Camerún ha ratificado la mayoría de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que regulan las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. Los clientes del Banco Mundial están obligados a hacer cumplir las directrices del Banco en sus políticas de salvaguardia de la salud y de la seguridad ocupacional. A pesar de estos marcos reguladores, la Corporación China Internacional de Agua y Electricidad (CWE por su sigla en inglés), ha violado descaradamente los derechos laborales en el proyecto hidroeléctrico Lom Pangar financiado por el Banco Mundial, bajo la mirada del gobierno camerunés y el propietario del proyecto, la Corporación Eléctrica para el Desarrollo de Camerún (EDC por su sigla en inglés). El Banco ya financió el 44.75 por ciento del total del préstamo de US$ 295 millones para el proyecto (ver Observador Primavera 2015).
Pese a los reiterados reclamos presentados al Banco Mundial por los trabajadores durante las varias misiones del Banco para evaluar el progreso de la gestión ambiental y social, nada se ha hecho al respecto, pues las violaciones de los derechos humanos continúan. Los trabajadores reclaman por el trabajo no remunerado; el castigo corporal; la falta de pago de las contribuciones a la seguridad social; los despidos y por la absoluta negligencia. El abandono de las víctimas de accidentes laborales y la discriminación a favor de los trabajadores chinos fueron otras serias preocupaciones evidenciadas por las acciones industriales frecuentes y por más de diez casos presentados en los tribunales locales Bertoua y en la oficina del inspector de trabajo.
En abril de 2016, perturbados por las condiciones inhumanas de vivienda y las pésimas condiciones laborales en Lom Pangar, algunos trabajadores actuales y ex-trabajadores, presentaron sus reclamos al Banco Mundial utilizando el Sistema de Resolución de Reclamos – GRS por su sigla en inglés (ver Observador Verano 2015). Los reclamos incluyeron una solicitud por el pago completo de sus prestaciones de alojamiento, el pago por las horas extras pendientes, y la reincorporación de todos los trabajadores despedidos después de la prueba de la hepatitis B positiva. Al tiempo que el GRS está considerando todas las violaciones de los derechos de los trabajadores mencionados anteriormente, también pretende renunciar a los requisitos obligatorios para las compensaciones relativas a las condiciones de alojamiento inadecuadas, argumentando que el contrato entre el Banco y el gobierno de Camerún no hace referencia a las condiciones de vida y de vivienda. Sin embargo, antes de financiar el proyecto, el Banco obligó a la Corporación Eléctrica (EDC) a llevar a cabo una evaluación del impacto ambiental y social. Esto dio lugar a un plan de gestión ambiental y social que requiere que la EDC se asegure de que el contratista (la compañía china CWE) respete el plan y las directrices sobre la base de la legislación nacional y las políticas de salvaguardia del Banco Mundial. El plan contiene cláusulas que exigen el respeto de las leyes que protegen a los ciudadanos y los criterios para la construcción de viviendas.
Desde 2012, los trabajadores han venido diciendo que han sido sometidos a condiciones laborales y de vida y inaceptables. Es ampliamente reconocido que el descanso adecuado es un requisito previo para las condiciones de trabajo adecuadas, pero las condiciones de vivienda en Lom Pangar son tan deplorables que no permiten ese descanso. Aunque la ley estipula que los empleadores deben pagar un subsidio de vivienda de compensación a los trabajadores, en el caso de que las instalaciones de alojamiento no respeten los requisitos legales mínimos, la CWE no ha respetado las especificaciones de construcción, tales como el número de ocupantes por habitación y no ha pagado la indemnización compensatoria. En Lom Pangar, cuatro trabajadores comparten una misma habitación lo cual no permite ni un buen sueño ni suficiente descanso, afectando así el rendimiento y la concentración en el trabajo. En consecuencia, algunos trabajadores han sufrido accidentes graves que los han dejado incapacitados. En lugar de reentrenar a los trabajadores incapacitados conforme a la ley, la CWE ha despedido a algunos por estar incapacitados y está pagando menos a otros al degradar sus puestos.
En enero de 2014, un informe de la red de Organizaciones de Derechos Humanos en Camerún calificó de “deplorable” la situación de los derechos humanos en el sitio del proyecto, con discriminación evidente a partir de la vivienda. Debido a esto los trabajadores han organizado cuatro protestas industriales desde 2012. Lamentablemente, hasta la fecha, el Banco Mundial no se ha dado por enterado ni reaccionado a las preocupaciones claramente expuestas de los trabajadores.
Desde la puesta en marcha del proyecto, en 2010, la sociedad civil ha cuestionado la afirmación de la Estrategia de Crecimiento y Empleo del país, según la cual las inversiones en la construcción, la minería y las empresas agrícolas iban a crear puestos de trabajo para los cameruneses (ver Boletín 81). De hecho, aproximadamente 600 trabajadores chinos, en su mayoría no calificados, ocupan posiciones reservadas para los cameruneses calificados y no calificados en Lom Pangar.
Un panel ambiental y social independiente, creado por la agencia de ejecución del proyecto, de acuerdo con el Banco, lleva a cabo una misión semestral para evaluar el progreso ambiental y social realizado en el proyecto. Durante las visitas de los representantes del Banco, los trabajadores han expresado repetidamente su preocupación por el trato que reciben de la CWE y también han presentado estos reclamos ante el público durante las protestas industriales y las reuniones de diálogo social. Es alarmante ver que el Banco no haya tomado ninguna medida contra estas violaciones reportadas.
La empresa eléctrica EDC y el inspector del trabajo responsable de asegurar que la legislación laboral sea respetada, no han podido obligar a la CWE a respetar esta legislación. En conversaciones privadas, los trabajadores dicen que el inspector es cómplice con la compañía china CWE en la violación de los derechos laborales y sospechan que la CWE y la EDC pueden haber sobornado tanto al inspector del trabajo como a los tribunales para que estos no hagan respetar ni cumplir los derechos de los trabajadores. De acuerdo con los periódicos de Camerún, el Banco ha llevado a cabo dos misiones de investigación en el sitio del proyecto.
Seis meses después de la presentación de los reclamos mediante el Sistema de Resolución de Reclamos (GRS), las víctimas siguen esperando un resultado significativo del procedimiento. Aunque GRS ha solicitado y obtenido información sustancial de las víctimas, tales como su identificación y demandas exactas, los trabajadores todavía siguen esperando una resolución.
Este artículo fue escrito por un defensor camerunés de los derechos humanos, quien prefiere ser anónimo, por temor a represalias como consecuencia de su trabajo protegiendo los derechos de los trabajadores en Lom Pangar.
