El Banco Mundial concluyó 2016 agregando un controvertido mega-proyecto a su portafolio mientras, más allá del foco principal, retiró el apoyo a otros notorios mega-proyectos. A fines de diciembre el Banco aprobó USD 800 millones para el proyecto Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP), la mitad de cuyos fondos va a Azerbaiyán y la otra mitad a Turquía (véase el Observador de verano de 2016). Comenzando en Azerbaiyán, la TANAP se extiende por 1.820 km desde Georgia hasta Grecia, a través de Turquía. Forma parte del controvertido y altamente riesgoso Corredor de Gas del Sur de 3.500 km, que conecta gasoductos desde Azerbaiyán hasta Europa. La TANAP se unirá a la sección occidental del corredor, llegando a Italia a través de Gracia y Albania.

La sociedad civil ha criticado repetidamente el Corredor de Gas del Sur debido a la amplia gama de riesgos asociados al proyecto, incluyendo preocupaciones geopolíticas, tales como la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán y el cada vez más represivo régimen en Turquía (véase el Observador de verano de 2016). Según Xavier Sol, de la ONG Counter Balance, la oposición local al proyecto ha impulsado a las comunidades afectadas en Albania, Grecia e Italia a presentar reclamos ante el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, dos de los otros financiadores del proyecto. En un informe de mediados de diciembre de la coalición de ONG Bankwatch se revelaron presuntas práctica corruptas vinculadas a los principales responsables de la sección turca del gasoducto. Además, han surgido preocupaciones sobre el financiamiento del Banco Mundial de lo que es, en esencia, un proyecto de combustibles fósiles, pese a su presunto apoyo al Acuerdo de París de la ONU de 2015 sobre cambio climático, incluyendo una declaración de agosto de 2016 de que “ha incrementado su apoyo al trabajo climático después de París”, incluyendo “más inversiones en energía renovable”.

Una salida por la puerta trasera

También en agosto de 2016 el Banco Mundial se retiró de dos mega-proyectos muy notorios, Inga 3 y Simandou. En 2014 el Banco aprobó una subvención de USD 73 millones para el proyecto hidroeléctrico Inga 3 en la República Democrática del Congo (RDC), pese a que Estados unidos se abstuvo debido a los “riesgos de gobernanza y medioambientales” y la junta habló de “riesgos de implementación significativos” (véase el Boletín de mayo de 2014). Inga 3 es parte del proyecto hidroeléctrico Grand Inga, de USD 100 mil millones, con capacidad para generar 40.000 megawatts, lo que la convertiría en la mayor instalación hidroeléctrica del mundo. En 2013 Rachel Kyte, por entonces vice-presidente de desarrollo sostenible del Banco Mundial, declaró que Inga fue una prioridad en la agenda del Banco: “La gente ha estado mirando la represa Inga durante tanto tiempo como el que he estado en los temas de desarrollo … Ahora las estrellas están alineadas” (véase el Update 86). El proyecto ha recibido críticas de larga data de la sociedad civil, incluyendo el hecho de que solo alrededor de un quinto de la energía producida por Inga 3 iría a la empresa de servicios públicos nacional, mientras el resto se exportaría a Sudáfrica o iría a las empresas mineras de la RDC (véase el Observador de primavera de 2015). Dos años después, el Banco primero suspendió el proyecto, en julio de 2016, y luego canceló el financiamiento en septiembre citando “la decisión del gobierno de la RDC de llevar el proyecto en una dirección estratégica diferente a la acordada” (véase el Observador de otoño de 2016).

El Banco Mundial ha estado lento para aprovechar las lecciones duramente aprendidas en el pasado en el sentido de que los mega-proyectos raramente producen beneficios tangibles y, más a menudo, terminan ocasionando mega daños.Josh Klemm, International Rivers

Además, de acuerdo a informes de prensa de comienzos de octubre de 2016, el brazo del sector privado del Banco, la Corporación Financiera Internacional (CFI), estudia limitar su participación en la controvertida mina Guinea Simandou, el proyectos de mineral de hierro más grande de África, vendiendo su participación del 5% en la empresa mixta detrás de la mina (véase el Observador de verano de 2016, el Boletín de diciembre de 2013 y el Update 82). Como mucho en febrero de 2016 la CFI llamó a Simandou “un depósito de mineral de hierro de bajo costo y clase mundial, con un potencial económico significativo para Guinea”. Sin embargo, el proyecto ha estado bajo fuertes críticas de la sociedad civil, incluso por la falta de impactos claros en al reducción de la pobreza y los cuestionables planes de ‘compensar’ el impacto medioambiental de la mina (véase el Observador de verano de 2014). Además se ha visto acorralado por otros problemas, como el desplome de los precios del mineral de hierro y la presunta corrupción. Por otra parte, a fines de octubre el mayor accionista de la empresa mixta, el gigante minero Rio Tinto, anunció que vendería su 47% de acciones a la china Chinalco. Muy poco después, a mediados de noviembre, se revelaron nuevas presunciones de soborno que terminaron con el despido de dos altos ejecutivos de Rio Tinto.

Bujagali: un mega-proyecto problemático

El proyecto hidroeléctrico Bujagali en Uganda, otro notorio mega-proyecto que recibió fondos tanto del Banco Mundial como de la CFI y de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (AMGI, el brazo de seguros contra riesgos políticos del Banco), continúa acumulando críticas (véanse los Update 86, 80, 62). En 2012 la CFI llamó a Bujagali “un modelo y una inspiración para lanzar otros proyectos de infraestructura a gran escala en ambientes altamente desafiantes”, sin embargo, la sociedad civil y las comunidades locales han considerado controvertido el proyecto desde su concepción (véase el Update 16). En junio de 2016 el mecanismos de rendición de cuentas del Banco, el Panel de Inspección (PI), recibió su tercer reclamo involucrando a Bujagali, referido a posibles impactos medioambientales y sociales negativos del relleno de un embalse relacionado. Más recientemente, en 2015, Bujagali ha sido también objeto de siete reclamos ante el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI, el Defensor del Pueblo, en relación con la falta de compensación por los daños a los cultivos (véanse los Update 86, 80, 62). Además, el desempeño del Banco en Uganda ha estado bajo escrutinio debido a las “múltiples fallas” identificadas con relación a un proyecto carretero que llevó al Banco a anunciar en septiembre su intención de detener el nuevo préstamo al país (véase el Observador de otoño de 2016).

Josh Klemm, de la ONG estadounidense International Rivers, comentó: “El Banco Mundial ha estado lento para aprovechar las lecciones duramente aprendidas en el pasado en el sentido de que los mega-proyectos raramente producen beneficios tangibles y, más a menudo, terminan ocasionando mega daños. El Banco haría bien en reconocer que hay rápidamente disponibles soluciones mejores, a escala más pequeña y mucho mejor situadas para cumplir con las necesidades de los más pobres del mundo”.