El 18 de julio el departamento de Políticas de Operaciones y Servicios a los Países (OPCS, por su sigla en inglés) del Banco Mundial publicó un documento titulado Enfoque Programático Multifase (MPA, por su sigla en inglés) en el que se propone delegar algunas revisiones y aprobaciones de proyectos de la junta ejecutiva, es decir, sus funciones de supervisión, a la gerencia. En línea con la estrategia establecida en el documento Forward Look del Banco, y su enfoque en un Banco más ágil, el MPA estableció una serie de cambios importantes en los procedimientos. Propuso que el Banco siguiera al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Asiático de Desarrollo en permitirle a la gerencia “solicitar la aprobación de la junta … para [un] programa completo”, que consiste en múltiples fases, cada una de las cuales contiene diversos proyectos. Esto implica un cambio significativo ya que, actualmente, la junta está obligada a revisar y aprobar cada proyecto de manera individual.

Falta de consulta y de escrutinio público

Habiendo sido informada en el último minuto sobre una reunión de la junta para el día 11 de julio a los efectos de aprobar el documento, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) fueron muy críticas con la falta de transparencia sobre la propuesta. El 5 de julio 29 OSC, incluyendo al Centre for Applied Legal Studies sudafricano y al brasileño Conectas Direitos Humanos, enviaron una carta a la junta que expresaba graves preocupaciones relacionadas con el MPA. La carta subraya que “debido a sus implicaciones para la supervisión y la rendición de cuentas, es imperativo someter al escrutinio público los parámetros de la propuesta antes de continuar”. Señala además que “la junta tiene una importante función de supervisión de los proyectos y que el día de la aprobación de la junta es un momento clave del ciclo vital del proyecto”. La ausencia de la aprobación de los proyectos individuales por parte de la junta en fases posteriores privaría entonces a las OSC, las comunidades afectadas y demás prates interesadas de una etapa importante para dar a conocer sus preocupaciones a la junta y enfrentar a la gerencia sobre su evaluación de riesgos, consecuencias adversas y resultados para el desarrollo esperados del proyecto. La carta señaló también que las OSC “están sorprendidas de ver una reducción de la supervisión de la junta cuando el Banco no ha evaluado aún el enfoque de gestión del riesgo adaptativo dentro del nuevo Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial y está simplemente desplegando su enfoque cascada” (véase el Observador de verano de 2017).

La carta argumenta además que, aunque las OSC entienden que los proyectos de alto riesgo aún requerirían la aprobación de la junta en el sistema propuesto, los proyectos de riesgo sustancial debería también ir a la junta, tal como deberían hacerlo los proyectos de Intermediarios Financieros (IF) con sub-proyectos de categoría A o B. Esta recomendación se basó en el trabajo del Panel de Inspección (PI), el mecanismo independiente de reclamos del Banco, con proyectos catalogados como B, y las revelaciones del informe 20110 del Grupo de Evaluación Independiente (GEI) del Banco Mundial acerca de las salvaguardias sobre la sub-clasificación de proyectos y los continuos impactos negativos documentados de las inversiones en IF (véase el Observador de primavera de 2016). Con relación a los cambios en el sistema de clasificación de proyectos, la carta recomienda que cuando entre en vigor el nuevo MAS, tanto los proyectos de riesgo alto o sustancial y los proyectos de IF con sub-proyectos con riesgo alto o sustancial vayan a la junta.

[es] una propuesta caracterizada por una flexibilidad sin precedentes y la delegación de la autoridad para la aprobaciónJolie Schwarz, Bank Information Center

Aprendizaje adaptativo o disminución de la debida diligencia

La administración justificó los cambios propuestos en términos de eficiencia y beneficios en el apoyo al enfoque cascada del Banco. Sin embargo, en una carta de julio de 2016 sobre el nuevo MAS del Banco, la sociedad civil argumentó que gran parte del ímpetu para el “aumento de la agilidad” propuesto y el consiguiente debilitamiento de la debida diligencia radica en la percepción de la pérdida de apalancamiento del Banco con sus clientes. Esto es el resultado de la competencia del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) y del Nuevo Banco de Desarrollo, y la creciente disponibilidad de otras fuentes de financiamiento (véase el Observador de Verano de 2017. La consecuencia de este tipo de competencia fue subrayada en diciembre de 2014 por 28 expertos en derechos humanos de la ONU, quienes señalaron que el nuevo MAS  del Banco reflejaba una “carrera a la baja” (véanse el Observador de otoño de 2016 y el de invierno de 2015). La presión sobre el Banco para mantener su relevancia es también evidente por su presión para que se utilicen sistemas de prestatarios y el creciente énfasis en el aprovechamiento de la inversión del sector privado a través de asociaciones público-privadas (APP) e inversiones en IF. La tendencia se refleja además en la falta de voluntad del Banco para incluir  préstamos para políticas de desarrollo en su nuevo MAS. Durante las discusiones muy restringidas con el Banco, las OSC han cuestionado el ahorro de tiempo y los aumentos de eficiencia reclamados por la propuesta y han visto un cambio en la lógica del Banco hacia un enfoque en el “aprendizaje adaptativo” y el empoderamiento del personal y la gerencia.

Como resultado de la carta del 5 de julio, el Banco acordó posponer la discusión de la junta ejecutiva y varias OSC fueron invitadas a una reunión con los vicepresidentes entrante y saliente del departamento OPCS del Banco para discutir la propuesta. En respuesta a los resultados de la reunión, el 12 de julio varias OSC enviaron a los dos vicepresidentes una carta adicional que detallaba sus preocupaciones continuas. De acuerdo a Jolie Schwarz, de la ONG estadounidense Bank Information Center, la carta “tenía la intención de garantizar que aún hubiera chequeos y balances dentro de una propuesta caracterizada por una flexibilidad sin precedentes y la delegación de la autoridad para la aprobación”. La carta exigía que las subsecuentes fases de un MPA sin exigencias de aprobación de la junta debían definir y hacer pública la fecha de aprobación de la gerencia y que el PI debía mantener su jurisdicción sobre los programas MPA completos, en lugar de hacerlo solo sobre las fases individuales. El 18 de julio la junta aprobó la versión final del MPA propuesto. A pesar de que el documento final aborda algunas de las preocupaciones de las OSC, se esperan los procedimientos que guiarán su implementación. Las OSC tienen la esperanza de que se mejore significativamente el proceso de consulta y que el MPA no debilite al diligencia debida.