El documento del Grupo Banco Mundial (GBM) De cara al futuro: Visión del Grupo Banco Mundial para 2030 – avances y desafíos de marzo, preparado para la discusión en el Comité de Desarrollo del Banco establece la visión a largo plazo del Banco, enfocándose en la ‘aglomeración’ en la inversión del sector privado y la ‘creación de mercados’. El documento introduce los nuevos principios de ‘cascada’ del Banco para el financiamiento de infraestructura, que enfatiza sobre el uso de financiamiento del sector privado cada vez que sea posible, estipulando que se necesitan los billones de dólares de financiamiento para infraestructura exigidos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este se hace eco de la estrategia delineada en el documento De miles de millones a billones de 2015, producido por seis bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y el FMI, que detalla cómo podrían usarse miles de millones de ayuda oficial al desarrollo para apalancar billones provenientes de inversores del sector privado, en particular inversores institucionales a largo plazo, que han sido reacios a invertir hasta ahora. El llamamiento a incrementar el financiamiento privado fue reiterado en el documento de conclusiones del Foro Mundial de Infraestructura 2017 (véase el documento de conclusiones) que incluye a la ONU y a los financiadores oficiales más grandes.

El De cara al futuro explicó que “para maximizar el impacto de los escasos recursos públicos, las cascada busca primero movilizar las finanzas comerciales, permitidas por las reformas a contracorriente cuando sea necesario para corregir las fallas del mercado y otras restricciones a las inversiones del sector privado en el ámbito nacional y sectorial. Cuando los riesgos sigan siendo elevados, la prioridad será la aplicación de garantías y de instrumentos de riesgo compartido. Sólo en el caso de que las soluciones del mercado no sean posibles mediante la reforma del sector y la mitigación del riesgo, se aplicarían los recursos oficiales y públicos [énfasis añadido]”. El De cara al futuro agregó que “el GBM está tomando la delantera en armonizar los enfoques para aplicar los principios de cascada a los BMD”. El giro de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el brazo para los países de ingreso bajo del Banco Mundial, hacia el mercado de capitales por recursos y su recientemente creada ventana del sector privado son ejemplos de la profundidad del enfoque dentro y fuera del Banco (véase el Observador de Invierno de 2017).

Subrayando la visión expansiva del Banco para los principios de la cascada, el documento enfatizó que “la visión se enfoca actualmente en la infraestructura, pero se ampliará a la financiación, la educación, la salud y los agronegocios”. Tal como se describe en un artículo de la ONG Social Watch de 2002 del ex relator especial de la ONU sobre una vivienda adecuada, titulado La privatización de los derechos humanos, las OSC y la comunidad de derechos humanos tienen viejas y serias preocupaciones por la creciente dependencia del sector privado en los sectores antes mencionados (véase el Observador de Verano de 2016).

lejos de que el sector privado acuda en auxilio del público, se dé el caso contrarioNick Hildyard, Corner House

De acuerdo a Nancy Alexander de la fundación política alemana Heinrich Böll: “El G20 ve la masiva inversión en infraestructura como una ‘bala de plata’ que puede … agregar USD 2.000 millones a la economía mundial y crear millones de empleos” (véase el Observador de Primavera de 2016). Un artículo de enero en la revista financiera World Finance señaló que “luego de la crisis financiera mundial, se estableció una tendencia a la baja en las tasas de interés en la mayoría de los países desarrollados, una situación que persiste hasta nuestros días. Dada la duración de estas bajas tasas, incluso los inversionistas naturalmente adversos al riesgo, como los fondos de pensiones y las compañías de seguros, se han interesado cada vez más en diversificar una parte de sus carteras en inversiones de mayor rendimiento en mercados emergentes”, y agregó que “los inversores han descubierto la infraestructura de los mercados emergentes como un tipo de inversión en la que desearían aumentar su participación”.

