En febrero la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT) y el gobierno tunecino firmaron un acuerdo que incrementó los salarios del sector público, tras dos exitosas huelgas generales en 2018. Esto constituye una victoria para el movimiento sindical tunecino contra los dictados del FMI para reducir la factura salarial pública, independientemente de los costos sociales y el contexto de transición específico de Túnez. De hecho, en el marco del programa del FMI, la moneda tunecina ha perdido más del 90% de su valor en los últimos cinco años, la inflación alcanzó niveles récord en 2018, mientras que el empleo se ha estancado y el crecimiento se ha reanudado lentamente. Todo esto se suma a un clima social cada vez más tenso, como lo demuestran las huelgas de la UGTT. Tal victoria ilustra el papel clave que desempeña la UGTT en la movilización de trabajadores y ciudadanos para defender los derechos económicos y sociales.
En una región que vive bajo el imperio de las dictaduras y la arbitrariedad que siguieron a la Primavera Árabe, Túnez es el último candidato serio que queda en carrera por lograr una transición democrática y económica ejemplar, basada en los valores universales de los derechos humanos y la igualdad de género.
En lo político, el éxito del Diálogo Nacional de 2014 ha permitido una transición fluida con una elección democrática sucesiva. En cuanto al plan económico, se ha establecido un consenso sobre la necesidad de romper las reglas del juego de la economía, caracterizado por la proliferación de actividades rentistas que benefician a los cercanos al poder, el fraude tributario, una larga economía informal y corrupción que socavan sistemáticamente casi todas las transacciones económicas.
Como de costumbre, el FMI ha llegado a Túnez con recomendaciones genéricas que trata de imponer sin considerar el contexto sociopolítico tunecino ni copnsultar realmente con los interlocutores sociales. Noureddine Taboubi, secretario general, Unión General de Trabajadores de Túnez
Las expectativas de los tunecinos en medio del Diálogo Nacional eran claras: desatar el potencial de la economía tunecina y aprovechar su juventud educada y la riqueza natural y cultural de las diferentes regiones de Túnez, al tiempo que se responde a las apremiantes necesidades de poblaciones marginadas, en particular de los jóvenes desempleados.
Las reformas necesarias para aplicar esta visión requerían políticas económicas expansivas para mejorar rápidamente las condiciones de vida y crear nuevas oportunidades económicas, teniendo en cuenta un conjunto de limitaciones vinculantes relacionadas con el contexto político de la transición. Estas incluían, en particular, el difícil entorno regional – en especial para Libia, vecino de Túnez – y las amenazas terroristas que se ciernen sobre toda la región.
Tal transición democrática y económica habría necesitado importantes recursos financieros y políticas económicas no convencionales apoyadas por sus socios y amigos. Sin embargo, la confianza de las autoridades en el FMI, con la esperanza de obtener acceso a financiación asequible, frenó las esperanzas de los tunecinos de romper con el antiguo sistema y poner al país en un nuevo camino de desarrollo.
De hecho, en su forma habitual, el FMI ha aterrizado en Túnez con recomendaciones genéricas que intenta imponer sin considerar el contexto sociopolítico tunecino y sin consultas reales con los interlocutores sociales. El FMI ha impuesto nuevas políticas basadas en la reducción de la masa salarial, la depreciación de la moneda nacional, la reducción de la función reguladora del Estado, el fomento de las asociaciones público privadas y la eliminación de los subsidios alimentarios y energéticos, sin considerar las consecuencias imprevisibles para la estabilidad social y la cohesión.
El FMI ha apoyado al gobierno en la consecución de las políticas mencionadas, mientras hace la vista gorda ante las verdaderas prioridades del país de: (i) garantizar la justicia tributaria estableciendo un sistema tributario eficiente y equitativo, (II) recuperar las deudas tributarias que representan más del 8% de PIB nacional, (III) reformar el sistema bancario para movilizar recursos sostenibles para la inversión, (IV) imponer restricciones cuantitativas a las importaciones y al comercio ilegal para proteger a los consumidores y las empresas nacionales y (v) romper definitivamente con políticas de mercado laboral ineficaces y aplicar políticas estructurales capaces de reducir la tasa de desempleo, que se sitúa en más del 15% y afecta a más del 30% de los jóvenes.
Lamentablemente, el FMI apoya ciegamente las políticas que ignoran los verdaderos problemas nacionales y se esconden tras el espejismo de la estabilidad macroeconómica, en ausencia de una visión coherente del desarrollo económico.
El FMI debe recordar que, en 2010, Túnez fue aclamado como el alumno modelo de los donantes internacionales, con un déficit presupuestario del 1%, una deuda del 40% del PIB y una inflación del 3%, mientras más del 20% de la población vivía en la pobreza y más de la mitad de los trabajadores se dedicaban al trabajo informal. El FMI debe romper su enfoque actual y colocar los derechos humanos en el centro de sus programas, de conformidad con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las evaluaciones del impacto de las reformas económicas sobre los derechos humanos (véase el Observador de Primavera de 2019). Al insistir con sus políticas actuales, el FMI contribuirá indudablemente a romper el sueño tunecino y estará entre los responsables del regreso de la dictadura y la migración clandestina de los jóvenes desesperados. Túnez y todos los países en desarrollo merecen algo mucho mejor que estas políticas ciegas.
