En abril de 2016, la congresista estadounidense Gwen Moore, miembro de alto nivel de un subcomité para la supervisión de las actividades del Banco Mundial, escribió una carta al presidente del Banco, Jim Yong Kim, expresando su preocupación sobre «la privatización de los recursos hídricos en los países en desarrollo». En la carta Moore expresa dudas sobre si «las políticas actuales de delimitación que definen las funciones de la inversión y el asesoramiento de la CFI [Corporación Financiera Internacional, brazo del sector privado del Banco Mundial] eran adecuadas». Ella criticó el posible conflicto de intereses entre la promoción del Banco de las políticas de privatización del agua en las Filipinas y los préstamos de la CFI a una empresa privada que se benefició de este proceso (ver Boletín Diciembre 2013). Moore instó al Grupo del Banco a que “suspendiera la promoción y la financiación de la privatización de los recursos hídricos, incluyendo las llamadas asociaciones público-privadas (APP) en el sector del agua, hasta que se hubiera llevado a cabo una seria evaluación externa sobre el conflicto entre la política y las prácticas de la CFI, y hasta que hubiera una oportunidad para llevar a cabo audiencias adicionales del Congreso sobre el tema».
Moore informó que, en respuesta a su carta, la CFI envió una carta y varios funcionarios del Banco se reunieron con miembros de su equipo. En comentarios a la agencia de noticias Associated Press un portavoz de la CFI declaró que el Grupo del Banco Mundial “tomaba muy en serio los conflictos de interés reales o percibidos» y, sostuvo que el papel de la CFI en el asesoramiento al negocio de la privatización en las Filipinas se completó varios años antes de que invirtiera en la compañía privada de agua.
Al comentar sobre la carta de Moore en el Huffington Post, Shayda Naficy de la ONG estadounidense, Rendición de Cuentas Corporativas Internacionales (Corporate Accountability International), dijo: «El Banco Mundial está preparando la mesa, repartiendo las cartas y haciendo todas las apuestas, al tiempo que pone las ganancias por encima de las necesidades humanas. Durante muchos años ha hecho caso omiso de las preocupaciones de los más afectados en esta búsqueda ciega, pero ahora que el Congreso está haciendo preguntas, ya no puede continuar por ese camino con impunidad”.