El socavo de la gobernanza democrática y la equidad por el beneficio privado

Las consecuencias para la gobernanza democrática y la equidad de presumir que los intereses público y privado están necesariamente alineados y las implicaciones de presionar por el desarrollo de infraestructura como un tipo de activo son preocupaciones fundamentales de la sociedad civil. Tal como afirma Nick Hildyard, del grupo británico The Corner House, en un blog de agosto de 2016, las OSC temen que “lejos de que el sector privado acuda en auxilio del público, se dé el caso contrario”. Hildyard señaló que, enfocada en las garantías utilizadas para atraer el sector privado que se niega a invertir, “la clave de tal re-ingeniería es la provisión de flujos de ingresos garantizados públicamente [a través de mecanismos que] brinden a las empresas privadas derechos contractuales sobre los flujos de dinero público durante muchos años, si no décadas”. Hildyard resaltó que el impacto de la cascada sobre la gobernanza es antidemocrático y elitista. “es antidemocrático porque un puñado de gestores de fondos y de inversores ricos determinan cada vez más qué se financia y qué no” y “elitista porque las obras que beneficiarían más a los pobres no se construyen”. A modo de ejemplo, hace referencia a un informe de 2009 para una reunión de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África y la OCDE , que admitió que es “inútil” buscar inversores privados para proyectos de electrificación rural “debido al bajo retorno de la inversión”. Alexander resaltó que la necesidad de resultados altos y garantizados para los inversores produce “la afluencia de inversores selectivos que dejan al gobierno la atención de los clientes pobres y sin los beneficios de los subsidios cruzados”.

En un artículo de 2015 Antonio Tricarico, de la ONG italiana Re-Common y Xavier Sol, de la ONG belga Counter Balance, argumentaron que se necesitan flujos de capital de Asociaciones Público Privadas (APP), solo financieramente viables para grandes proyectos, para establecer infraestructura como un tipo de activo. Señalaron que estos pueden entonces ser agrupados y comercializados y destacaron que es necesario crear infraestructura como un tipo de activo y cambiar el perfil de riesgo de las inversiones para abrir el camino a los inversionistas institucionales a largo plazo, como los fondos de pensiones. Sostuvieron que los principios de la cascada apoyan una tercera ola de privatización, subrayando que “cada garantía asegura más la trayectoria de la privatización: volver a convertir servicios público privatizados en propiedad pública conlleva duras sanciones financieras que actúan como un impedimento para la re-nacionalización. Cada garantía restringe además la capacidad propia del gobierno de invertir por su cuenta: los pagos de las APP se comen los presupuestos de la salud, el transporte y la energía”.

En un blog de Just Governance de mayo, Alexander advirtió que la cascada no busca determinar si “tal financiación serviría adecuadamente al interés público, incluyendo los objetivos de desarrollo sostenible”, y añadió que “el enfoque en cascada presupone que nunca habrá intercambio entre los objetivos comerciales y el interés público cuando la disminución del riesgo llegue a un punto en el que las reformas regulatorias y políticas o la mitigación del riesgo se vuelvan demasiado costosas, o demasiado riesgosas para otras partes interesadas que no sean los inversionistas privados”.

Un informe de 2016 de la Heinrich Böll Foundation sobre las disposiciones contractuales del PPP recomendadas por el Banco Mundial para el G20 subrayó que los esfuerzos por bajar el riesgo de las inversiones del sector privado terminan “favoreciendo los intereses privados en perjuicio de las entidades públicas que son las supuestas beneficiarias de los proyectos y servicios contratados”. Al comentar el informe, Alexander alertó sobre “las insuficientes disposiciones para la transparencia y la restricción del derecho del Estado de regular en el interés público (por el medio ambiente, los derechos humanos u otros objetivos).

Los mega impactos sobre los derechos humanos

La sociedad civil teme que el desplazamiento masivo resultante de proyectos propuestos como el Corredor Industrial Delhi-Mumbai, que puede afectar a 180 millones de personas, combinado con los zigzagueantes antecedentes del Banco en el cumplimiento de sus obligaciones con las comunidades desplazadas, tendrá consecuencias catastróficas para los derechos humanos de millones de personas (véase el Observador de Primavera de 2015). En un editorial de marzo para el periódico estadounidense Miami Herald, previo a la cumbre del G20 de Hamburgo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein lamentó que aunque “la infraestructura, si está bien concebida e implementada, es vital para el disfrute de los derechos humanos … estos rara vez reciben más que promesas en el mundo machista de la mega-infraestructura”.