En un evento del grupo de expertos estadounidense Center for Global Development (CGD), en febrero, Philippe Le Houérou, el director ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional (CFI, el órgano de préstamos al sector privado del Banco Mundial), fijó la dirección para la “CFI 3.0”; la tercera iteración de la visión de la institución en sus 60 años de historia. Le Houérou dijo que la CFI trabajará “mucho más con el Banco Mundial” para “involucrarse con el sector público” y ser más proactiva en la “creación de mercado” en los países en desarrollo. Agregó que para acelerar la inversión en los países más pobres se debe “crear más espacio para el sector privado”.
Scott Morris, del CGD, comentó que “los mayores flujos de capital privado hacia los países en desarrollo y las crecientes restricciones de los donantes de ayuda tradicionales han aumentado el interés por la mezcla de recursos públicos y privados”. La CFI ha dado un fuerte apoyo a esta tendencia mundial, con una porción cada vez mayor de sus inversiones yendo a los intermediarios financieros (IF). En 2016 la CFI firmó compromisos con los IF por más de USD 5.000 millones – lo que elevó sus compromisos totales a USD 20.400 millones – en comparación con los USD 3.500 millones de 2011. Esto representa el 45% del gasto total de la CFI, en comparación con el 29% de 2011.
IFC coloca el beneficio por encima del desarrollo a cualquier costo
Al tiempo que se presiona por más financiamiento privado y creación de mercado, las preocupaciones pre-existentes sobre la CFI y los derechos humanos siguen sin resolverse. Las OSC y el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI, el CAO, han identificado preocupaciones sobre las inversiones de la CFI en IF en el pasado, siendo la principal crítica que la CFI no es capaz de determinar su impacto sobre el desarrollo ni garantizar que sus inversiones no produzcan daño (véanse el Observador de invierno de 2017, el de primavera de 2016 y el de primavera de 2015).
Ninguna institución debe tener inmunidad cuando causa, exacerba o contribuye con abusos a los derechos humanosJessica Evans, Human Rights Watch
En marzo el CAO lanzó un informe de monitoreo de su auditoría de 2013 de las inversiones de la CFI en IF (véase el Observador de invierno de 2015 y el Boletín de noviembre de 2014 y el Update 84). El informe muestra el incumplimiento sistémico de la CFI con sus políticas y procedimientos a lo largo de todas las etapas del proceso de inversión en una muestra global de inversiones en IF. El informe establece que “en general, la CFI no tiene base para la evaluación del cumplimiento de los clientes de los IF con sus exigencias medioambientales y sociales”. Según el CAO, esto “preocupa especialmente” en los proyectos con alto riesgo medioambiental y social, “en los que la CFI no tiene garantías” de que se implementen sus estándares de desempeño. Al tiempo que se exigen “cambios sistémicos”, el CAO declaró que mantendrá abierto su proceso de monitoreo y espera llevar adelante su próximo ejercicio de monitoreo de IF en 2019.
La CFI respondió que “no está de acuerdo con muchas de las observaciones del informe” y concluyó que el mismo “no ofrece una visión precisa del desempeño de la CFI en relación con su amplia cartera de IF”. Sin embargo, un vocero de la CFI declaró al sitio de noticias Devex que “la CFI ha identificado muchas áreas de acción clave y continuará fortaleciendo su enfoque de gestión de los riesgo sociales y medioambientales para los clientes de sus intermediarios financieros”.
Las conclusiones del informe del CAO fueron apoyadas por un informe de la ONG estadounidense Inclusive Development International (IDI), publicado en marzo, que descubrió que la CFI está canalizando dinero hacia proyectos perjudiciales y de alto riesgo, como bancos comerciales y fondos privados de inversión, en el sudeste asiático a través de IF. El informe es parte de una investigación en curso de los impactos sobre las comunidades de las inversiones de la CFI a través de IF y se suma a una ya larga lista de proyectos problemáticos identificados por las OSC en el pasado (véanse el Observador de invierno de 2017, el de invierno de 2015 y el de primavera de 2014). David Pred, de IDI, comentó: “Al observar los proyectos financiados por los intermediarios de la CFI en el sudeste asiático no vemos evidencia de que se estén respetando los estándares de la CFI. Ahí está la mayor parte de la actividad de la CFI y está fuera de control”. Aunque se exige a los clientes de la CFI que apliquen los estándares de desempeño en sus inversiones, de acuerdo a la IDI, hay poca evidencia de que esto esté sucediendo. Christian Donaldson, de la ONG Oxfam, declaró al sitio de noticias Devex que Le Houérou podría mostrar su compromiso con la mejora de los resultados en materia de desarrollo revisando las inversiones de la CFI en IF: “El nuevo director ejecutivo debe mirar cómo maneja esto la CFI a nivel interno y comenzar estableciendo exigencias obligatorias para que el personal implemente los estándares de desempeño”.
