En agosto de 2016 la junta del FMI aprobó un acuerdo de tres años del Servicio Ampliado de Fondos (SAF), por USD 723 millones, para Jordania, con alrededor de USD 72,3 millones disponibles para su desembolso inmediato. El programa del préstamo fue acordado en el contexto de lo que el personal del FMI describió como la “sustancial tensión sobre las finanzas públicas de Jordania” como resultado, en parte, de la población siria refugiada en el país. Un editorial de noviembre del Jordan Times expresó la preocupación de que los condicionamientos del préstamo del FMI, en especial el recorte de los subsidios y el aumento del IVA, parecen “desconocer los compromisos de Jordania en virtud de varias convenciones internacionales de derechos humanos”, citando los esperados aumentos de los precios de los productos básicos, tales como el combustible para la calefacción y los alimentos, que golpean de manera desproporcionada a los pobres. A pesar de las críticas, según la agencia de noticias Reuters, el rey Abdullah de Jordania reorganizó su gabinete en enero para “presionar a favor de las impopulares reformas recetadas por el FMI”.
Desde 2013 el FMI comenzó a investigar nuevamente la relación entre el crecimiento y la cada vez mayor participación femenina en la fuerza laboral. El programa del préstamos de Jordania es el primero en sacar provecho de esa investigación y tiene condicionamientos que piden expresamente a Jordania que aumente la participación femenina en la fuerza laboral, incluso en la enfermerías subsidiadas con fondos públicos. Salma Nimms, de la Jordanian National Commission for Women, comentó sobre el proceso que “no hay transparencia en las negociaciones del gobierno con el FMI y el acuerdo respectivo. De ese modo, no existe conocimiento hasta ahora sobre los compromisos específicos del acuerdo o cómo podrían beneficiarse las mujeres de él. En enero el FMI anunció que el programa de préstamos de USD 12.000 millones con Egipto también contendrá condicionamientos en materia de género, incluyendo el gasto de EGP 250 millones (USD 13 millones) para mejorar la disponibilidad de enfermerías públicas con el fin de aumentar la participación femenina en la fuerza laboral como un punto de referencia estructural.