Como institución pública con una misión que se extiende más allá de hacer dinero, es fundamental que el Banco Mundial continúe siendo responsable del cumplimiento de su doble objetivo: acabar con la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida, a pesar de las presiones del mercado. Cuando el Banco falla, cuando no está a la altura de estas promesas y causa daños a las personas y al medio ambiente, los perjudicados necesitan un foro para reclamar justicia. El Banco tiene la obligación de proporcionar ese foro a las personas que se supone deben beneficiarse de los proyectos que apoya y, a los contribuyentes que permiten su existencia.
En 1993, el Banco creó el Panel de Inspección para asegurar su propia responsabilidad hacia el cumplimiento del respeto hacia los derechos humanos y hacia la protección del medio ambiente. A través de su capacidad para llevar a cabo las Investigaciones de Cumplimiento para informar públicamente sobre las fallas del Banco, el Panel se convirtió en un organismo de gran alcance para las comunidades que a menudo no tenían ningún otro recurso. Sin embargo, el Panel opera con una mano atada a la espalda. Siendo el primer mecanismo de este tipo, es la única oficina de rendición de cuentas, entre los bancos multilaterales de desarrollo, que no tiene una función adicional de resolución de conflictos. Si se hace bien, la resolución de conflictos puede abordar las preocupaciones principales de las comunidades mediante la negociación y puede dar la oportunidad para conseguir un remedio más rápido para los abusos.
En 2013, el Panel presentó el programa Piloto ‘Soluciones Tempranas’ (ver Observador Otoño 2014). El Piloto puede ser considerado como un proceso de aplazamiento de segunda oportunidad, por medio del cual la investigación del Panel de Inspección queda a la espera de que la directiva del Banco tenga más tiempo para resolver los reclamos de la comunidad. Sin embargo, en la práctica, el Panel ya no está a cargo de realizar un proceso imparcial y transparente. Por lo tanto, las comunidades afectadas se ven obligadas a negociar directamente las soluciones con los mismos funcionarios del Banco y del gobierno quienes a menudo son los mismos causantes de los problemas. El Piloto también carece de reglas predecibles o protecciones para asegurar que los perjudicados tengan un proceso justo y resultados equitativos.
En lugar de servir como una herramienta para mejorar las medidas correctivas, el programa Piloto perpetúa el desequilibrio de poder que ya existe entre el Banco, sus clientes y las comunidades. Además, socava la facultad del Panel al permitir que el Banco eluda las Investigaciones de Cumplimiento, protegiéndolo de las constataciones de cumplimiento desagradables, por lo que la institución no aprende de sus errores y, por lo tanto, no trata de prevenir daños futuros.
Estos defectos fueron expuestos recientemente en el informe de una ONG, Una Evaluación del Piloto del Panel ‘Soluciones Tempranas’ en Lagos, Nigeria. Los autores del informe, Desarrollo Internacional Inclusivo (IDI por su sigla en inglés) y el Centro de Investigaciones sobre Corporaciones Multinacionales (SOMO por su sigla en inglés), declararon que los resultados del Piloto del Panel de Inspección en Badia del Este en Nigeria, habían sido desastrosos. Allí, en 2013, 9.000 personas fueron desalojadas a la fuerza de sus hogares cuando las excavadoras arrasaron su comunidad sin previo aviso ni consulta. Irónicamente, los desalojos ocurrieron en el marco de un proyecto financiado por el Banco para mejorar los barrios pobres. La comunidad, con la asistencia del Centro de Acción de Derechos Sociales y Económicos, una ONG comunitaria en Lagos, presentó sus reclamos al Panel. Pero en lugar del proceso normal, el Panel decidió utilizar el Piloto dejando desprotegidas a las personas de la comunidad, las cuales lo habían perdido casi todo y estaban desesperadas por encontrar soluciones a su situación, quienes tuvieron que negociar con las autoridades gubernamentales y el Banco.
Al final, las comunidades fueron obligados a aceptar un acuerdo que no compensó adecuadamente a todos aquellos que fueron desalojados a la fuerza, o que perdieron sus medios de vida. A pesar de que esta acción fue una clara violación de las políticas del Banco sobre reasentamiento involuntario, el uso del Piloto dejó a las comunidades afectadas sin el beneficio de una Investigación de Cumplimiento (la herramienta clave del Panel de Inspección). Como el informe IDI y SOMO encontró, no sólo fueron las posiciones de negociación injustas, sino que el proceso Piloto careció de imparcialidad y transparencia. En lugar de un proceso del Panel que podría abordar las preocupaciones persistentes de la comunidad y mejorar los proyectos futuros, a las personas afectadas no se les ofreció una solución adecuada para las violaciones de sus derechos humanos. El informe encontró que un año después, casi un tercio de las personas que recibieron la compensación continuaban en la calle, después de que el Panel de Inspección cerrara el caso, calificándolo de «eficaz».
El Panel se vale de la segunda implementación del Piloto, esta vez en Paraguay, para validar su eficacia. Pero este caso, a diferencia de los reclamos normales presentados al Panel que generalmente son mucho más complicados, solo requirió una fácil solución que poco tuvo que ver con la función del Panel. Los nuevos enfoques para fortalecer la rendición de cuentas no deben efectuarse en detrimento de la capacidad de una comunidad para utilizar la herramienta insignia del Panel de Inspección: la Investigación de Cumplimiento. Más allá de lo que la resolución de controversias pudiera ofrecer, la Herramienta de Cumplimiento es a menudo la única forma como el Banco puede aprender de sus errores y acrecentar el aprendizaje institucional para no repetir los errores del pasado. El Panel tiene la razón en querer mejorar el marco de rendición de cuentas, pero el Piloto no es la manera de hacerlo. Ya fracasó, ahora deben terminarlo.
Natalie Bridgeman Fields y Kindra Mohr, Accountability Counsel