Las comunidades afectadas protestan contra la inmunidad de la CFI
En abril de 2015 la ONG internacional EarthRights International (ERI) presentó una demanda en los tribunales federales estadounidenses contra la CFI en nombre de comunidades de pescadores y agricultores de India, cuya salud y medios de vida fueron afectados de forma negativa por el proyecto de la planta eléctrica a carbón Tata Mundra, financiado por la CFI. La denuncias fueron apoyadas por un informe del CAO de 2103 que concluyó que la CFI había violado los estándares sociales y medioambientales. En su informe de seguimiento de marzo de 2017, el CAO subrayó que la CFI no ha abordado los problemas y aún no ha respondido a ninguna de las recomendaciones del CAO relacionadas con el proyecto (véase el Observador de verano de 2015 y el Boletín de febrero de 2014).
El tribunal de distrito archivó el caso en marzo de 2016, concluyendo que la CFI goza de “inmunidad absoluta” como organización internacional y no está sujeta a los tribunales estadounidenses (véase el Observador de primavera de 2016). Michelle Harrison, de ERI, comentó que “el estándar de ‘inmunidad absoluta’ adoptado por el tribunal de primera instancia coloca a la CFI por encima de la ley, dándole una protección de la que los estados extranjeros no gozan y permitiéndole eludir la rendición de cuentas por su papel en los impactos dañinos sobre las comunidades afectadas por los proyectos”. En febrero las comunidades apelaron ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. Se espera la decisión para los próximos meses. A pesar de la decisión inicial del tribunal de primera instancia, el caso podría sentar un precedente importante para que las organizaciones internacionales deban enfrenten el escrutinio legal de sus actividades en el futuro.
ERI presentó otra demanda federal a inicios de marzo en nombre de granjeros de la región de Bajo Aguán, en Honduras, “acusando a dos miembros del Grupo Banco Mundial de ayudar y favorecer graves violaciones a los derechos humanos”. La demanda es por el apoyo financiero de la CFI y su subsidiaria, la CFI Asset Management Corporation (CFI-AMC), dieron a Dinant, una operación agro-comercial hondureña con plantaciones de palma en Bajo Aguán, alegando que está “en el centro de una sangrienta campaña de apropiación de tierras que lleva décadas en la región de Bajo Aguán”. Los demandantes son “algunos de los agricultores… que han sido baleados, asesinados o aterrorizados por Dinant y por las fuerzas de seguridad que trabajan en su nombre”. La demanda establece que la CFI y CFI-AMC han “financiado a sabiendas la campaña de terror y apropiación de Dinant contra los granjeros hondureños”. En un informe de auditoría de 2013 sobre las inversiones de la CFI en Dinant, el CAO concluyó que la institución fracasó en la implementación de sus propias políticas de protección a las comunidades (véanse el Observador de invierno de 2014, el Boletín de diciembre de 2013 y el Update 85). Los denunciantes argumentaron que la CFI-AMC no posee la misma inmunidad que la CFI ya que no es designada bajo la ley sobre inmunidades de organizaciones internacionales de Estados Unidos.
Jessica Evans, de la ONG Human Rights Watch, comentó: “La inmunidad de la CFI deja a las comunidades perjudicadas por sus inversiones libradas a los caprichos de la CFI. Esto permite a la CFI violar impunemente sus propias reglas. Ninguna institución debe tener inmunidad cuando causa, exacerba o contribuye con abusos a los derechos humanos”. El resultado de ambas demandas depende del éxito de desafiar el reclamo de inmunidad de la CFI.
