Contenido
2.1. Subrepresentación estructural del Sur Global.
2.2. Socavando la propiedad democrática.
2.3. Toma de decisiones sesgada e inconsistente.
2.4. Limitada habilidad para aprender de errores pasados.
2.5. Impunidad efectiva por los daños causados.
3.1. Restringiendo el entorno macroeconómico para los derechos humanos.
3.2. Causando grandes daños a través de proyectos de desarrollo.
3.3. Falta de evidencia de impactos positivos…
3.4. … sin medir impactos dañinos.
4.1. Un modelo basado en el crecimiento sostenible.
4.2. Continuas inversiones en combustibles fósiles.
4.3. Enfoque en mega-proyectos.
1. Contexto histórico de las críticas al FMI y el Banco Mundial.
Fundadas en 1944, el Grupo Banco Mundial (GBM o el Banco) y el Fondo Monetario Internacional (FMI o el Fondo) son instituciones intergubernamentales gemelas de gran influencia en la configuración de la estructura del orden financiero y de desarrollo mundial. También conocidas como las instituciones Bretton Woods (IBW), éstas fueron inicialmente creadas con la intención de reconstruir el sistema económico internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Las decisiones claves que llevaron a su creación fueron lideradas principalmente por Estados Unidos (EE.UU.), y en menor medida por Reino Unido. Ambas instituciones se vieron significativamente influidas por la fortaleza geopolítica de EE.UU durante el periodo postguerra. Los mandatos, enfoques y programas de ambas instituciones han evolucionado mucho con el tiempo, como se demostró, por ejemplo, en el cambio de su rol fundamental como diseñadores del régimen de tipo de cambio fijo creado por el Sistema Bretton Woods, a su promoción activa de un sistema de tipo de cambio fluctuante después del colapso del mismo en 1973. Sus funciones se detallan en los Artículos del Acuerdo del Banco Mundial y el FMI respectivamente (ver también BWP, Qué son las Instituciones de Bretton Woods?).
Mientras que el establecimiento del Banco y el Fondo fue presentado como un esfuerzo apolítico para reconstruir la economía mundial después de la Segunda Guerra Mundial, algunas interpretaciones lo ven como un esfuerzo de defender o expandir el alcance del capitalismo occidental ante un posible desafío de la Unión Soviética, así como de promover los intereses de los EE.UU. en particular. Bajo el mandato del Presidente Robert McNamara (1968-1981), la misión del Banco Mundial empezó a cambiar, ya que por primera vez éste desarrolló un enfoque sobre la desigualdad de ingresos y la pobreza.
John Maynard Keynes and Harry Dexter White at the inaugural meeting of the IMF’s Board of Governors in Savannah, Georgia, U.S., March 8, 1946
En los años 1980s y 1990s, las políticas defendidas por las IBW se inspiraron en principio en el llamado “Consenso de Washington”, que se centró ideológicamente en promover políticas económicas de libre mercado como la desregulación, la privatización y la liberalización del comercio, así como en el crecimiento económico ilimitado, las cuales se implementaron principalmente a través de Programas de Ajuste Estructural (PAE). Como muchos autores han argumentado – por ejemplo, demostrando los vínculos entre la aniquilación de los sistemas de salud africanos por parte de SAPS y la respuesta a la crisis del ébola de 2014 (ver Observador Invierno 2015) – los impactos devastadores de los PAE han sido duraderos y persisten hasta el día de hoy.
Mientras que históricamente las IBW han sido vistas como un instrumento del poder político y económico de EE.UU. así como de otros países occidentales, su papel y relevancia han sido objeto de un continuo debate. Este debate cobró impulso en la década desde la crisis financiera mundial de 2008, donde el auge de China, que a menudo se presenta como la llegada de un mundo más multipolar, es visto por algunos como un desafío a la percibida hegemonía de las IBW. Sin embargo, otros han señalado que este marco analítico es defectuoso ya que los intereses privados promovidos por el Banco y el Fondo no siempre se pueden entender de esta manera y que, además, existe un alto grado de cooperación entre éstas y otras instituciones multilaterales, incluidas las establecidas por China y otros países en desarrollo.
El aumento de las crisis financieras desde la década de 1970 – y la crisis de 2008 en particular – ha tenido un impacto en el trabajo del Fondo, que se ha visto obligado a ir más allá, pasando de intervenciones esencialmente nacionales a un mayor enfoque en la economía global, y del análisis del horizonte para prever posibles crisis, a enfrentarlas para evitar el contagio regional o global. El papel del Banco también ha cambiado drásticamente, del enfoque inicial en préstamos de infraestructura en su encarnación como el paradigma del Consenso de Washington y el post Consenso, a convertirse en el “Banco del Conocimiento”, tratando de posicionarse como el repositorio de la «experiencia en desarrollo».
Actualmente, el trabajo del Banco se encuadra en dos objetivos principales, establecidos en 2013: “poner fin a la pobreza extrema para 2030 y promover la prosperidad compartida”. Estos se tratan de alcanzar principalmente mediante: préstamos directos para proyectos de desarrollo; apoyo presupuestario directo a los gobiernos (también conocido como Financiamiento de Políticas de Desarrollo [DPF por sus siglas en inglés]); apoyo financiero al sector privado, incluidos los intermediarios financieros (IF); y garantías para el desarrollo a gran escala. Los objetivos actuales del Fondo son promover la cooperación fiscal y monetaria internacional, asegurar la estabilidad financiera internacional, facilitar el comercio internacional y promover un alto empleo y un crecimiento económico sostenible. Esto se pretende mediante programas de préstamos a los estados con problemas en su balanza de pagos, así como mediante el asesoramiento sobre políticas a través de asistencia técnica o supervisión macroeconómica bilateral y multilateral.
