Con motivo de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI en Bali, Indonesia, un grupo de más de 5.700 mujeres activistas de Indonesia llaman a los grupos internacionales de la sociedad civil para que se unan a ellas en su esfuerzo por asegurar que el gobierno cumpla con la decisión de la Corte Suprema de prohibir la privatización del agua en Yakarta.

La privatización del agua en Yakarta comenzó en 1997 cuando, debido a la incapacidad de la empresa municipal PT PAM Jaya de proporcionar acceso universal al agua, y siguiendo los consejos del Banco Mundial, el entonces presidente Suharto ordenó la privatización de los servicios. En 1991 el Banco Mundial prestó USD 92 millones para mejorar los servicios de PT PAM Jaya pero, cinco años después, sólo el 45,3% de los hogares tenía cobertura de agua potable y la empresa fue incapaz de recuperar el 57% de sus costos. En 1997 PT PAM Jaya firmó un contrato de 25 años con empresas francesas y británicas para administrar los servicios de abastecimiento de agua para Yakarta.

El pasado mes de abril la Corte Suprema determinó que los operadores privados de agua no estaban protegiendo el derecho humano al agua de los residentes. Por esa razón, decidió que estos contratos violan la ley y ordenó al gobierno de Yakarta restablecer los servicios públicos de agua. A la luz de la larga resistencia de la sociedad civil contra la privatización de los servicios, la preocupación crece debido a la tendencia reciente del del Banco de apoyar la inversión del sector privado para el desarrollo, a través de la iniciativa Maximizar el Financiamiento para el Desarrollo, que promueve la privatización a través de Asociaciones Público-Privadas (APP) (véanse el Observador de Verano de 2017 y de Invierno de 2017-2018).

También vemos el impacto en la calidad y el acceso a los servicios, cuando la maximización de los beneficios se convierte en el imperativo.Sandra Vermuyten, Public Service International (PSI)

Public Services International (PSI) lanzó una llamada a la acción en 2016 para presionar al Banco para que deje de promover la privatización del agua a través de las APP (véase el Observador de Verano de 2016). Sandra Vermuyten, de PSI, comentó: “nos oponemos a reducir los salarios y las condiciones laborales para aumentar los dividendos de los accionistas y las ganancias empresariales. También vemos el impacto en la calidad y el acceso a los servicios, cuando la maximización de los beneficios se convierte en el imperativo. El acceso universal a los servicios públicos de calidad es uno de los pilares clave de las sociedades justas y equitativas. La privatización sólo garantiza que los ricos se enriquezcan y que la desigualdad mundial aumente”. Vermuyten señaló además que, “el Banco debe evaluar también la creciente ola de remunicipalización, en la que ciudades de todos los tamaños y espectros políticas están devolviendo servicios privatizados a la propiedad y gestión pública. En su lugar, sugerimos que el Banco Mundial apoye las alianzas público-públicas. Estas propuestas ayudarían al Gobierno de Yakarta a reconstruir una empresa pública capaz de asegurar que todos los habitantes de Yakarta puedan disfrutar de su derecho humano al agua”.