea de transmisión Khimti-Dhalkebar, de 220 kV (línea KD), fue aprobado en 2003, pero, la construcción solo comenzó en el 2008. Las comunidades afectadas en el distrito de Sindhuli comenzaron a expresar sus preocupaciones en el 2009 (ver Observador Primavera 2014). En este conflicto de larga data sobre la línea KD, las comunidades afectadas han impedido la construcción de ocho torres de electricidad en el distrito Sindhuli, debido a la preocupación por la falta de información y consulta, la falta de debida diligencia, las medidas de rehabilitación problemáticas y los impactos potenciales de la línea de transmisión en la salud, la agricultura y los medios de vida. Una historia de represión violenta contra estas comunidades contribuye a que exista una atmósfera de terror.
En 2013 un grupo de familias afectadas presentó una denuncia al mecanismo de rendición de cuentas del Banco Mundial, el Panel de Inspección (PI). El PI realizó una investigación y encontró que el Banco Mundial no había seguido varias de sus salvaguardas sociales y medioambientales en relación con las comunidades afectadas y con la supervisión del proyecto. La administración del Banco Mundial reconoció que las comunidades afectadas no habían sido informadas o consultadas adecuadamente sobre la línea KD. En forma similar, la administración del Banco tampoco explicó por qué había continuado con este proyecto, cuando era evidente que no podía garantizar el cumplimiento de las políticas de salvaguardia.
De acuerdo con el informe del Panel de Inspección, subsecuentemente el Banco no evaluó con una mayor profundidad si el organismo de ejecución, la Autoridad Eléctrica de Nepal (NEA, por su sigla en inglés), tenía la capacidad, según las políticas de salvaguardia del Banco, de llevar a cabo las evaluaciones ambientales y sociales necesarias para la ejecución del proyecto. La NEA actualmente está gestionando varios proyectos hidroeléctricos en todo el país, con el apoyo del Banco Mundial y otras instituciones financieras de desarrollo, como una parte fundamental de la iniciativa del gobierno de Nepal para convertir al país en un exportador de electricidad. La capacidad del Banco Mundial y de la NEA de involucrar a las comunidades como socios en el desarrollo, en vez de ser impedimentos a éste, definirá el éxito de la política energética de Nepal.
En el momento en el que el Panel de Inspección concluyó la investigación sobre la línea KD en febrero de 2015, el Banco Mundial ya había terminado el Proyecto de Desarrollo de Energía de Nepal. En respuesta a las conclusiones del Panel, la administración del Banco presentó un plan de acción en marzo de 2015, para responder a los hallazgos de incumplimiento. La Junta Directiva del Banco Mundial examinó las conclusiones del Panel y el plan de acción del Banco, y «dio la bienvenida a la intención del Banco de continuar colaborando con las autoridades de Nepal para apoyar la implementación del plan de acción, con el fin de resolver amigablemente las cuestiones pendientes.»
Las comunidades dieron la bienvenida a la postura de la Junta Directiva del Banco de querer encontrar una solución pacífica a los problemas, lo que las comunidades habían estado buscando desde que plantearon sus preocupaciones sobre la línea KD. Sin embargo, las comunidades también sostienen que el plan de acción se queda corto en muchos aspectos. Por ejemplo, el plan no ofrece soluciones sobre cómo tener consultas reales con las comunidades afectadas, ni una evaluación de rutas alternativas para la línea de transmisión, a pesar de que se encontró que la falta de éstas era una violación de las salvaguardias del Banco.
Para la puesta en acción de la petición de la Junta Directiva del Banco de resolver amigablemente el conflicto, será necesario que el Banco reúna a su cliente, la Autoridad Eléctrica de Nepal y a las comunidades afectadas, en un proceso adecuado y justo de resolución de conflictos. Tal proceso de diálogo implica la ausencia de intimidación y de condiciones no razonables y, la garantía de que los recursos estarán disponibles, tanto para apoyar un proceso imparcial, como para implementar los resultados convenidos.
El Banco Mundial tiene la oportunidad única de remediar sus fallas después de haber incurrido en numerosas violaciones de las salvaguardias, ya que potencialmente puede prevenir que sus proyectos atenten de nuevo gravemente contra los derechos humanos y, el Banco también puede ejercer un papel de liderazgo en la construcción de resultados positivos e inclusivos en el desarrollo en Nepal.
Para superar la actual crisis energética de una manera oportuna, al tiempo que respeta los derechos de las comunidades afectadas, el gobierno de Nepal y las instituciones de apoyo como el Banco Mundial deben garantizar la participación positiva de las comunidades, tanto en los proyectos pasados como en los futuros. No obstante, en su intento de explotar el enorme potencial hidroeléctrico de Nepal, el gobierno continúa poniendo una pesada carga sobre las comunidades rurales e indígenas, y el conflicto sobre los proyectos energéticos amenaza con descarrilar los esfuerzos de desarrollo económico. Por lo tanto, la resolución de conflictos pasados sobre los proyectos de energía y la creación de un ejemplo positivo de participación de las comunidades será de vital importancia para establecer la modalidad de los proyectos de desarrollo en sus pasos futuros.
por Shankar Limbu, de la Asociación de Abogados de los Derechos Humanos de los Indígenas Nepaleses (LAHURNIP), Nepal, y Komala Ramachandra, Accountability Counsel, Estados Unidos
