El 31 de octubre el Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó los argumentos orales sobre el caso Jam versus la CFI, presentado por una comunidad pesquera local perjudicada por la central eléctrica de Tata Mundra en Gujarat, India, que fue financiada parcialmente por la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial. Como señaló la organización no gubernamental estadounidense EarthRights International, que representa a las comunidades afectadas, la demanda contra la CFI se presentó después de que la comunidad no lograra obtener una solución de la CFI ni de su cliente (véase el Observador de Verano de 2018).

El Tribunal supremo de Estados Unidos está decidiendo sobre la cuestión de la ‘inmunidad absoluta’ de la CFI, que según la organización se basa en la Ley de Inmunidad de Organizaciones Internacionales (IOIA, por su sigla en inglés) de 1945, que otorgó a las organizaciones internacionales la misma inmunidad frente a la justicia   que tienen los gobiernos extranjeros. Los demandantes, por otro lado, argumentan que la inmunidad de los gobiernos extranjeros ahora está regulada por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de 1976, según la cual ciertas categorías de demandas, como las relacionadas con actividades comerciales con fines de lucro, están exentas de inmunidad (véase el Observador de Verano de 2018).

La pregunta clave en el caso es si la inmunidad de las organizaciones internacionales se refiere al momento de la demanda, o al momento en que se promulgó la IOIA. Durante la vista oral, Jeffrey Fisher de la Escuela de Derecho de Stanford, que representó a los demandantes, argumentó que “la palabra ‘está’ en la jurisprudencia de este tribunal siempre, siempre significa en el momento de la demanda, no en el momento en que se aprobó el estatuto”. En contraste, la CFI argumentó que la IOIA “prescribe un estándar de inmunidad absoluta virtual que está fijado y no evoluciona”. El representante del gobierno federal de Estados Unidos, Jonathan Ellis, señaló que los demandantes tienen una “mucho mejor lectura” de la frase estatutaria. Sin embargo, expresó dudas sobre la capacidad del caso de cumplir con la excepción de las actividades comerciales de la ley de 1976.

Se espera que el Tribunal Supremo tome una decisión en verano de 2019.