La Corte Suprema de Estados Unidos acordó en mayo escuchar el caso Jam contra la CFI y decidir si la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial, debería gozar de inmunidad en casos en los que sus acciones ocasionaron daño. La ONG estadounidense EarthRights International (ERI) señaló que la demanda, presentada por un grupo de pescadores indios perjudicados por la planta de energía a base de carbón Tata Mundra, financiada por la CFI, es un caso histórico, ya que la Corte Suprema nunca antes abordó la cuestión de “si las organizaciones internacionales [como la CFI] pueden ser demandadas, o si, como afirma la CFI, tienen derecho a una inmunidad especial frente a los tribunales estadounidenses” (véase el Observador de Primavera de 2018).

La CFI afirma que tiene inmunidad ‘absoluta’ en virtud de la Ley de Inmunidades de las Organizaciones Internacionales (IOIA, por su sigla en inglés), que otorga a las organizaciones internacionales “la misma inmunidad procesal y todas las formas de procesos judiciales de los que disfrutan los gobiernos extranjeros”. Los demandantes, sin embargo, señalan que la inmunidad de gobiernos extranjeros está ahora determinada por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIE, por su sigla en inglés) de 1976, según la cual no se puede otorgar inmunidad a los Estados en casos que surjan de sus actividades comerciales y, por lo tanto, argumentan que la inmunidad de la CFI está igualmente restringida.

Según Michelle Harrison de ERI, uno de los abogados de los demandantes, “Este caso resalta lo que debería ser un punto obvio: las instituciones que creen que están por encima de la ley, actúan de esa manera. Al elegir esconderse detrás de la inmunidad en los casos en que incluso su propio mecanismo de reclamos ha exigido medidas correctivas, la CFI socava su credibilidad como una institución que lucha contra la pobreza. Nuestros clientes creen que nadie está por encima de la ley, y creemos que la ley está de su parte. La rendición de cuentas es por su propio bien, pero además a la CFI le conviene garantizar que los costos de sus préstamos irresponsables no serán pagados por los más pobres, precisamente la gente para la que se creó la CFI”.

"Las instituciones que creen que están por encima de la ley, actúan de esa manera. Al elegir esconderse detrás de la inmunidad en los casos en que incluso su propio mecanismo de reclamos ha exigido medidas correctivas, la CFI socava su credibilidad como una institución que lucha contra la pobreza".Michelle Harrison, EarthRights International

La misión declarada de la CFI es “promover inversiones sostenibles del sector privado en los países en desarrollo, ayudar a reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas” y sus inversiones tienen como objetivo poner fin a la pobreza extrema “con la intención de ‘no dañar’ a las personas ni al medio ambiente”. La CFI debe supervisar, controlar y garantizar el cumplimiento de sus objetivos por parte de sus clientes. Sin embargo, cuando las empresas no lo hacen, la CFI no tiene autoridad para hacer cumplir la ley. Los poderes del Defensor del pueblo (CAO, por su sigla en inglés), el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI, se limitan a revisar que la CFI cumpla con sus propias Normas de Desempeño y a hacer recomendaciones pero, a diferencia de un tribunal, no tiene poder ni recursos para hacer cumplir sus conclusiones. Además, incluso cuando el CAO documenta los daños causados, la CFI no tiene recursos reservados para proporcionar compensación.

La importancia de las recientes medidas positivas adoptadas por la CFI, como el establecimiento de un nuevo marco de resultados de desarrollo, Medición y Monitoreo de Impacto Anticipado (AIMM, por su sigla en inglés) (véase el Observador de Primavera de 2018) y la reducción del número de inversiones de intermediarios financieros de alto riesgo, se ve erosionado por su insistencia en evitar la rendición de cuentas escondiéndose detrás de la inmunidad.

Si la Corte Suprema falla a favor del demandante, este caso puede allanar el camino para que las comunidades perjudicadas por las acciones de la CFI y otras organizaciones internacionales encuentren una vía de reparación legal que actualmente se les niega.