A fines de 2015 el Banco Mundial anunció que estaba cancelando el Proyecto de Desarrollo del Sector del Transporte de Uganda (UTSDP, por su sigla en inglés), señalando que “una revisión inicial del proyecto financiado por el Banco Mundial encontró deficiencias en la supervisión del Banco y falta de seguimiento luego de que se identificaran problemas serios… La gerencia reconoce que la supervisión ha sido insuficiente”. La cancelación vino tras una investigación preliminar en torno a las preocupaciones de la comunidad sobre la explotación sexual de niñas por parte de los trabajadores de la construcción del proyecto.
El Banco Mundial aprobó un préstamo de USD 190 millones al gobierno de Uganda para el UTSDP en 2009; en 2011 se aprobó un adicional de USD 75 millones. El proyecto apuntaba a impulsar la actividad económica a través de un mejor acceso a los mercados, los servicios sociales y de salud y el empleo mejorando 66,2 kilómetros de caminos de grava. Aunque el proyecto tuvo algunos efectos positivos, estuvo plagado de problemas, tales como ataques sexuales de los trabajadores del proyecto a niñas de escuela, embarazos no deseados y una cantidad creciente de mujeres contagiadas de VIH/Sida.
Los afectados se dirigieron primero a las oficinas nacionales del Banco en Uganda en diciembre de 2014. La gerencia del Banco inicialmente desestimó los reclamos y sugirió que la sociedad civil solo hacía estos reclamos para influir en el proceso de revisión de las salvaguardias (véase el Observador de otoño de 2016). Los intentos del Banco por ‘investigar’ consistieron en grandes reuniones comunitarias en las que preguntaba públicamente a los asistentes: “¿alguien aquí ha sido violado?”. Al no haber respuestas afirmativas, el Banco negó que los ataques sexuales estuvieran ocurriendo.
la múltiples fallas que hemos encontrado en este proyecto... son inaceptablesBanco Mundial
Nueve meses más tarde que la comunidad presentara reclamos a la oficina nacional del Banco Mundial, los problemas más graves siguieron sin ser abordados, lo que derivó en un reclamo, en septiembre de 2015, ante el Panel de Inspección (el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Mundial, IPN, por su sigla en inglés), para que llevara adelante una investigación. En un mes el Banco suspendió el financiamiento del proyecto y, finalmente, lo canceló en diciembre de 2015, declarando que “la múltiples fallas que hemos encontrado en este proyecto… son inaceptables”. La cancelación provocó la decepción de la comunidad, ya que la retirada del Banco podría dificultar la resolución de las demandas debido a que el gobierno de Uganda continuó con el proyecto usando sus propios fondos.
Un fracaso del Banco Mundial
Después de la cancelación, el Banco instituyó medidas de compensación para enfrentar los problemas creados por la UTSDP, incluyendo el apoyo a las niñas afectadas y a sus familias. Sin embargo, este apoyo fue esporádico, sin un método amplio o sistemático para aplicar y supervisar el apoyo del Banco. En agosto de 2016 el Banco suspendió cualquier nuevo préstamo al gobierno de Uganda debido a “los notables problemas de desempeño, incluyendo los retrasos en la eficiencia del proyecto, la debilidad en la aplicación y la supervisión de las salvaguardias y el bajo desembolso”.
El IPN llevó adelante una investigación completa del proyecto y publicó un informe en agosto de 2016 que confirmaba los alegatos de la comunidad. El fracaso de la gerencia para manejar las demandas también fue considerado una violación a la política del Banco. El informe castigó al Banco por sus fallas iniciales en la respuesta y señaló sombríamente que: “el cambio social desencadenado por el proyecto es un recordatorio de que la construcción de un camino nunca se trata sólo de adquisición de tierras, compensación monetaria y construcción. Se trata también de enfrentar cambios estructurales y sociales difíciles”.
En respuesta al informe del IPN, el Banco creó un Plan de Acción, aprobado en noviembre de 2016, que detalla los pasos para remediar las violaciones de las políticas. Una de las medidas instituidas inmediatamente fue la creación de un grupo de acción sobre violencia de género que tiene el potencial para producir un cambio significativo. Sin embargo, todavía no hay suficiente certeza de si existirán mecanismos de supervisión suficientes para garantizar la implementación y el mantenimiento de las recomendaciones del grupo de acción. Además, el Banco produjo un documento de lecciones aprendidas que detalla en profundidad las fallas institucionales que ocasionaron un daño irreparable a los miembros de la comunidad de Uganda, al tiempo que incluye planes sobre cómo evitar este tipo de fallas en el futuro. Estos son pasos muy importantes, pero resta ver si la promesa del Banco de llevar adelante “cambios institucionales sistémicos sobre cómo responder a las violaciones de las políticas de salvaguardias”, como resultado de este caso, se implementarán de manera efectiva.
