Asia sigue llamando la atención como el “motor del crecimiento mundial más importante”, según la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. Sin embargo, a medida que el crecimiento en el continente se intensifica, los países están experimentando también una creciente desigualdad de ingresos y riqueza. Las disparidades de ingresos en 11 economías – alrededor de las cuatro quintas partes de la población de la región – se están ampliando y, si bien las brechas de desigualdad dentro de los países se están cerrando en otros lugares, en Asia han crecido. Según el Banco Mundial, “la desigualdad en Indonesia ha alcanzado niveles históricamente altos”, con el 10% más rico consumiendo lo mismo que el 54% más pobre en 2014, un aumento en comparación con el 42% de 2002.
Sin embargo, la desigualdad no es un fenómeno reciente. En contextos de desigualdades ya agudas en la década de 1980, el Banco Mundial y el FMI extendieron paquetes de préstamos con estrictas condiciones de devolución que obligaron a los países prestatarios a alinear sus políticas económicas a enfoques basados en el mercado. Invadiendo profundamente la política económica nacional, los programas de ajuste estructural (PAE) exigieron flujos transfronterizos de bienes, servicios y capital sin restricciones, privatización de las empresas estatales, impuestos de base amplia y recortes del gasto social como parte de las medidas de austeridad.
Los PAE no lograron sus objetivos declarados de, entre otros, aumentar la capacidad industrial y la competitividad. Los déficits comerciales y de cuenta corriente crecieron a medida que se imponía este modelo extractivo, agravando la situación de la deuda externa que las instituciones financieras internacionales (IFI) intentaron resolver en primer lugar con los PAE.
Recuerda al emperador insistiendo en que está usando ropa nueva, ya que las IFI esencialmente persiguen el mismo camino neoliberal que nos llevó a donde estamos ahora
En Bangladesh, la rápida eliminación de los aranceles, “abrió una esclusa de importaciones de las empresas transnacionales mejor financiadas”. En Filipinas, un hasta entonces vigoroso sector de confección se contrajo cuando mercancía más barata inundó el mercado, lo que condujo a una caída en la demanda de las exportaciones.
El fomento de la flexibilidad del mercado y los límites salariales de los PAE causaron fuertes golpes a los derechos laborales. Además de promover el estancamiento salarial, impidieron la protección de la negociación colectiva y de los derechos de asociación. La flexibilización del trabajo trajo una mayor inseguridad laboral, especialmente para las mujeres, que ya eran marginadas debido a empleos inseguros y con salarios bajos. Así, incluso sin referencias específicas a las condiciones laborales, los PAE “[representaron] un cambio sustancial en el equilibrio político de poder entre los trabajadores organizados y las empresas en los países receptores, ya que las agrupaciones de trabajadores [perdieron] influencia en beneficio del capital”, según una investigación de la revista International Union Rights. La persistencia del apoyo de las IFI a la flexibilización del mercado de trabajo se ha evidenciado más recientemente en el borrador del Informe Sobre el Desarrollo Mundial 2019 del Banco Mundial, sobre la naturaleza cambiante del trabajo, que ha desatado muchas críticas (véase el Observador de Verano de 2018).
Los mayores beneficiados por estas políticas son las élites ricas, políticamente bien colocadas, y las empresas multinacionales. A medida que estos problemas se notan en las mediciones más contemporáneas de desigualdad, destacan los resultados persistentemente adversos de la política neoliberal sobre los trabajadores pobres. Un tercio de los trabajadores de la región sigue estando por debajo del umbral de pobreza internacional de USD 1,90/día del poder adquisitivo. La Organización Internacional del Trabajo observó que, en el sudeste asiático, el crecimiento es aún más lento que en Asia meridional y Asia oriental.
Muchas mujeres en empleos mal remunerados e inseguros se encuentran entre las más afectadas por los impuestos regresivos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que son impulsados por el Fondo (véase el informe de BWP, El FMI, la igualdad de género y el IVA). Bangladesh, Filipinas y otros países en desarrollo promulgaron leyes sobre el IVA como parte de los acuerdos de préstamo con las IFI. Todavía comunes hoy en día, las condicionalidades relacionadas con los impuestos en los acuerdos de préstamo, incluyendo la implementación o el aumento del IVA, se elevaron diez veces en todo el mundo entre 2006 y 2010.
