Desde 2015, el gobierno brasileño ha implementado medidas de austeridad innecesarias y excesivas con importantes implicaciones para los derechos humanos, especialmente para los derechos de las mujeres, a pesar de la disponibilidad de alternativas menos dañinas. Entre estas medidas de austeridad, la enmienda constitucional sin precedentes (CA 95, que entró en vigencia en diciembre de 2016) limitó el gasto social y las inversiones a los niveles de 2016, ajustados a la inflación, durante los próximos 20 años. Ha sido respaldado por el FMI y el Banco Mundial, mientras que la sociedad civil brasileña busca su revocación. El apoyo del FMI a la enmienda se hizo público en su informe de asistencia técnica de noviembre de 2016. El FMI reforzó este punto de vista durante la visita de funcionarios a Brasil un mes antes de la votación sobre la enmienda, en medio de las protestas nacionales en contra de su aprobación.
Los impactos de género de la CA 95
De 2015 a 2017, las inversiones sociales se redujeron en aproximadamente USD 42.000 millones, o el 6% del gasto total de Brasil. Con la aprobación de la CA 95, se espera que estos niveles de gasto permanezcan constantes durante los próximos 20 años. Como lo demostró la investigación de INESC, los gastos que beneficiaban específicamente a las mujeres se redujeron en un 58% después de la CA 95, mientras que el número de servicios especializados ofrecidos a las mujeres que sufren violencia también se redujo en un 15% entre 2014 y 2016 y, ahora, queda congelado en este nivel. La CA 95 no solo viola los principios de derechos humanos de no retroceso y no discriminación, sino que pone en peligro la vida de las mujeres brasileñas.
Simultáneamente, el gobierno brasileño ha estado desmantelando instituciones estatales que promueven la igualdad de género. La Secretaría de Políticas para la Mujer perdió su condición en 2015, no se han construido nuevos refugios para mujeres en 2017 y desde 2014 no se han llevado a cabo campañas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres debido a los recortes presupuestarios.
Los gastos que benefician específicamente a las mujeres se redujeron en un 58% luego de la netrada en vigencia de la Enmienda Constitucional 95
El FMI asegura que se protege el gasto social
Cuando se presentó esta evidencia durante una sesión del panel sobre los impactos de género de las políticas del FMI, en las Reuniones Anuales 2017 del FMI y el Banco Mundial de octubre, una funcionaria del FMI dijo que el límite de gasto eximiría gran parte del gasto de salud y educación de Brasil (véase el informe de BWP, The IMF, Gender Equality and Austerity). Ella argumentó que las transferencias federales garantizadas constitucionalmente a los estados y municipios no están incluidas en el tope y que este dinero financiaría estos dos servicios públicos esenciales.
En realidad, según el Artículo 110 de la CA 95, las transferencias federales a los estados y municipios destinados a la salud y la educación caen dentro del tope de gasto. Por lo tanto, el tope transfiere la carga de estos costos sociales a los estados y municipios. Las transferencias federales constitucionales no asignadas son una fuente de ingresos muy importante para los estados y los municipios, ya que estas transferencias pueden utilizarse para financiar cualquier cosa. Dado que muchos municipios y estados ya enfrentan crisis fiscales, no es realista esperar que dirijan estos ingresos a la educación y la salud. Dadas las múltiples prioridades apremiantes, se espera que el tope resulte en una reducción significativa del apoyo a las mujeres, a pesar de las afirmaciones en sentido contrario del FMI.
Diagnóstico correcto, remedio equivocado
El FMI afirmó que el déficit fiscal en Brasil no era el resultado de un gasto social excesivo, sino más bien una crisis del sector privado. En esto, estamos de acuerdo. Sin embargo, ¿cuál es la lógica de identificar una crisis del sector privado y luego recomendar una medida de austeridad para congelar los gastos sociales públicos durante 20 años? Esta decisión errónea de política macroeconómica afecta desproporcionadamente a las mujeres más vulnerables y a las mujeres en particular, e ignora el hecho de que existen políticas fiscales alternativas con impactos de género beneficiosos.
Por ejemplo, en Brasil, la investigación demuestra que las mujeres tienden a pagar más impuestos en relación con sus ingresos que los hombres, dado el sistema fiscal muy regresivo que sobrecarga a los más pobres. Este es particularmente el caso de las mujeres negras, que conforman el grupo demográfico más pobre de Brasil. Si en lugar de recortes en el presupuesto social, el gobierno hubiera llevado a cabo reformas tributarias progresivas, como el cambio de las cargas fiscales del consumo a los impuestos a la renta y al patrimonio, el resultado podría haber sido significativamente más justo. Tal solución podría haber reducido los altos niveles de desigualdad en Brasil, actualmente entre los más altos del mundo, y ayudado a corregir los sesgos de género en el código impositivo, así como a una mayor recaudación general de ingresos. Esto podría haber aliviado la necesidad de consolidación fiscal y habría aliviado la carga desproporcionada sobre las mujeres en particular.
Grazielle David, Institute of Socioeconomic Studies (INESC)
