En octubre de 2015, la comunidad garífuna indígena de Honduras, con el apoyo de la ONG local, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo (CAO), el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (el brazo del sector privado del Banco Mundial). Según la denuncia, ha habido una serie de abusos e infracciones derivados del proyecto de desarrollo turístico Bahía Tela, incluyendo “el acaparamiento de tierras, el desplazamiento de la comunidad, la falta de beneficios económicos y la degradación del medio ambiente». Uno de los inversionistas del proyecto es el Banco Ficohsa, el tercer banco más grande de Honduras, con el que la CFI ha realizado varias inversiones desde 2008. Las inversiones de la CFI a través de intermediarios financieros (IFs) han sido criticadas en repetidas ocasiones por el Defensor del Pueblo y por las ONGs, los cuales afirman que la CFI es incapaz tanto de determinar el impacto de sus inversiones en el desarrollo, como de asegurarse de que éstas no sean dañinas (ver Observador Invierno 2015).
En la queja, OFRANEH establece el impacto nocivo de la participación del Banco Mundial en la promoción de la «reestructuración de los sistemas de registro de tierras y catastro a través de programas de desarrollo que afectan los derechos de las comunidades garífunas». Éstas solicitaron que el Defensor del Pueblo investigara la inversión de la CFI en Ficohsa y llevara a cabo una «revisión más amplia de las políticas y prácticas del Banco Mundial, que han contribuido al despojo de tierras a gran escala en Honduras y, en particular, al detrimento de las comunidades garífunas».
Esta no es la primera vez que las inversiones de la CFI en Ficohsa han sido objeto de escrutinio por parte del Defensor del Pueblo. En agosto de 2013, el Defensor del Pueblo inició una evaluación de cumplimiento, provocada por la implicación significativa de Ficohsa con la Corporación Dinant, un controvertido productor de aceite de palma en Honduras (ver Observador Invierno 2014). En enero de 2016, el Defensor del Pueblo publicó su informe de seguimiento de esta investigación, citando repetidas preocupaciones sobre la gestión de la CFI y los riesgos ambientales y sociales en relación con los préstamos de Ficohsa a Dinant.
Asesinados activistas hondureños
El 2 de marzo de 2016 fue asesinada Berta Cáceres, la dirigente de la ONG hondureña el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Cáceres era la líder de la oposición pacífica a la construcción de la represa de Agua Zarca, argumentando que destruiría tierras de cultivo de las comunidades locales indígenas Lencas y limitaría su acceso al agua potable. En octubre de 2013, COPINH registró una reclamación al Defensor del Pueblo en relación con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, llevado a cabo por la compañía DESA, a raíz del asesinato de un activista indígena, presuntamente por el ejército y la empresa constructora. Igualmente protestaron por la intimidación de los activistas y comunidades locales que se oponen al proyecto (ver Boletín Diciembre 2013 y Observador Otoño 2013). Sin embargo, la investigación sobre el caso fue suspendida cuando CAMIF, cliente de la CFI, retiró su inversión de DESA y del proyecto Agua Zarca.
Tras el asesinato de Berta Cáceres, numerosas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a COPINH y Ríos Internacionales, pidieron a todos los inversores que se retiraran del proyecto Agua Zarca e hicieran todo lo que estuviera a su alcance para detener la violencia y la intimidación contra los activistas. La Compañía Financiera de Desarrollo de los Países Bajos (FMO, por su sigla en inglés) y la organización finlandesa Finnfund suspendieron su ayuda para el proyecto un día después de que Nelson García de COPINH fuera asesinado a finales de marzo de 2016. En el sitio web ‘Justicia para Berta’, sus hijos y COPINH exigen la «cancelación inmediata del proyecto de Agua Zarca y justicia para los proyectos que amenazan el medio ambiente y la vida de las comunidades indígenas de Honduras».
Un informe de abril de 2015, ¿Cuántos más?, de Testigo Global una ONG con sede en el Reino Unido, señaló que por lo menos 116 activistas ambientales fueron asesinados en 2014, el 40 por ciento de los cuales era de las comunidades indígenas, la mayoría de ellos luchando contra los proyectos hidroeléctricos, mineros y agroindustriales. Victoria Tauli-Corpuz, reportera especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, dijo a Climate Home, una agencia de noticias mundial en marzo de 2016: «El patrón de estas muertes en muchos países está creando una epidemia». Tauli-Corpuz pidió que se diera reconocimiento a los derechos a la tierra y que se construyera un sistema legal sólido para enjuiciar a los asesinos.
