Después de varios años de retraso y con pocas oportunidades para la participación pública, el Banco Mundial dio a conocer su nuevo Plan de Acción Forestal (FAP – Forest Action Plan) en abril de 2016 (ver Observador Invierno 2016, Otoño 2015). El Plan para cinco años se basa en la estrategia forestal del Banco de 2002 y, fue propuesto por el Banco después de una evaluación muy crítica en 2013 por el Grupo de Evaluación Independiente del Banco (ver Observador Invierno 2014, Boletín 84). El FAP identifica dos áreas de interés para el Banco: la gestión sostenible de los bosques y las intervenciones forestales inteligentes en otras áreas. Estos enfoques son apoyados por tres temas para fortalecer los resultados relacionados con los bosques: el cambio climático y la resiliencia; los derechos y la participación y las instituciones y la gobernabilidad.
En un blog de abril de 2016, Frances Seymour de Desarrollo Global, un centro de expertos con sede en Estados Unidos, dio la bienvenida al Plan, pero pidió al Banco que diera una financiación adecuada: “La asignación de presupuestos periódicos en la implementación del FAP será una señal de que los bosques son fundamentales para el programa básico del Banco, en lugar de un añadido opcional.» Por otro lado, Ane Schjolden, de la ONG Fundación de las Selvas Húmedas de Noruega, cuestionó el impacto del Plan: «Es difícil ver cómo el Plan de Acción Forestal en realidad va a cambiar la forma como el Banco Mundial se refiere tanto a los bosques como a la deforestación. Más aun, las medidas en este Plan están rezagadas en relación con las que otros países y negocios han tomado para detener la deforestación, por ejemplo, ver los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Korinna Horta de la ONG alemana Urgewald, comentó que cualquier posible avance que pudiera resultar del FAP «en gran medida no tendría mucho sentido» en el contexto del nuevo Marco Ambiental y Social propuesto por el Banco (ESF – Environmental and Social Framework), destinado a sustituir las salvaguardias actuales (ver Observador Verano 2016). En el borrador del marco la política operativa actual de los bosques es reemplazada por una norma exclusivamente centrada en la biodiversidad. Esto eliminará una serie de características, tales como los criterios clave de manejo forestal sostenible e introduce un lenguaje ambiguo, en torno a cuestiones como la certificación forestal y la explotación forestal (ver Observador Invierno 2016). Según Horta, el estándar propuesto de biodiversidad «permitirá que ciertas actividades se lleven a cabo, incluso en hábitats naturales críticos, si se cumplen ciertas condiciones – lo cual sucederá inevitablemente. Sólo una fuerte norma obligatoria ayudaría a dar protección a los bosques y las personas».
De acuerdo con el Banco, un objetivo clave del FAP es «racionalizar las intervenciones a través del Grupo del Banco Mundial y los fondos relacionados con los bosques», tales como el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por su sigla en inglés), un fondo fiduciario que el Banco Mundial estableció en 2008, el cual apoya los planes nacionales de los países en desarrollo para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación Forestal (REDD+). El FCPF ha sido criticado muchas veces por las organizaciones de la sociedad civil por temas tales como la inadecuada consulta con los pueblos indígenas y por centrarse en facilitar la venta de créditos de carbono en lugar de abordar las causas de la deforestación (ver Observador Verano 2014, Invierno 2014).
Un informe de junio de 2016, por la ONG internacional Agencia de Investigación Ambiental (Environmental Investigation Agency), analizó el Fondo de Carbono del FCPF, creado para facilitar los pagos de carbono para la reducción de emisiones a través de los programas REDD+. El informe encontró «deficiencias significativas en el enfoque y las reglas del FCPF, así como graves limitaciones en la capacidad del FCPF para influir en los préstamos usuales el Banco Mundial, o en las estrategias generales de desarrollo de los países clientes» añadiendo, «se perdieron las oportunidades para avanzar en la gestión forestal». El informe también anotó los problemas pendientes en el enfoque del FCPF hacia REDD+, el cual aumenta «los riesgos de que sus programas no cumplan con la protección de los bosques, perjudiquen a los indígenas y a otras personas dependientes de los bosques, además del peligro de que creen créditos “falsos» que no representen carbono secuestrado real.»
También en junio de 2016, un informe por la coalición de la sociedad civil, Iniciativa de Derechos y Recursos (Rights and Resources Initiative) revisó 13 presentaciones nacionales pendientes para el Fondo de Carbono del Banco y encontró que todas las presentaciones “se habían quedado cortas en términos de desarrollar planes de acción concretos que protegieran o aumentaran los derechos de los pueblos indígenas y de otras comunidades locales». El informe señaló que «la importancia de los derechos de tenencia seguros para una aplicación efectiva de REDD+ casi no se menciona.»
