A comienzos de marzo de 2016, el experto independiente de la ONU sobre los efectos de la deuda externa en los derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, presentó su último informe a la 31ª reunión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. El informe se centra en los vínculos entre la desigualdad de ingresos y riqueza, las crisis financieras y sus consecuencias sobre el disfrute de los derechos humanos. De acuerdo con Bohoslavsky, los programas de ajuste financiero, sin alivio consistente de la deuda, no sólo tienen resultados perjudiciales para el desarrollo humano y los derechos humanos, sino que la desigualdad también puede contribuir sustancialmente a exacerbar la aparición y evolución de las crisis financieras. Bohoslavsky examinó el caso de América Latina, donde el FMI tuvo programas de préstamos en 16 países en la década de 1980 y, «donde los costos de las crisis financieras no fueron cubiertos en partes iguales y la mayoría de los programas de ajuste se excedieron aumentando la pobreza y la desigualdad más allá de lo que era necesario». El informe concluye diciendo, «lo que está claro es que los programas del FMI estuvieron asociados con un empeoramiento de la distribución de los ingresos y con una reducción de los ingresos de los ciudadanos más pobres, en momentos en que los desequilibrios externos eran altos antes de los programas. Sin embargo, es bien sabido, que estos programas sólo pueden disminuir la desigualdad de los ingresos cuando los desequilibrios externos no son tan altos».

Para apoyar a quienes elaboran las políticas en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, el informe recomienda una serie de medidas para hacer frente a las crisis financieras y a la desigualdad en forma integral. Por ejemplo, se deben emplear instrumentos para mejorar la igualdad de los ingresos antes de los impuestos; debe haber suficiente poder de negociación de los trabajadores y éste debe ser protegido. Además, se debe implementar la reforma destinada a una mejor tributación progresiva. El informe hace hincapié en que todas las respuestas a las crisis financieras deben cumplir plenamente con la legislación de derechos humanos; que la estabilidad fiscal y el crecimiento del PIB no pueden anular, suspender o diluir las obligaciones y responsabilidades hacia los derechos humanos existentes y, que la protección de los grupos vulnerables debe tener la prioridad más alta, lo que ha de garantizar que el gasto social sea el menos y el último afectado. El informe también recomienda que los análisis de la sostenibilidad integren a la desigualdad como una consideración fundamental, y que se debe garantizar que los Estados deudores sean capaces de cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Sin embargo, aunque el informe no hace recomendaciones específicas para las instituciones financieras, vale anotar que el Banco Mundial y el Marco actual de Sostenibilidad de la Deuda del FMI tampoco incluyen la desigualdad como un indicador en sus análisis (ver Boletín 54).

Como reacción al informe del experto de la ONU, Rasha Rashid Jarhum, fundador de Yemen Juvenil para la Asistencia Humanitaria y la Iniciativa de Aden, declaró, «los efectos nocivos de las condicionalidades del FMI sobre los derechos humanos destacados en el informe son especialmente agudos en Yemen, donde han agravado la corrupción endémica y la inestabilidad política que padece mi país. En tal contexto, las reformas propuestas están sujetas al abuso y a la manipulación política, como sucedió en Yemen, cuyas consecuencias nos han llevado a la violencia y turbulencia que estamos sufriendo actualmente».