En febrero el experto independiente de la ONU sobre deuda extranjera y derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, presentó los nuevos Principios Rectores (PR) sobre las evaluaciones de impacto de los programas de reforma económica sobre los derechos humanos en la 40ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU. Los PR, que fueron bien recibidos por varios países, son el resultado de un proceso de redacción de dos años que incluyó un amplio proceso de consulta, incluso con el FMI. Estos proporcionan orientación práctica para ayudar a los Estados, las instituciones financieras internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, las instituciones nacionales de derechos humanos y otras partes interesadas en la evaluación de las políticas de reforma macroeconómica, de acuerdo con la legislación y las normas sobre derechos humanos actuales. En una carta conjunta de febrero las organizaciones europeas de la sociedad civil pidieron a sus gobiernos y a la UE que respalden y hagan uso de los PR; el FMI todavía tiene que tomar una posición pública sobre ellos.
En uno de los debates del panel, la representante de Grecia ante las Naciones Unidas, Anna Korka, reflexionó sobre las experiencias de Grecia durante su reciente crisis financiera en el marco de los programas de préstamos del FMI y la UE (véase el Observador de Otoño de 2018). Refiriéndose al limitado espacio para la elaboración de políticas como ‘un gran impedimento’ para la capacidad del gobierno griego de aliviar el sufrimiento de los grupos más vulnerables, Korka observó que a pesar de que las evaluaciones de impacto se están convirtiendo en ‘la norma’ en un entorno internacional donde “la debida diligencia en cuestiones de derechos humanos está evolucionando para ser una condición previa”, el estudio de los impactos de las condiciones de los préstamos a Grecia “simplemente no fue una de las prioridades … Se dió prioridad absoluta a la restauración de la confianza empresarial y la competitividad internacional”.
A pesar de la amplia evidencia de que los programas de austeridad que siguieron a la crisis financiera de 2008 han tenido y siguen teniendo un efecto corrosivo en el goce de los derechos humanos, este enfoque sigue siendo el modus operandi de los programas del FMI en particular, tal como demostró la ONG belga EURODAD en noviembre de 2018, al constatar que la mayor parte de los programas del FMI continúan exigiendo la consolidación fiscal. Un análisis de enero de Timon Forster et al. también demostró que los programas de préstamos del FMI agravan la desigualdad de ingresos.
El estudio de los impactos de las condiciones de los préstamos a Grecia “simplemente no fue una de las prioridadesAnna Korka, representante permanente de Grecia ante las Naciones Unidas en Ginebra
Los encargados de formular las políticas estarán atentos al Banco Mundial y el FMI, en particular por sus posiciones sobre esta nueva herramienta. Esto será particularmente pertinente para los países que han respaldado los PR, como Egipto, Jamaica, Pakistán y Túnez, que están negociando programas en curso o potenciales con el FMI. En esos casos, los PR podrían servir para reforzar la posición negociadora de los países miembros comprometidos a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos frente a la presión de los acreedores internacionales.
