A mediados de enero el gobierno de Mozambique anunció que incumplirá con el pago de intereses de USD 60 millones, el primer incumplimiento de pago de deuda soberana en África desde el de Costa de Marfil en 2011. La crisis de la balanza de pagos se produjo luego de que el FMI detuviera su programa de préstamos con Mozambique en abril de 2016, en respuesta a la admisión del gobierno de que tenía alrededor de USD 1.400 millones en préstamos no declarados. La reacción del Fondo llevó a otros donantes a congelar los desembolsos y frenar el apoyo presupuestario.
En un informe de diciembre de 2016, una comisión parlamentaria de Mozambique descubrió que la garantía del gobierno para devolver los préstamos no declarados era ilegal, en especial porque los préstamos no fueron aprobados por el parlamento. El informe apoyó el pedido hecho en junio por un grupo de 26 organizaciones de la sociedad civil de Mozambique para que el gobierno no pague los préstamos. Sarah Jayne-Clifton, de la ONG británica Jubilee Debt Campaign (JDC), dijo en enero que “los préstamos ocultos a Mozambique han sido devastadores para la población de este país del sur de África”.
A pesar de esas preocupaciones, el FMI anunció a principios de diciembre que “las discusiones sobre un nuevo programa apoyado por el FMI continuarán en la primera parte de 2017”, insistiendo en que el país acordó la realización de una auditoría internacional independiente de su deuda externa que ya se está realizando. Tim Jones, de JDC, enfatizó que “solo podrá acordarse un nuevo programa del FMI cuando todos los responsables por la deuda no declarada rindan cuentas, incluso como criminales. Esto implica tanto a los funcionarios de Mozambique que firmaron los préstamos como a los bancos que facilitaron los préstamos irresponsables”. Y continuó: “la carga del pago no debe recaer sobre la gente de Mozambique”.