Rendición de cuentas

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La Corte Suprema de Estados Unidos falla contra el reclamo de inmunidad absoluta del Banco Mundial

17 April 2019 | Traducción: Gustavo Alzugaray

Tata Mundra power plan in Gujarat, India.

Tata Mundra power plant. Credit Joe Athialy

A finales de febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos falló contra el reclamo de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial, de inmunidad absoluta frente a demandas en Estados Unidos. El caso fue presentado por una comunidad de pescadores indios, representada por EarthRights International y Stanford Law School Supreme Court Litigation Clinic, que demandaron a la CFI por el daño ocasionado por la planta de energía a carbón Tata Mundra, financiada con USD 450 millones por la CFI en Gujarat, India (véase el Observador de Verano de 2018).

La CFI reclamó inmunidad absoluta en virtud de la Ley de Inmunidad de Organizaciones Internacionales (IOIA, por su sigla en inglés) de 1945, que garantiza a las organizaciones internacionales la misma inmunidad que gozan los gobiernos extranjeros en los tribunales estadounidenses. La inmunidad de los gobiernos extranjeros está ahora determinada por la Ley sobre Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por su sigla en inglés), de 1976, en virtud de la cual no puede concederse la inmunidad de los Estados en casos derivados de actividades comerciales.

La histórica decisión (7-1) de la Corte Suprema sentenció que la inmunidad de los gobiernos extranjeros está restringida por la FSIA y que “la Corporación Financiera Internacional no tiene inmunidad absoluta contra demandas”. La CFI respondió a esta decisión en una declaración que va a “trabajar para garantizar que esta decisión no afecte nuestra capacidad de cumplimiento con nuestros países socios y no obstaculice nuestra misión”.

Para las comunidades que han estado en el extremo receptor de los proyectos ... este juicio es una revelación. No es que cada uno de ellos vaya a llevar estas instituciones a la corte, pero con el empoderamiento de este juicio la ecuación de poder entre los dos se ha inclinado un poco más a favor de la gente.Joe Athialy, Centre for Financial Accountability

El Defensor del Pueblo (CAO, por su sigla en inglés), el mecanismo de rendición de cuentas independiente de la CFI, tiene un mandato limitado ya que no puede obligar a la CFI a cumplir con sus recomendaciones (véase el Observador de Invierno de 2018). Además, la CFI carece de recursos designados para abordar los daños causados por los proyectos que financia. Kindra Mohr, de la organización de la sociedad civil (OSC) estadounidense Accountability Counsel, señaló que, “Sería lo más conveniente para el Grupo Banco Mundial garantizar que estos mecanismos [de rendición de cuentas] fueran plenamente efectivos”, lo que potencialmente evitaría que casos como este llegaran a los tribunales.

Tal como señaló Joe Athialy, de la OSC india Center for Financial Accountability,“Para las comunidades que han estado en el extremo receptor de los proyectos … este juicio es una revelación. No es que cada uno de ellos vaya a llevar estas instituciones a la corte, pero con el empoderamiento de este juicio la ecuación de poder entre los dos se ha inclinado un poco más a favor de la gente”.

Quedan dudas aún  sobre si la financiación del desarrollo constituye una ‘actividad comercial’ en el marco de la FSIA, lo que ahora se probará en un tribunal de Washington D.C.