Rendición de cuentas

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El defensor del pueblo lanzó una auditoría condenatoria del proyecto hidroeléctrico de la CFI en Guatemala

11 January 2018 | Traducción: Gustavo Alzugaray

Street art in Guatemala: "'Monte Olive lives', no to Santa Rita dam". Credit: Regeneracion Radio.

A fines de octubre el defensor del pueblo (CAO, por su sigla en inglés), el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial, emitió una auditoría sumamente crítica de la inversión de la CFI en el proyecto hidroeléctrico Santa Rita de Guatemala. La planta es administrada por una empresa de desarrollo local, Hidroeléctrica Santa Rita (HSR). HSR era en parte propiedad de Latin Renewables Infrastructure Fund (LRIF), un intermediario financiero (IF), a través del cual la IFC realizó una inversión de capital en 2012. La CFI destacó en su reacción a la auditoría que LRIF suspendió su participación en el proyecto.

La auditoría de la CAO fue disparada por un reclamo presentado en octubre de 2014 por el Colectivo Madre Selva y el Consejo de Pueblos de Tezulutlan, en nombre de varias comunidades costeras, aguas arriba y aguas abajo del proyecto Santa Rita. El reclamo alega que “el proyecto no cumplió con los requisitos de consulta de la CFI para el consentimiento libre, previo e informado … [y] no ha considerado los posibles impactos adversos sobre las fuentes de agua locales”. Las comunidades también afirmaron que “temen que el proyecto comprometa su capacidad de generar ingresos y mantener sus medios de vida … [y declararon] que su oposición al proyecto ha sido recibida con violencia, represión y criminalización de líderes comunitarios”.

La auditoría de la CAO notó que la revisión de la CFI de la Diligencia Debida Ambiental y Social de su cliente en 2012 no identificó “(a) lagunas en la información de evaluación ambiental presentada, incluyendo que estaba relacionada con una versión del proyecto anterior y mucho más pequeña; (b) la falta de una evaluación de impacto social; (c) un análisis inadecuado de los impactos esperados del proyecto sobre la biodiversidad, el uso de la tierra, el agua potable, los medios de subsistencia y el patrimonio cultural; (d) la falta de una evaluación de si la represa cumplió con los estándares de diseño y seguridad del Banco Mundial”.

la prevalencia de la oposición de la comunidad fue suficiente para que la CFI exigiera una reevaluación de la aplicabilidad de sus normas de desempeño sobre Pueblos Indígenas para el proyectoauditoría del defensor del pueblo

La comunidad exige rendición de cuentas con protestas

El proyecto ha sido el sitio de la oposición local determinada desde 2010. El CAO informó que, en julio de 2013, miembros de la comunidad establecieron un bloqueo de carreteras, que todavía está en su lugar, en el cercano pueblo de Monte Olivo. En consecuencia, se suspendió la construcción del proyecto y LRIF informó al CAO que ya no planea desarrollarlo. Al documentar la lucha de la comunidad contra el proyecto, un boletín de octubre de la Oficina Maryknoll para Asuntos Globales informó que, en 2014, fueron desplazadas 160 familias indígenas por más de mil policías. Las comunidades locales pidieron una investigación del proyecto por parte de la ONU en octubre de 2014. Considerando las protestas de la comunidad, la auditoría subrayó que “la CFI no se involucró suficientemente con el Fondo [LRIF] para abordar las crecientes tensiones, incidentes violentos y graves acusaciones de impactos ambientales y sociales” y que “la prevalencia de la oposición de la comunidad fue suficiente para que la CFI exigiera una reevaluación de la aplicabilidad de sus normas de desempeño sobre Pueblos Indígenas para el proyecto “.

La evaluación de riesgos ignoró la ubicación del proyecto en un área indígena

La auditoría descubrió que si bien la CFI clasificó correctamente el proyecto como de alto riesgo, su “revisión previa a la inversión no fue acorde con el riesgo” y que la “CFI no tuvo una comprensión adecuada [de] los riesgos contextuales asociados a su inversión”. Además, subrayó que la CFI “no consideró suficientemente los desafíos que enfrentaría el Fondo [LRIF] en la implementación de los requisitos actualizados para los pueblos indígenas de la CFI”. Según el informe El sufrimiento de los demás, de 2015, elaborado por varias ONG, incluyendo a Oxfam International, la CFI afirmó hasta finales de octubre de 2014 que “no había ‘proyectos de alto riesgo’ financiados por su cliente”. El informe argumentó que esta “evaluación inicial ignoró por completo o minimizó el hecho de que el proyecto estaba situado en un área indígena”. El informe alega además que, solo después de la exposición pública del proyecto, el sitio web de la CFI divulgó el proyecto como de alto riesgo. La evaluación de riesgos inicial de la CFI parece desconocer la atroz trayectoria del Banco en Guatemala, donde varios cientos de indígenas fueron masacrados durante la construcción de la represa de Chixoy, en la década de 1980. Además, ya se habían producido graves conflictos en un proyecto similar, Cambalam, donde se declaró el estado de emergencia el mismo año de la inversión de LRIF en Santa Rita (véanse el Observador de Primavera de 2014 y el Update de febrero de 2014).

Kate Geary, de la ONG BIC Europe, comentó: “Frente a estos resultados condenatorios, la respuesta evasiva de la CFI es muy decepcionante. Los préstamos a través de intermediarios es un negocio altamente riesgoso y exige que la CFI evalúe y administre con más seriedad los riesgos para las personas y el medio ambiente que plantean los subproyectos”. Geary señaló, demás, que “Desafortunadamente, la actitud desdeñosa de la CFI hacia esta auditoría es parte de una tendencia en curso. La CFI debe tomar en serio las lecciones aprendidas en este caso; de lo contrario, ¿cómo se implementarán las reformas adecuadas para evitar que tales problemas vuelvan a ocurrir en otras comunidades?

La auditoría se suma a las inquietudes anteriores planteadas por el CAO sobre las inversiones a través de IF de la CFI en su auditoría sobre los IF de 2013 y su informe sobre cumplimiento de marzo (véase el Observador de Primavera de 2017). Además se produce en el contexto de un número creciente de casos desenterrados por la sociedad civil, incluido el apoyo de la CFI al carbón, en contravención con las políticas del Banco Mundial, su papel en la apropiación de tierras en África (véanse el Observador de Invierno de 2017-2018, de Verano de 2017 y de Invierno de 2017) y el impulso del Banco Mundial a la energía hidroeléctrica más allá de Santa Rita (véanse el Observador de Primavera de 2016 y el Boletín de febrero de 2014). El nuevo enfoque de “eliminación del riesgo” de la CFI para “apalancar” la inversión del sector privado (véase el Observador de Otoño de 2017), tal como se indica en la “carta” de octubre del director general de la CFI, Philippe Le Houérou, deja pocas esperanzas de que la experiencia de la comunidad de Santa Rita no se repita.