Un informe de octubre de Philip Alston, el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, sobre el efecto de la privatización en los derechos humanos, criticó duramente su promoción agresiva por parte del Banco Mundial y el FMI, argumentando que la privatización generalizada de bienes públicos en muchas sociedades está “eliminando de forma sistemática la protección de los derechos humanos y marginando aún más a quienes viven en la pobreza”.

Siguiendo los pasos de numerosos informes de la ONU, este informe advirtió contra un “tsunami de privatización sin control” que ha transformado los argumentos para la reducción del déficit fiscal en una ideología de gobernanza que devalúa los bienes y servicios públicos (véase el Observador de Primavera de 2017 y el de Otoño de 2017). El FMI y el Banco Mundial, afirma, están en el centro de este proceso.

El Banco Mundial allana el camino para la financiación

En un informe de 1992 el Banco Mundial declaró que: “Prácticamente no hay límites en lo que se puede privatizar”. Más de dos décadas más tarde la Base de Datos de Participación Privada en Infraestructura del Banco, que rastrea proyectos en 139 países, registró USD 1,76 billones en inversión privada total. De hecho, al comentar sobre los Miles de Millones a Billones del Banco y las subsiguientes agendas como Maximizar el Financiamiento para el Desarrollo, que priorizan explícitamente el financiamiento privado y apuntan al sector privado como solución, Alston señaló que esto conlleva que “las empresas rentables se reserven al sector privado y que las actividades no rentables sigan siendo financiadas públicamente” (véase el Observador de Verano de 2017).

Revertir la presunción, ahora totalmente aceptada por actores como el Banco Mundial, de que la privatización es la configuración por defecto y que el papel del sector público es el de un actor de último recurso que hace lo que nadie más puede o quiere hacer.Philip Alston, relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos

El informe sostiene que los voluminosos materiales que promueven esta “solución totalmente unilateral para la financiación del desarrollo” no mencionan sus implicaciones para los derechos humanos, lo que agrega peso a la resistencia de la sociedad civil al apalancamiento de la inversión del sector privado por parte del Banco (véase el Observador de Verano de 2017 y el de Invierno de 2017-2018). Por ejemplo, a principios de este año, 5.700 activistas indonesias lucharon para garantizar que el gobierno cumpliera con la decisión de la Corte Suprema de Indonesia de prohibir la privatización del agua en Yakarta, que se planeó inicialmente siguiendo el consejo del Banco Mundial (véase el Observador de Otoño de 2018).

El informe de Alston también señaló que, a diferencia del seguimiento del desempeño empresarial, los estudios de impacto sobre los derechos humanos y la pobreza eran raros para los proyectos del sector privado. Un informe de 2017 de Zeid Ra’ad Al Hussein, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lamentó que si bien “la infraestructura, cuando está bien concebida e implementada, es vital para el respeto de muchos derechos humanos … los derechos humanos rara vez se respetan más que de boca hacia afuera [en] el mundo machista de la mega infraestructura” (véase el Observador de Verano de 2017).

Una recomendación central en el informe de Alston es la llamada a “revertir la presunción, ahora totalmente aceptada por actores como el Banco Mundial, de que la privatización es la configuración por defecto y que el papel del sector público es el de un actor de último recurso que hace lo que nadie más puede o quiere hacer”.

FMI y privatización: Una amistad secreta

En 2014, cuando se le preguntó sobre el legado de los Programas de Ajuste Estructural del FMI, la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, respondió: “¿Ajuste estructural? Eso fue antes de mi época, no tengo idea de lo que es. Ya no hacemos eso”. En contraste, el informe de Alston declaró que mientras el Fondo “afirma haber introducido cambios importantes en algunas de sus políticas de la era del Consenso de Washington, el énfasis en la privatización de una gama de empresas y actividades del sector público continúan ocupando un lugar destacado”.

El informe incluye una evaluación de diez informes recientes del personal del Artículo IV de África, la herramienta del Fondo para llevar a cabo la vigilancia económica a nivel de país (véase Al interior de las instituciones), lo que revela que el FMI promovió la privatización en seis casos, con la mayoría de gobiernos restantes demostrando un compromiso con las asociaciones público-privadas (APP) y proyectos asociados. Incómodamente para el FMI, estos hallazgos se publicaron pocos días después de que el FMI publicara una nota de advertencia contra las APP, en la que enfatiza que “mientras que a corto plazo las APP pueden parecer más baratas que la inversión pública tradicional, con el tiempo pueden resultar más caras y socavar la sostenibilidad fiscal”.

El informe de Alston destacó además la manera indirecta en que se puede promover la privatización, mediante la cual la consolidación fiscal alienta a los gobiernos a retirarse de la prestación de servicios directos. Según una nueva investigación realizada por la red de la sociedad civil con sede en Bruselas, Eurodad, 23 de los 26 préstamos del FMI aprobados en 2016 y 2017 tenían como objetivo lograr la consolidación fiscal, con 30 condiciones estructurales incluidos en estos programas que exigen, explícitamente, medidas de privatización.