En marzo la International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), un proyecto del Tides Center de San Francisco, envió una carta al equipo de salvaguardias del Banco Mundial en relación con la provisión de salvaguardias sobre el uso de personal de seguridad público y privado en sus proyectos. La carta expresaba su preocupación porque el nuevo Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial es “innecesariamente vago sobre el estándar de cuidados actual asociado a tales actividades” y en particular porque, sin una mayor aclaración, “podría llevar al uso inapropiado de la fuerza en el contexto de las actividades financiadas por el Banco”. Recientemente el Banco enfrentó una demanda de varios agricultores hondureños sobre las acciones de las fuerzas de seguridad privadas que trabajan para Dinant, una empresa de agronegocios financiada por el Banco (véase el Observador de Otoño de 2013, el de Primavera de 2016 y el de Primavera de 2017).

ICAR recomendaba en la carta que cualquier Nota de Orientación que el Banco produzca sobre este tema haga referencia al consenso internacional existente sobre las normas aplicables, tales como el Documento de Montreux de 2008 sobre las obligaciones legales internacionales del Estado en relación con las empresas militares y de seguridad privadas que operan en los conflictos armados, el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Seguridad Privada y los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos. El Banco también fue “alentado a … exigir garantías adicionales en situaciones de alto riesgo, definidas como aquéllas en las que se están llevando a cabo actividades relacionadas con préstamos en países que no están participando … en iniciativas para manejar el riesgo de seguridad pública y privada”.