El Banco Mundial anunció durante sus Reuniones de Primavera en abril que los accionistas habían acordado un sustancial aumento de capital de USD 13.000 millones para la institución. El aumento, acordado después de las que la web de noticias Devex describió como “tensas negociaciones” está compuesto por una inyección de USD 7.500 millones para el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la rama de préstamos de ingresos medios del Banco Mundial, y USD 5.500 millones para la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del sector privado del Banco.

Como informó la agencia de noticias Reuters, “el acuerdo elevará la participación de China en el BIRF, del 4,68% al 6,01%, mientras que la participación de Estados Unidos bajará ligeramente, del 16,89% al 16,77%. Washington seguirá manteniendo su poder de veto sobre las decisiones del BIRF y la CFI”. Cediendo a una exigencia clave de Estados Unidos, destinada a reducir los préstamos a China, los accionistas acordaron cambiar las reglas de préstamo del BIRF para cobrar tasas más altas a los países en desarrollo con mayores ingresos, para desalentar el endeudamiento excesivo. Tal y como señaló en abril el secretario de Estado para el desarrollo internacional del Reino Unido, el aumento también se basa en un mayor enfoque en los Estados frágiles y el aumento de las inversiones relacionadas con el clima.

A lo largo del proceso de negociación, para obtener apoyo de la sociedad civil, la gerencia y la junta enfatizaron que el aumento de capital y otras reformas, como se describe en su Informe a los Gobernadores, darían como resultado un Banco ‘más grande y mejor’ en línea con las demandas de la sociedad civil.

Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) europeas han subrayado en varias ocasiones que los desafíos a la capacidad del Banco para cumplir sus objetivos de desarrollo no son principalmente una cuestión de recursos. En cambio, subrayaron la necesidad de reformas sustanciales a la estructura de gobierno del Banco, el desarrollo y la implementación de una política de derechos humanos, un enfoque en la adicionalidad del desarrollo y el impacto transformador de las actividades del Banco y un realineamiento de los incentivos del personal (véase el Dispatch, Spring 2018). Las OSC temían que, en ausencia de estos y otros cambios, el aumento de capital podría ir en contra del apoyo y la adhesión del Banco a los estándares internacionales de derechos humanos.