Condicionalidad

Comentario

Los tunecinos salen a la calle contra la austeridad impuesta por el FMI

2 May 2018 | Documento de resumen | Traducción: Gustavo Alzugaray

IMF Managing Director Christine Lagarde is greeted by Central Bank of Tunisia Chedly Ayari at the Central Bank Tunisia September 9, 2015 in Tunis, Tunisia. IMF Staff Photo Stephen Jaffe

La introducción de la austeridad por parte del gobierno tunecino, en enero de 2018, desató un descontento generalizado. Los tunecinos, ya tensos por las difíciles condiciones económicas y la mayor contracción de su poder adquisitivo entre 2016 y 2017, salieron a las calles a protestar por la Ley Financiera de 2018 y la condicionalidad de los préstamos del FMI, cuyo objetivo es reducir el déficit presupuestario al 4,9% del PIB. Se supone que el déficit se reducirá a través de aumentos en la imposición indirecta (por ejemplo, tasas del IVA e impuestos a la compra de varios bienes de consumo, incluidos combustible y electricidad) y reducciones de la carga fiscal para las empresas y los empleados públicos y privados.

Un artículo publicado en enero de 2018 por el periódico británico The Guardian criticó severamente la agenda de austeridad del FMI en Túnez, lo que generó inquietudes sobre el impacto de estas políticas en los ciudadanos vulnerables. El FMI respondió al artículo en su sitio web señalando que, en lugar de austeridad, aboga por “reformas bien diseñadas, bien implementadas y socialmente equilibradas”, que defiendan los fundamentos teóricos de su agenda neoclásica centrada en la oferta. El Fondo sostiene que el crecimiento vendrá con una mayor confianza de los negocios y los inversores, que a su vez vendrá una vez que Túnez pueda reducir sus déficits y controlar la deuda y la inflación.

Los donantes multilaterales y bilaterales han aumentado considerablemente su presencia en Túnez, así como su apoyo financiero al proceso de transición política y al desarrollo de una “historia de éxito” tras las revueltas de 2011. El FMI es un actor importante a través de su Servicio de Crédito Ampliado (SCA) de cuatro años y medio, acordados en mayo de 2016. Desde el comienzo, las negociaciones sobre el SCA entre el gobierno tunecino y el FMI se han complicado y retrasado por la impopularidad de las condiciones de austeridad del FMI. Un tema espinoso se refiere al empleo público y las congelaciones salariales del sector público, con la fuerte oposición del Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT).

Esta respuesta revela lo poco que entiende el FMI la economía tunecina y la incapacidad de diseñar alternativas a las políticas de desarrollo neoclásicas que priorizan la estabilidad fiscal sobre el empleo y la justicia socialClara Capelli

Dada la falta de avance en las reformas relacionadas con el empleo público y otras condiciones crediticias, en diciembre de 2016 el FMI pospuso el desembolso del segundo pago del SCA, que se aprobó finalmente en mayo de 2017. El gobierno tunecino y el Banco Central cumplieron con la solicitud del FMI para flexibilizar más el régimen de tipo de cambio. En consecuencia, el dinar tunecino ha sufrido una caída dramática desde 2011, perdiendo aproximadamente un 20% de su valor frente al euro en 2017. La depreciación vino acompañada de un aumento significativo en la tasa de inflación durante 2017, que alcanzó el 6,4% al final del año.

El pedido del FMI por un tipo de cambio flexible se basa en su presunción de que una moneda más débil será un catalizador para las exportaciones. Sin embargo, la confianza del FMI en los beneficios de este enfoque pasa completamente por alto la estructura del sector exportador de Túnez, así como las consecuencias nefastas que tiene la depreciación de la moneda en las economías dependientes de las importaciones. En Túnez, el sector de exportación se basa principalmente en mano de obra de bajos salarios, que consiste mayormente en manufacturas de bajo valor añadido, turismo de bajo costo y servicios baratos, como call centers pertenecientes a empresas extranjeras. Aún está por verse un importante impulso en las exportaciones tunecinas pero, incluso si se materializan, persisten las dudas sobre la cantidad y la calidad de los empleos que pueden crear. En realidad, Túnez depende en gran medida de las importaciones para el consumo y apenas se beneficia de los sustitutos nacionales. Si bien el crecimiento sostenido basado en las exportaciones es incierto, las repercusiones redistributivas son las consecuencias esperadas a corto y mediano plazo del enfoque del FMI.

Esta respuesta de política revela la escasa comprensión del FMI de la economía tunecina y la incapacidad para diseñar alternativas a las políticas de desarrollo neoclásicas, que priorizan la estabilidad fiscal dirigida por la oferta sobre el empleo digno y la justicia social. En primer lugar, una pequeña economía muy dependiente de sus relaciones económicas con la Unión Europea difícilmente puede beneficiarse de la depreciación de la moneda si no está respaldada por medidas que promuevan la transformación estructural y protejan a los consumidores de las altas tasas de inflación. En segundo lugar, la confianza de las empresas y los inversores se basa en una variedad de factores y no necesariamente conduce a la creación de empleo sostenido y la equidad. En tercer lugar, desarrollo no significa ingeniería social y económica: la expresión “reformas bien diseñadas, bien implementadas y socialmente equilibradas” significa que las medidas de austeridad deben justificarse en nombre de una visión mecánica de la política económica.

Se necesita más que nunca una reconsideración radical de los supuestos teóricos de la agenda del FMI -en Túnez y en otras partes de la región- para dar forma a políticas macroeconómicas que promuevan efectivamente el crecimiento de la productividad y el empleo digno.


Clara Capelli, PhD. Research fellow at Cooperation Development Network