Tierra

Análisis

Las inversiones de la CFI implicadas en la apropiación de tierras en África

17 julio 2017 | Traducción: Gustavo Alzugaray

Small scale farmer, Tanzania. Credit: Alun McDonald, Oxfam

Un informe de abril de la ONG estadounidense de derechos humanos Inclusive Development International (IDI) expuso la complicidad de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del Banco Mundial para el sector privado, en la apropiación de tierras en África a través de las inversiones en Intermediarios Financieros (IF), así como los impactos medioambientales y sociales negativos. El informe cubrió los casos de apropiación de tierras de 11 proyectos respaldados por clientes IF de la CFI, que totalizan 700.000 hectáreas, y demostró que “la CFI financia directamente algunos de los proyectos de inversión más dañinos del mundo”. El informe es la cuarta parte de una serie que sigue el rastro del dinero de la CFI y de sus impactos sobre el medio ambiente y los derechos humanos.

Entre 2010 y 2015 la CFI invirtió o apalancó más de USD 50.000 millones en el sector financiero sin revelar públicamente el destino final de los fondos. Para IDI esto significa que “el Banco Mundial puede enmarcar los acuerdos en términos de creación de empleo y reducción de la pobreza – cuando de hecho los fondos a menudo fluyen a proyectos que socavan estos objetivos”. Al mismo tiempo, el informe afirma que las inversiones en IF que apoyan proyectos de ‘alto riesgo’ han aumentado 300% entre 2013 y 2015, pasando de USD 450 millones a USD 1.300 millones en el periodo. Un informe previo de las OSC y las conclusiones del Defensor del Pueblo (CAO, por su sigla en inglés), el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI, demuestran que las inversiones de la CFI en proyectos de IF de alto riesgo han tenido consecuencias desastrosas para las comunidades afectadas (véase el Observador de Primavera de 2017 y el de Primavera de 2016).

Desplazamientos en Guinea debido a los IF financiados por la CFI

Un caso se refiere a la mina de oro AngloGold Ashanti en Kintinian, Guinea, que la CFI financió mediante un préstamo de USD 140 millones en 2007 por un mínimo de 10 años al banco sudafricano Nedbank para préstamos transfronterizos y proyectos intensivos en capital, incluyendo la extracción de recursos. El informe de IDI encontró que en 2015 Nedbank suministró dos terceras partes de un préstamo de USD 105 millones a AngloGold Ashanti, la tercera compañía minera más grande del mundo. El estudio afirma que 380 familias fueron desalojadas por la fuerza en 2015 y 2016 y hay otras 150.000 personas bajo amenaza de desalojo, mientras enfrentan riesgo sanitarios por la contaminación con cianuro de las fuentes locales de agua. Un miembro de la comunidad entrevistado por IDI dijo: “Firmé por mi tierra con un soldado apuntándome con su arma. No tuve alternativa”. Otras personas dijeron haberse visto forzadas a mudarse de sus hogares y haber recibido golpes y disparos de las fuerzas de seguridad y defensa a las órdenes de la empresa minera.

la CFI financia directamente algunos de los proyectos de inversión más dañinos del mundoInclusive Development International

La información de un documento de Global Land Project (GLP), en base a informes de prensa, muestra que de 2008 a 2010 fueron asignadas por acuerdos de tierra o por negociación entre 53 millones y 61 millones de hectáreas de tierra en 27 países africanos. El documento del GLP encontró que la mayor parte fue adquirida para la producción de biocombustibles por parte de empresas privadas y los países del Golfo y Asia Oriental para la producción de alimentos y combustible, y señala que “falta información consistente sobre el propósito de la inversión en los diferentes países receptores”. Las OSC han expresado su preocupación por el papel de las instituciones financieras internacionales en la promoción de un “entorno propicio” a través de políticas nacionales de inversión de capital, incluyendo la CFI a través de sus servicios de asesoramiento y los principios de cascada del Banco (véase el Observador de Verano de 2017).

El informe de IDI afirma que refutó la declaración de la CFI de ya no tener responsabilidad en algunos de los casos en los que los préstamos han sido reembolsados: “en ninguno de estos casos el retiro de la inversión informada exime a la CFI ni a sus clientes de su responsabilidad por contribuir con los supuestos daños durante el período de exposición a los proyectos”.

La CFI versus las OSC y el CAO

En un artículo de abril, publicado en el sitio de noticias Medium, el director de la CFI Philippe Le Houérou reconoció que “la CFI no puede tener el mismo nivel de supervisión de los sub-proyectos respaldados por nuestros clientes IF que de nuestras propias inversiones directas”. Le Houérou argumentó que los críticos de las inversiones de la CFI “no se enfocan en el financiamiento en sí mismo sino en su impacto directo”. Continuó detallando los cambios que la institución hará en sus préstamos y políticas para “crear un sistema bancario más responsable”. Las cuatro propuestas se refieren a la relación entre la CFI y los reguladores del sector financiero. Además, se establecerá un grupo de trabajo con las partes interesadas del sector financiero para explorar un marco voluntario de divulgación para sub-clientes y proyectos.

En respuesta, aunque las OSC recibieron con beneplácito el cambio de tono del artículo, una carta firmada por 20 OSC europeas y estadounidenses exigió la divulgación completa y amplia de la información de los proyectos y las evaluaciones medioambientales y sociales correspondientes. Específicamente, se pide una “estipulación clara de cómo deben usarse los fondos en el acuerdo legal”, la “separación de fondos en una contabilidad separada para el IF” e “informes del uso de los fondos, sujetos a auditorías externas”. Se exige que “la divulgación sea un requisito obligatorio para acceder a los fondos de la CFI” ya que, sin esto, “ni la CFI ni las partes interesadas tienen forma alguna de evaluar si los intermediarios financieros cumplen sus obligaciones medioambientales y sociales”. La carta finaliza exigiendo que la CFI apoye completamente el mandato del CAO, “respetando su independencia y garantizando que cuente con los recursos adecuados para cumplir con su tarea”. Se pide un cambio en las “posiciones defensivas y poco constructivas” de la CFI en relación con el CAO, que sigue siendo un mecanismo vital para las comunidades afectadas por las políticas, los proyectos y las inversiones del Banco.