En octubre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial emitió una declaración en la que expresa su posición sobre las represalias de sus clientes contra la sociedad civil o las partes interesadas del proyecto. De acuerdo con el texto, “La CFI no tolera ninguna acción por parte de un cliente de la CFI que tome represalias, incluyendo amenazas, intimidación, hostigamiento o violencia, contra quienes expresan su opinión sobre las actividades de CFI o de nuestros clientes. Tomamos en serio cualquier acusación creíble de represalias”.

La declaración se produjo después de que Defenders in Development, una campaña lanzada en 2016 por la Coalition of Human Rights in Development, publicó una carta abierta en la que condenaba el aumento de la violencia contra los activistas de los derechos humanos y el desarrollo. Según la ONG internacional Global Witness, 2017 fue el año más letal registrado para los defensores de la tierra y el medio ambiente, ya que “al menos 207 defensores de la tierra y el medio ambiente … líderes indígenas, activistas comunitarios y ambientalistas fueron asesinados tratando de proteger sus hogares y comunidades de minería, agroindustria y otras industrias destructivas”.

La coalición acogió con satisfacción la declaración de la CFI, pero imploró a las instituciones de desarrollo como el Banco Mundial que desarrollen procedimientos más específicos, en particular en el contexto de su actual impulso a la privatización a través de su enfoque de Maximización de la Financiación para el Desarrollo (véase el Observador de Verano de 2017). Como señaló Gretchen Gordon, de Defenders in Development, “Instamos a la CFI a desarrollar un enfoque integral y detallado de este problema que integre no solo la evaluación de los riesgos de represalias y que aborde los riesgos a medida que surjan, sino un compromiso proactivo para evitar represalias, una robusta diligencia debida en materia de derechos humanos, el compromiso de las partes interesadas sensibles a las represalias y un protocolo de respuesta para que cuando se materialicen las amenazas y las represalias, la institución esté en posición de responder de manera oportuna y eficaz para minimizar y remediar los daños, y prevenir futuros ataques”.