En 2010, el Banco Mundial aprobó un préstamo de US$330 millones para el Programa de Ampliación de la Electricidad de Kenia, con el objeto de aumentar la capacidad de suministro de energía eléctrica y el acceso a la electricidad en Kenia. El programa, cofinanciado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), incluyó la expansión de la producción geotérmica existente, así como la construcción de la nueva central eléctrica Olkaria IV, con 140 megavatios. En un comunicado de enero de 2016, durante la Cumbre Africana de la Energía, el Grupo de Desarrollo de la Comunidad Narasha expresó su preocupación por que más de 1.000 personas, en su mayoría indígenas Masai, habían sido afectadas directamente y unas 2.000 indirectamente por el programa en el área metropolitana geotérmica de Olkaria.

El proceso de reasentamiento asociado con el componente de generación de energía geotérmica del programa, ejecutado por la Compañía Generadora de Electricidad de Kenia (KenGen – Kenya Electricity Generating Company Ltd), se ha visto plagado de problemas. En 2014 un grupo de familias afectadas de la comunidad Masai presentó una denuncia al Panel de Inspección (PI), el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Mundial, la cual incluía la preocupación de que las personas afectadas solo habían estado de acuerdo, siempre y cuando recibieran el título colectivo a la tierra antes del reasentamiento, pero esto no se llevó a cabo. Además, la tierra de la comunidad se redujo de 4.200 a 1.700 hectáreas en el reasentamiento, y 14 familias aún no han recibido su vivienda. Por otro lado, a pesar de que mantener a sus animales no es solo un componente integral de su economía sino también un importante elemento de la identidad Masai, la tierra que les fue adjudicada no es adecuada para el pastoreo y no se les ha ofrecido ninguna alternativa viable para el sitio de reasentamiento.

En su informe de investigación de julio de 2015, el Panel de Inspección encontró que a pesar del hecho de que las comunidades Masai cumplen con los requisitos necesarios para la aplicación de la Política de Pueblos Indígenas del Banco Mundial, el Banco no aplicó esta política porque los Masai son pastores. Esta política debe ser aplicada por el Banco Mundial cuando se trata de pueblos indígenas o hay un apego colectivo a un área de proyecto del Banco. Una vez aplicada la política ciertas protecciones deben ser puestas en marcha, incluyendo el desarrollo de un plan para los pueblos indígenas, el reconocimiento de la tenencia tradicional de la tierra y las disposiciones para la distribución de beneficios. La política también establece que los proyectos no deben llevarse a cabo sin asegurar primero «un amplio apoyo comunitario» de los pueblos indígenas.

El Banco Mundial favorece a la empresa en lugar de garantizar la protección de mi comunidadJackson Shaa

El Panel concluyó diciendo que el hecho de que el Banco no hubiera aplicado esta política «era la causa de los defectos resultantes debido a la falta de protecciones y beneficios para la comunidad y las personas afectadas por el proyecto.» Estos incluyen el hecho de que no se hayan realizado las consultas con los ancianos Masai y que no se haya utilizado el idioma Maa. Como resultado, el reasentamiento fue culturalmente incompatible y no hubo ninguna disposición para que la comunidad participara de los beneficios pues no hubo un desarrollo de sus recursos. Más aun, los ingresos y los medios de vida de las personas reasentadas tampoco fueron restaurados, como lo requiere la política del Banco en los casos de reasentamiento involuntario. En respuesta al informe del Panel de Inspección, el Banco Mundial argumentó que la formulación de la Política de Pueblos Indígenas se había «centrado más en la identificación de los grupos de cazadores y recolectores como personas indígenas», en vez de los pastores como los Masai. Sin embargo, el Banco reconoció que la Política de Pueblos Indígenas sí se debió haber aplicado en este caso.

¿Dónde está la rendición de cuentas del Banco Mundial?

En octubre de 2015, el Mecanismo de Reclamaciones del Banco Europeo de Inversiones (BEI – CM) inició un proceso de mediación entre los demandantes y la Compañía Generadora de Electricidad de Kenia (KenGen). El Banco Mundial está participando como cofacilitador del proceso a través de su servicio de resolución de quejas, con el objetivo de acordar acciones que no sólo se limiten a las conclusiones del informe del Panel de Inspección. La justicia de las demandas de la comunidad Masai, ahora descansa en el resultado del proceso de la mediación y en la continua supervisión del proyecto por el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones. En octubre de 2016 la directiva del Banco Mundial debe presentar a la Junta Directiva, un informe sobre los resultados del proceso de mediación, junto con un plan de acción para la aprobación de la Junta. La comunidad Masai ahora espera los resultados de los mismos, especialmente en lo que se refiere a su recurso sobre su derecho de propiedad de la tierra como lo demuestra un título comunal.

Considerando todo lo sucedido, es muy preocupante ver que, a mediados de junio de 2016, y sin esperar los resultados de la mediación, el Banco Mundial aprobó una financiación adicional de US$68 millones para cubrir los sobrecostos para el proyecto y para financiar un estudio de factibilidad para una nueva operación geotérmica, la Olkaria VII. De acuerdo con los documentos del proyecto, el Banco en esta ocasión tampoco está aplicando la Política de los Pueblos Indígenas para esta financiación.

Las implicaciones de este caso no sólo son relevantes para Kenia. En la medida en que el Banco Mundial sigue finalizando su nuevo Marco Social y Ambiental (FSE – Environmental and Social Framework) ver Observador Verano 2016, para reemplazar las garantías actuales, es muy importante que en este nuevo marco existan las más fuertes salvaguardias para proteger a los pueblos indígenas y las garantías de reasentamiento que protejan los derechos de comunidades indígenas como las de los Masai. Dado que el Banco Mundial optó por no tener en cuenta a los Masai como pueblo indígena, no hubo una consulta significativa, sus derechos no fueron respetados y no hubo un consentimiento libre, previo, e informado (CLPI). Por consiguiente, el Grupo de Desarrollo de la Comunidad Narasha afirma que el CLPI debe ser parte del nuevo Marco Social y Ambiental (FSE) para que las comunidades afectadas puedan comprender los impactos de los proyectos, participar en el direccionamiento de estos impactos y/o, pueda negarse a dar su consentimiento.

Se debe dar una resolución adecuada a las preocupaciones de la comunidad, y la Política de los Pueblos Indígenas debe ser aplicada en este proyecto y en toda la financiación futura. Los Masai estamos enfrentando la negación de nuestros derechos humanos individuales, desde nuestro derecho a la representación a nuestro derecho de tomar decisiones sobre la propiedad de nuestra propia tierra. Al no reconocer y no respetar nuestros derechos como personas indígenas Masai estos derechos continuarán siendo violados y nuestras formas de vida destruidas.