En julio la junta ejecutiva del FMI aprobó en principio un Acuerdo Stand-By (SBA, por su sigla en inglés) de USD 1.800 millones para Grecia, con vencimiento 31 de agosto de 2018. La aprobación se produce tras desagradables desacuerdos sobre la sostenibilidad de la deuda griega con los demás miembros de la Troika, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (véase el Observador de invierno de 2017). La participación del Fondo en la próxima fase del paquete de EUR 86 mil millones del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) allanó el camino para el desembolso de EUR 8.500 millones por parte del MEDE. El desembolso real de los recursos del Fondo dependerá de las “garantías específicas y creíbles” de los socios europeos de Grecia para garantizar la sostenibilidad de la deuda y de que el programa económico de Grecia siga por buen camino.
El paquete acordado evitó que Grecia incumpliera su deuda vencida en julio, pero le exigió que “adopte reformas tributarias y de pensiones para recortar el gasto un 2% después de 2018”, cuando termina el programa. Peter Bakvis, de la Confederación Sindical Internacional (CSI), subrayó que estas reformas han sido necesarias “a pesar del informe de julio del personal técnico del FMI que señala que los recortes de pensiones más recientes votados por el parlamento griego, ante la insistencia del FMI y los acreedores de la UE, resultarán en una caída promedio de las pensiones de un 12% más, aunque algunos jubilados sufrirán caídas de hasta el 18%”. El informe también señaló que, a partir de entonces, las pensiones se congelarán hasta el 2022.
“Reducción excesiva del salario real”
Aunque los medios internacionales se centraron en los debates sobre la sostenibilidad de la deuda y describieron al Fondo de manera más positiva, la sociedad civil estaba preocupada por los continuos pedidos del Fondo de un debilitamiento adicional de los derechos laborales. Al anunciar el SBA, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, señaló que las “autoridades griegas deberían reconsiderar sus planes para revertir las reformas fundamentales de la negociación colectiva después del final del programa”.
Los recortes de pensiones más recientes votados por el parlamento griego, ante la insistencia del FMI y los acreedores de la UE, resultarán en una caída promedio de las pensiones de un 12% más, aunque algunos jubilados sufrirán caídas de hasta el 18%.Peter Bakvis, ITUC
La revocación a la que se refiere Lagarde se relaciona con la suspensión de las ampliaciones sectoriales de los convenios colectivos en 2011, también por la presión del FMI. Bakvis hizo hincapié en que, según el informe del personal técnico del FMI, “esta acción, junto con algunas otras medidas de desregulación del mercado laboral, como una reducción del salario mínimo, causó ‘una reducción excesiva de los salarios reales’” en Grecia. Bakvis enfatizó que “el informe también reconoce que ‘gran parte de la carga [de las reformas estructurales] ha recaído en el trabajo’”. Al considerar la suspensión de la negociación colectiva, subrayó que, según un análisis de la OIT, “la abolición de facto de la negociación sectorial hizo que la cobertura de la negociación colectiva cayera del 70% en 2007 al 10% en 2015”.
Los impactos sobre la desigualdad
El informe del personal no reconoció el impacto positivo de la negociación colectiva contra la baja productividad y el aumento de la desigualdad de ingresos en Grecia. La falta de consideración de los impactos distributivos y de derechos humanos de las políticas propuestas por el Fondo refleja las serias preocupaciones planteadas por el experto independiente de la ONU sobre los efectos de la deuda externa, quien subrayó que las políticas laborales del FMI ocasionan “un retroceso de la igualdad de género relacionada con el trabajo”; un debilitamiento de las protecciones del trabajador; un deterioro los derechos laborales colectivos; y [contribuyen a] un aumento de la desigualdad y del empleo inseguro e informal” (véase el Observador de primavera de 2017).
La disparidad entre la retórica del Fondo y las políticas sobre desigualdad fue detallada en un blog del Huffington Post de febrero citando un estudio de los economistas Alex Nunn y Paul White, en el que señalaban que, en 11 países encuestados desde que se hicieron efectivas las últimas directrices del FMI, se encontraron poco más que “referencias muy aisladas” a la desigualdad. El blog agregó que “en todos los casos, el FMI ha seguido recomendando la disciplina fiscal y muy pocas de las políticas que podrían usarse para reducir la desigualdad han sido mencionadas”. El antagonismo del Fondo hacia los derechos laborales parece contradecir su investigación, que ha concluido que “[en el mundo] las participaciones en el ingreso laboral hoy son casi 4 puntos porcentuales menores que en 1970” y que “como el capital tiende a concentrarse en los extremos superiores de la distribución del ingreso, es probable que las rentas del trabajo deterioradas aumenten la desigualdad de ingresos”.
