En marzo de 2016, la Junta Directiva del Banco Mundial concedió una exención total de su actual política de salvaguardia de los pueblos indígenas (Política Operacional 4.10, OP 4.10) en relación con un préstamo al gobierno de Tanzania para el Corredor Sur Agrícola (SAGCOT – por su sigla en inglés), un proyecto multimillonario para el desarrollo de la agroindustria con una asociación público-privada. La exención significa que los requisitos de la OP 4.10 formalmente se han puesto a un lado para la ejecución de este proyecto (ver Observador Verano 2016). Los pueblos indígenas de Tanzania que van a ser afectados por este proyecto se han opuesto enérgicamente a esta exención.
El Banco Mundial evaluó el Proyecto de Inversión SAGCOT financiado por el Banco, con una inversión de US$ 70 millones, como un proyecto de Categoría A, lo cual significa que el proyecto tiene el potencial de causar «impactos ambientales adversos significativos que serán sensibles, diversos o sin precedentes”. En este caso, «sensible» se refiere a los impactos irreversibles, o los impactos causados por los desalojos involuntarios o reasentamientos, o sobre los pueblos indígenas.
La ‘política’ de las políticas de exención
La política bajo la cual la Junta del Banco Mundial concedió esta exención fue adoptada en abril de 2014. No está claro cuáles son los requisitos, cuándo se aplica y cómo las políticas de funcionamiento pueden ser exentas, indicando que la exención: «sólo podrá ser concedida en respuesta a circunstancias individuales claramente delineadas». El gobierno de Estados Unidos se abstuvo de la votación para aprobar la exención SAGCOT, argumentando que «toda exención a una política operativa debe estar respaldada por una justificación exhaustiva y convincente que esté bien documentada y evaluada… y también debe ser sometida a la consulta apropiada.» El proyecto SAGCOT, sin embargo, no cumplió con este conjunto mínimo de criterios. La justificación del gobierno de Tanzania para solicitar la exención fue que la OP 4.10 «se consideraba incompatible con la Constitución de Tanzania», sin embargo, ésta «hace hincapié en la unidad entre sus ciudadanos y exige un tratamiento igualitario de todos los grupos étnicos». Tanzania ha aplicado la OP 4.10 en el pasado, y no ha habido ninguna reforma constitucional que explique el cambio de posición del gobierno.
Preocupaciones sobre los derechos a la tierra y la falta de consulta
Al hacer la concesión de la exención, la Junta Directiva del Banco Mundial reconoció que «el proyecto requiere de acuerdos institucionales complejos sobre la tierra». La OP 4.10 exige que cuando un proyecto implique «actividades que sean contingentes con establecer el reconocimiento jurídico de derecho a las tierras y territorios de los pueblos indígenas que tradicionalmente las han poseído u ocupado o utilizado habitualmente”, o «la adquisición de esas tierras», el proyecto debe establecer un «plan de acción para el reconocimiento legal de dichas propiedades, ocupación o uso». Sin embargo, tampoco existe semejante plan en los documentos del proyecto SAGCOT.
La noticia de la exención fue recibida con consternación en Tanzania. En junio de 2016, un grupo de 21 organizaciones de Tanzania, junto con organizaciones de pueblos indígenas de Uganda, Kenia y Burundi, escribieron al presidente del Banco oponiéndose a la decisión. La carta exigió información sobre cómo, en el corredor agrícola, se van a proteger los derechos consuetudinarios sobre la tierra de los pueblos de pastores en Tanzania. Se puso de relieve que «la exención no fue concedida con el consentimiento informado de los pueblos indígenas de Tanzania. Aquellos de nosotros que vivimos en Tanzania no sabíamos nada sobre esta propuesta de exención hasta que fue aprobada… y se volvió pública». Hasta el momento las organizaciones no han recibido ninguna respuesta del Banco.
La falta de consulta con los pueblos indígenas en Tanzania fue una preocupación para el gobierno de Estados Unidos, el cual también dijo que cualquier exención de la política OP 4.10 “debería demostrar cómo el Banco Mundial y el prestatario proporcionarían a las comunidades afectadas el mismo nivel de protección”. Pero el documento de evaluación inicial del proyecto (PAD por su sigla en inglés) no cumple con esos requisitos. En cambio, el PAD observa que «para mitigar los riesgos potenciales resultantes de una exención a la OP 4.10, el [gobierno de Tanzania] asegura que los componentes del proyecto son diseñados e implementados de una manera tal que no afectan negativamente el derecho a la tierra ni el uso de ésta para cualquiera de las personas en el área del proyecto». Es difícil ver cómo se cumplirán los derechos sobre la tierra y las protecciones inherentes a la OP 4.10 por parte del gobierno, cuando el gobierno de Tanzania se niega a reconocer la existencia de pueblos indígenas en el país.
Ahora que las protecciones de salvaguardia vitales van a ser suspendidas, ¿cómo defenderán el Banco Mundial y el prestatario los derechos de los pastores afectados por las inversiones SAGCOT? Las comunidades y organizaciones en Tanzania siguen esperando una respuesta.
Este artículo fue escrito en colaboración con representantes de los pastores, quienes prefieren ser anónimos debido al temor de represalias por hablar contra SAGCOT.
Helen Tugendhat, Programa de los Bosques de la Gente (Forest Peoples Programme)
