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La CFI da sus primeros pasos para abordar las quejas por la represa de Bujagali

24 July 2018 | Traducción: Gustavo Alzugaray

Después de que la presa hidroeléctrica de Uganda recibiera un refinanciamiento de la junta del Grupo del Banco Mundial (GBM) en marzo, la Corporación Financiera Internacional (CFI) anunció pasos en mayo para abordar cuestiones planteadas en reclamos previos por el Defensor del pueblo (CAO, por sus siglas en inglés), el mecanismo independiente de rendición de cuentas de la CFI.

La CFI describió las actividades iniciales con las que se ha comprometido, a fin de abordar cuestiones derivadas del proyecto denunciadas por el CAO. Estas se refieren a los casos 04, 06 y 07 de la investigación del CAO en un reclamo contra Bujagali Energy Ltd y World Power Holdings, Uganda. Aunque la CFI no ha proporcionado un cronograma para las actividades propuestas, declaró que se ha comprometido a proporcionar una actualización de los avances realizados hasta marzo de 2019. Josh Klemm, de la ONG estadounidense International Rivers, señaló que, si bien “es demasiado pronto para prejuzgar el resultado, lo más importante es que la CFI realice consultas significativas con las partes perjudicadas y reserve fondos para compensarlas”.

Antes de la decisión del Banco de aprobar el refinanciamiento, 23 organizaciones de la sociedad civil, incluida la Asociación Nacional de Ambientalistas Profesionales con sede en Uganda y el Sindicato Nacional de Personas con Discapacidad de Uganda, escribieron una carta al director ejecutivo de la CFI, Philippe Le Houérou, y a la directora ejecutiva del GBM, Kristalina Georgieva, expresando sus preocupaciones sobre problemas ambientales y sociales no resueltos relacionados con la presa, incluida la compensación por las tierras y para los trabajadores derivados de la construcción de la presa entre 2007 y 2012 (véanse los Update 55, 56, 59).

Más recientemente un reclamo presentado en 2016 sobre el área de desplazamiento medioambiental de Bujagali, Kalagala falls, ha resurgido. Como se resume en un artículo publicado por la OSC Bank Information Center de Estados Unidos, “el reclamo alega que la gerencia del banco no tomó las medidas adecuadas para proteger un área compensada que acordó … a través de un acuerdo escrito con el gobierno de Uganda, en violación de sus políticas operativas”. Se espera que la junta directiva del Banco tome una decisión en agosto sobre si esta queja justifica una investigación por parte del mecanismo de rendición de cuentas del Banco, el Panel de Inspección.