En marzo de 2016, el Panel de Inspección (PI – mecanismo de rendición de cuentas del Banco Mundial) dio a conocer sus nuevas directrices para reducir los riesgos de las represalias y responder a éstas durante el proceso del Panel. En sus directrices el PI señala que ha habido «casos donde las personas afectadas se han visto intimidadas durante el proceso del Panel”, y que «las personas que se presentan ante el Panel de Inspección a menudo son pobres y / o vulnerables y carecen de voz o influencia.» Las directrices se centran en la evaluación de riesgos y medidas de mitigación, como la suspensión de contactos con los denunciantes, y la respuesta del Panel a las represalias. Un informe de junio de 2015 por la ONG de derechos humanos Veeduría de Derechos Humanos (Human Rights Watch) documentó un número de tales casos, incluyendo a Uzbekistán y la India (ver Observador Verano 2015).

En abril de 2016, tras la publicación de las directrices del Panel de Inspección, el Defensor del Pueblo (CAO), el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), y MIGA, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (brazos del sector privado del Banco Mundial), iniciaron sus propios procesos de consulta para la protección de los demandantes. Como parte de su proceso de consulta, el Defensor del Pueblo (CAO) dio a conocer un borrador del documento para la retroalimentación de los interesados. El período para la consulta pública fue extendido hasta el 15 de julio de 2016.

La publicación de ambos documentos tuvo lugar en el contexto de un espacio más reducido para la sociedad civil a nivel mundial y del aumento de la violencia contra los defensores de los derechos humanos (ver Observador Primavera 2016), una tendencia que ha sido reconocida por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Escribiendo para el diario británico The Guardian en junio de 2016, a raíz de los últimos asesinatos de defensores del medio ambiente, tres reporteros especiales de la ONU sobre los derechos humanos pidieron a las instituciones financieras internacionales que “explícitamente dieran su apoyo constante a los proyectos de desarrollo para la aplicación de salvaguardias de los derechos humanos, incluidos los derechos de libertad de expresión y asociación».

En junio de 2016, haciéndose eco de las preocupaciones sobre la seguridad de los defensores de los derechos humanos y ambientales, más de 130 organizaciones de la sociedad civil internacional, incluyendo la Organización Khpal Kore de Pakistán y el Proyecto Sostenible Tarahumara de México, pidieron “a todas las instituciones financieras internacionales (IFIs) que se aseguraran de que las actividades que financien respeten los derechos humanos y de que haya espacios para que la gente participe en el desarrollo de los proyectos de las IFIs y mecanismos para que puedan pedir la rendición de cuentas a las IFIs sin poner en riesgo su seguridad y su vida».