Género

Análisis

El enfoque instrumental de género de las instituciones de Bretton Woods ignora el elefante estructural en la sala

22 January 2019 | Análisis externo | Traducción: Gustavo Alzugaray

Anti-austerity demonstration - Credit: Peter Damian

El enfoque que el FMI y varios estados miembros han adoptado recientemente para abordar la desigualdad de género parece ser principalmente instrumental, más que sujeto a un enfoque basado en los derechos humanos que enmarque el logro de la igualdad de género como un objetivo en sí mismo. El informe que se presentó hace unas semanas a la Asamblea General de las Naciones Unidas, tras décadas de análisis y trabajo feminista, documenta las deficiencias de este enfoque y cómo la austeridad apoyada por el FMI sigue afectando más gravemente a las mujeres.

El enfoque instrumental entra en serio conflicto con la importancia intrínseca de la igualdad de género como un componente clave de las normas sobre derechos humanos, en particular a la luz de las políticas económicas propuestas y promovidas por las instituciones financieras internacionales (IFI) en los últimos años. Si bien algunas investigaciones muestran que garantizar ciertos derechos humanos es bueno para el crecimiento y para la distribución de sus beneficios, no hay evidencia concluyente que demuestre que la igualdad de género siempre es buena para el crecimiento. De hecho, otra evidencia demuestra que la desigualdad de género puede conducir a algunas formas de crecimiento económico.

Camboya, por ejemplo, ha experimentado un impresionante crecimiento económico en las últimas dos décadas, atribuido a las exportaciones de prendas de vestir y calzado, que representan un 80% de sus ingresos por exportaciones. Si bien la fuerza laboral de esta industria está compuesta casi exclusivamente por mujeres, la brecha salarial de género en el país se duplicó con creces entre 2004 y 2009, lo que plantea la cuestión de si la ventaja competitiva de Camboya depende, al menos en parte, de las mismas estructuras que mantienen y exacerbar la discriminación de género y la desigualdad.

Incluso en 2018, el FMI y el Banco Mundial continuaron prescribiendo políticas que socavan la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres.

Aunque, en teoría, las justificaciones instrumentales podrían complementar los derechos humanos, las tendencias mundiales sugieren que esto no está sucediendo y que estamos avanzando hacia una desigualdad cada vez mayor.

Los programas de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial en las décadas de 1980 y 1990 fueron criticados por imponer severas medidas de austeridad que impactaron de manera significativa y desproporcionada a los pobres y agravaron la desigualdad, incluida la de género. Sin embargo, esto no es solo una crítica del pasado, porque incluso en 2018, el FMI y el Banco Mundial continuaron prescribiendo políticas que socavan la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres (véase el Observador de Verano de 2017 y el de Primavera de 2018). Algunas de estas incluyen focalizar los subsidios a los alimentos, privatizar los servicios públicos, reducir el tamaño de las redes de seguridad social y recortar los salarios, junto con la desregulación laboral, las reducciones en las pensiones, los recortes en el servicio público y los regímenes de impuestos regresivos mediante la introducción o el aumento del IVA al tiempo que se reducen las tasas impositivas empresariales (véase el informe de BWP, El FMI, la igualdad de género y el IVA).

La efectividad del enfoque de las IFI sobre la igualdad de género también plantea preguntas importantes que son relevantes para los debates sobre las políticas en curso, como la reducción de la cobertura de los beneficios de protección social, la contracción del espacio fiscal para servicios sociales y las inversiones en proyectos de mega-infraestructura en lugar de aquellos sostenibles y sensibles al género. El fracaso del FMI en el abordaje de las barreras estructurales que impiden el pleno goce de los derechos económicos y sociales de las mujeres, como la violencia contra las mujeres y las niñas, y su silencio continuado sobre los impactos de los flujos financieros ilícitos, los regímenes de impuestos regresivos y la privatización de los servicios públicos que afectan los derechos humanos de las mujeres son también un reflejo de los puntos ciegos del FMI cuando se trata de intervenciones a través de políticas de género justas.

Mientras tanto, el “trabajo de género” del FMI sigue enfocándose, en gran medida, en los efectos positivos que cerrar las brechas de género en la participación de la fuerza laboral tiene sobre el crecimiento. Si bien podría darse el caso de que una política específica que aliente a las mujeres a ingresar en la fuerza laboral remunerada sea buena para el crecimiento, si ese ingreso no es en igualdad de condiciones con los hombres y no se presta atención a los estándares de “trabajo digno” acordados internacionalmente, ésta podría reforzar la desigualdad de género al construir una economía en torno a desigualdades estructurales integradas en los mercados laborales.

De manera similar, si bien la Estrategia de Género 2016-2023 del Banco tiene en cuenta algunos obstáculos para la participación económica de las mujeres, algunos sostienen que se necesitaría una comprensión más amplia del empoderamiento económico de las mujeres en áreas relacionadas con el trabajo para lograr una igualdad sustantiva y que el Banco continúa presionando por las mismas políticas macroeconómicas que el FMI. El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2019 sobre la naturaleza cambiante del trabajo, constituye la prueba más reciente de la agenda pro-negocio y orientada al crecimiento que infravalora los derechos laborales y la igualdad de género, sobre la cual escribí una carta al Banco en agosto (véase el Observador de Invierno de 2018).

Parece que estas instituciones están descuidando las formas en que la mayor parte de sus recetas de políticas macroeconómicas continúan socavando los derechos de las mujeres y la igualdad de género, así como las condiciones macroeconómicas e institucionales necesarias para promover la igualdad de género. Como mínimo, las IFI deben evaluar y abordar los daños causados a los derechos de las mujeres por su propio asesoramiento sobre políticas, alentar las voces de las personas más afectadas y ayudar a los gobiernos a ir creando de forma progresiva el espacio fiscal necesario para cumplir sus obligaciones relativas a los derechos humanos.


Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos