En marzo el Defensor del Pueblo (CAO, por su sigla en inglés), el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del Banco Mundial para el sector privado, estableció que un reclamo en nombre de las comunidades afectadas por la inversión de la CFI en el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, en Chile, es pertinente y merece una mejor evaluación (véase el Observador de Otoño de 2013). El reclamo fue presentado en enero por la ONG ambientalista chilena Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, Ecosistemas y varias organizaciones internacionales. Los grupos presentaron además un reclamo similar al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que determinó su pertinencia en mayo.
De acuerdo al CAO, los denunciantes argumentaron que “el proyecto producirá la desviación del río Maipo, lo que tendrá impactos sobre el acceso al agua y su calidad, la agricultura, el turismo y el medio ambiente. Además, los denunciantes hacen ver su preocupación en relación con la evaluación de impactos del proyecto”. Los denunciantes resaltaron que el financiamiento de la CFI y del BID no cumple con las políticas medioambientales, sociales y de acceso a la información del propio Banco. Exigieron que los bancos revisen si el proyecto cumple con sus políticas y pidieron a los bancos que no financien los incrementos inesperados de costos del proyecto y que, en su lugar, se alejen completamente de Alto Maipo.
“Este proyecto implica impactos graves y a largo plazo sobre el río Maipo y el suministro de agua para la región metropolitana de Santiago” subrayó Marcela Mella, vocera de la Coordinadora, que coordina a cientos de activistas y docenas de organizaciones contra el proyecto. Tanto el CAO como el MICI visitaron la región en abril y escucharon directamente a los afectados.
“Las políticas de la CFI y del BID tienen por objeto asegurar que los proyectos se diseñen y apliquen después de que se hayan evaluado adecuadamente las cuestiones ambientales y sociales para evitar daños, no fue este el caso en este complejo proyecto”, agregó Carla García Zendejas del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL, por su sigla en inglés). “Ahora las investigaciones del CAO y el MICI pueden determinar si estos bancos cumplen con sus propias reglas y obligaciones”.