En cualquier crisis, aquellos que no tienen los medios y el apoyo para sobrevivir a los shocks externos sufren las consecuencias más duras. Según el propio Banco Mundial, muchos países asiáticos en desarrollo, incluidos los receptores de préstamos de las IFI, están además marcados por sistemas de salud pública insuficientemente equipados y mal dotados de personal. En 2010 Asia tenía la mayor concentración de personas con “gastos de salud catastróficos” (es decir, que excedían la capacidad de pago de un hogar) y la tasa más alta de “gasto de salud empobrecedor” o que debían recortar otros elementos esenciales ante un evento de salud adverso.
La crisis climática también ilustra claramente cómo los riesgos se multiplican por las desigualdades de ingresos, acceso y oportunidades. Seis de los 10 países más amenazados por el clima están en Asia. En estos países y en otras regiones en desarrollo, las tasas de mortalidad por desastres climáticos son de cuatro a cinco veces más altas que en los países desarrollados. Millones de personas supuestamente favorecidas por el crecimiento en las últimas dos décadas están siendo empujadas nuevamente a la pobreza, aun así, las IFI continúan invirtiendo en combustibles fósiles que amenazan el clima. La Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial, por ejemplo, es actualmente objeto de un reclamo presentado por el Movimiento Filipino por la Justicia Climática ante el Defensor del Pueblo de la CFI por la supuesta ayuda financiera a 19 centrales eléctricas de carbón activas o propuestas, a través de la inversión en intermediarios financieros en Filipinas (véase el Observador de Invierno de 2017-2018).
La privatización, un pilar clave de los PAE, ha sido recientemente cumplida con un creciente rechazo, tal como lo demuestra el éxito de la sociedad civil de Indonesia en su reclamo por los servicios de agua luego de la privatización impuesta como condición para el préstamo en la década de 1990. Sin embargo, esta sugerencia de política persiste, junto con los recortes del gasto social, los topes salariales, la reducción de las contribuciones sociales de los empleadores, el enfoque en la pobreza en lugar de la protección social universal y las tributaciones regresivas en lugar de pronunciadamente progresivas. Los puntos de vista menos ortodoxos de algunos informes del personal, tales como el aumento de las inversiones públicas, un mayor impuesto sobre la riqueza y la carga de un impuesto sobre las transacciones financieras, no parecen haber hecho mella en las declaraciones de política ni, mucho menos, en la política real. Sin un cambio del neoliberalismo fiscal, esta “hibridación” en el pensamiento de las IFI no puede ser más que parte de los esfuerzos para salvar su legitimidad y relevancia en caída.
Las observaciones desechables de los altos funcionarios de las IFI, como las de Lagarde, de que “ya no hacemos eso [condicionalidad]”, sólo muestran lo que hay detrás de sus pronunciamientos de cambio y reforma. Recuerda al emperador insistiendo en que está usando ropa nueva, ya que las IFI esencialmente persiguen el mismo camino neoliberal que nos llevó a donde estamos ahora – en una trampa de desigualdad que se extiende a través de generaciones, del pasado y del presente.
Se necesita un encuadre justo de esta narrativa de manera urgente – uno que haga que las IFI, los Estados cómplices y las élites rindan cuentas por su papel clave en la profundización de la desigualdad, fundamentada en las experiencias de pobreza y privación vividas. Pero lo que es más importante, esta narrativa alternativa debe ser esperanzadora: se requiere un llamamiento a acciones transformadoras para poner fin a la desigualdad y la injusticia en todas sus formas. Desde las oleadas de oposición de los del Norte y de las recientes protestas en Medio Oriente a los movimientos de resistencia en Asia que se intensificarán más allá de las Reuniones Anuales de 2018, esa narrativa ya está siendo escrita por los pueblos del Sur.
Jubilee South Asia Pacific Movement on Debt and Development (JSAPMDD) es una alianza regional de movimientos de pueblos, organizaciones comunitarias, coaliciones, ONG y redes que buscan cambios transformativos; su trabajo actual se enfoca en la justicia climática y las finanzas para el desarrollo.
