La junta de directores del Grupo del Banco Mundial aprobó un préstamo para políticas de desarrollo (PPD) de USD 35 millones para apoyar la perforación en alta mar, en Guyana, a fines de junio, incluso cuando la sociedad civil de Guyana impugna la legalidad de las licencias de producción de petróleo emitidas por su gobierno a tres compañías petroleras.
El PPD del banco está allanando el camino para la perforación en alta mar que aprovechará las principales reservas de petróleo descubiertas recientemente frente a las costas de Guyana. Según la fuente de noticias guyanés Stabroek News, el PPD “apoyará los esfuerzos de Guyana para impulsar el desarrollo del sector financiero y la gestión fiscal para preparar mejor al país para aprovechar sus reservas de petróleo y gas recientemente descubiertas”.
Informes independientes han sugerido que, además del reciente PPD, el Banco está programado para financiar una nueva unidad del gobierno para ayudar a apoyar la perforación en alta mar en Guyana. Según un artículo de mayo publicado en el medio de comunicación guyanés Demerara Waves, “Se espera que una unidad del sector de energía financiada por el Banco Mundial en el Ministerio de Economía siente las bases para una serie de proyectos importantes, incluyendo la tubería de gas natural desde un pozo petrolero ExxonMobil … para la generación de electricidad”. Según el ministro de recursos naturales de Guyana, Raphael Trotman, la unidad del sector de la energía se estableció para “permitir que Guyana obtenga un adelanto de USD 1,7 millones del préstamo de USD 20 millones” del Banco Mundial.
El Gobierno ha otorgado una licencia de producción de petróleo a tres compañías petroleras. Solo una compañía ha recibido un permiso de la Agencia de Protección Ambiental. Creemos que esto pone a Guyana en riesgo.Campaña un trato justo para Guyana
El PPD del Banco Mundial llega en un momento en que una campaña liderada por la sociedad civil, “Un trato justo para Guyana, un trato justo para el planeta”, desafía la legalidad de las licencias de producción de petróleo que el gobierno ha otorgado a empresas privadas. Las OSC señalan, “El Gobierno ha otorgado una licencia de producción de petróleo a tres compañías petroleras. Solo una compañía ha recibido un permiso de la Agencia de Protección Ambiental. Creemos que esto pone a Guyana en riesgo”. A fines de junio, el Tribunal de Apelaciones de Guyana dictaminó que el caso debe ser escuchado por segunda vez por el Tribunal Superior del país, para decidir sobre la legalidad de las licencias de producción de petróleo.
La campaña también generó preocupaciones sobre los detalles del acuerdo firmado entre el gobierno de Guyana y las tres compañías, por el que las compañías petroleras que pagan a los ministros del gobierno de Guyana un bono de USD 20 millones, según un informe en el noticiario Guyana Times. Agregaron también que “el acuerdo petrolero en sí es escandalosamente bajo: las compañías petroleras no pagarán impuestos y la regalía se establece en un irrisorio 2%”. También existen serias preocupaciones sobre los riesgos ambientales para Guyana y el resto del Caribe que plantea la producción de petróleo en aguas profundas. Según la campaña, “aun sin ningún accidente, la producción petrolera planeada producirá miles de toneladas de emisiones de gas, de líquido y de sólidos, incluyendo el vertido al mar de 4.000 barriles de aguas residuales diarias y casi 13.000 toneladas de desechos sólidos para ser depositados en tierra en Guyana”. En una escala más mundial, la campaña señala que la perforación en alta mar transformaría a Guyana de un sumidero de carbono en una fuente de emisiones de carbono, lo que socavará la lucha contra el cambio climático.
Aunque el Banco anunció en diciembre que eliminará los préstamos para proyectos de petróleo y gas “aguas arriba” después de 2019 (véase el Observador de Primavera de 2018), grupos de la sociedad civil han documentado previamente que está apoyando los combustibles fósiles a través de sus otros instrumentos crediticios, incluidos los PPD, que son ayudas presupuestarias fungibles para los países. Estos a menudo incluyen ‘acciones previas’ (es decir, condiciones específicas) requeridas para liberar los fondos; un informe de 2017 de la organización de la sociedad civil con sede en Amsterdam, Bank Information Centre Europe, descubrió que, en Egipto, Indonesia, Perú y Mozambique, las acciones previas de los PPD ayudaron a las industrias extractivas y de combustibles fósiles, sirviendo como subsidios de facto a los combustibles fósiles. Los grupos de la sociedad civil han pedido al Banco que diseñe salvaguardas ambientales y sociales apropiadas para los PPD, ya que el instrumento no está cubierto por el Marco Ambiental y Social recientemente adoptado por el Banco (véase el Observador de Verano de 2018).