No hay duda de que el FMI y el Banco Mundial continúan estando entre los más importantes e influyentes emisores de normas, convocantes y poseedores del conocimiento en el panorama financiero y de desarrollo internacional. Este Al Interior de las Instituciones presenta algunas de las críticas más comunes al Banco Mundial y el FMI desde tres marcos generales: la gobernanza democrática, los derechos humanos y el medio ambiente.
2. Gobernanza Democrática.
2.1. Subrepresentación estructural del Sur Global.
Una de las críticas principales al Banco Mundial y el FMI se refiere al desequilibrio en el poder político de su estructura de gobernanza donde, debido a que el reparto de votos está basado principalmente en el tamaño y la “apertura” de las economías de los países, los más pobres – que son a menudo los que reciben los préstamos de las IBW – están insuficientemente representados en los procesos de toma de decisiones.
A pesar de las reformas en los sistemas de votación del Fondo en 2016, que de alguna forma modificaron el poder de voto (para el beneficio particular de China), la distribución sigue estando muy desequilibrada a favor de EE.UU., los países europeos y Japón, en particular. Además, EE.UU. todavía tiene poder de veto sobre un amplio rango de decisiones (ver Observador Invierno 2018). En el caso del Banco Mundial, además de las peticiones de una mayor representación de los países de bajos ingresos en la Junta Ejecutiva, organizaciones de la sociedad civil (OSC) han demandado históricamente reformas en el sistema de toma de decisiones a través de la implementación de un sistema de doble voto, en el que un acuerdo requiera la mayoría en ambos, accionistas y miembros estados, dando así un mayor papel en estos procesos a los países en desarrollo.
La subrepresentación de países de bajos y medios ingresos en las Juntas Ejecutivas de las IBW se ve agravada por el histórico “acuerdo de caballeros” entre los EE.UU. y los países europeos, que ha visto al Fondo y al Banco liderados por un ciudadano europeo y un estadounidense, respectivamente, desde su inicio. La sociedad civil ha pedido durante mucho tiempo que este sistema opaco sea remplazado por un proceso transparente y basado en el mérito. Sin embargo, el nombramiento en abril de 2019 del nuevo presidente del Banco Mundial David Malpass – ciudadano norteamericano que se postuló sin oposición para el puesto principal del Banco – demostró que el acuerdo de caballeros permanece vivo y en buena forma a pesar de la oposición de la sociedad civil (ver Observador Primavera 2019).
2.2. Socavando la propiedad democrática.
El problema en el desequilibrio político del poder se ve agravado por otra crítica permanente al Banco y al Fondo: que las condiciones de la política económica que promueven – a menudo adjuntas o «recomendadas» como parte de los préstamos, proyectos, asistencia técnica o supervisión financiera –socava la soberanía de las naciones prestatarias, limitando su capacidad en la toma decisiones políticas y erosionando su control sobre las estrategias de desarrollo nacional. Este es particularmente el caso del FMI como «prestamista de última instancia» para los gobiernos que experimentan problemas en su balanza de pagos.
Mientras que históricamente el FMI y el Banco Mundial han aplicado condicionalidad principalmente a través de PAE, en la actualidad, el FMI exige una «carta de intención» de los gobiernos que solicitan un préstamo. Para que un préstamo sea aprobado por el FMI, la carta debe incluir acciones previas, criterios de desempeño cuantitativos y puntos de referencia estructurales – el cual continúa implicando reformas estructurales en la política macroeconómica. A pesar de los esfuerzos por «racionalizar» el número de condiciones frente a las severas críticas, la Revisión 2018 del Diseño del Programa y la Condicionalidad encontró que el número de condiciones estructurales sigue incrementándose. Una vez más, esto aumenta las preocupaciones sobre la restricción del espacio político para los países en desarrollo. En el Banco Mundial, la condicionalidad se aplica más directamente a través de sus DPF, en los que los préstamos y subvenciones para proyectos de desarrollo se conceden a los países que adoptan las “acciones previas” requeridas para recibir esta financiación específica. En 2017, el Banco emitió 434 acciones previas, según una investigación realizada por la OSC belga Eurodad.
Además de las condiciones formales introducidas a través de los programas de préstamos, ambas instituciones desempeñan un papel más matizado en la restricción del espacio político a través de sus investigaciones, publicaciones, asesoramiento sobre políticas y capacitación. Especialmente para países de bajos ingresos para los que atraer capital con tipos de interés asequibles puede ser difícil, los pronunciamientos del FMI y el Banco sobre políticas internas pueden provocar reacciones importantes por parte del “mercado” (incluyendo prestamistas e inversores potenciales), por tanto limitando (o incrementando) potencialmente las opciones financieras de los países. La inclinación del Fondo y el Banco hacia la consolidación fiscal, el sector privado y el servicio de la deuda, también restringe el espacio para políticas públicas y la habilidad de los gobiernos de financiar infraestructura y servicios sociales (ver sección “Derechos Humanos” abajo). El Banco y el Fondo han establecido un poder normativo sustancial a través de sus investigaciones, publicaciones, pronunciamientos y apoyo de trabajos académicos “independientes”. Su habilidad para posicionar sus prescripciones políticas como “mejores prácticas”, apoyada por un trabajo teórico y empírico “robusto”, a menudo resulta en la internalización de las posiciones del Banco y el Fondo por parte de académicos, profesionales del desarrollo y ministros de finanzas.
2.3. Toma de decisiones sesgada e inconsistente.
El Banco y el Fondo han sido también fuertemente criticados por el papel que desempeña la conveniencia política de los accionistas más importantes en su toma de decisiones y en la elección de intervenciones, incluido su apoyo a sistemas dictatoriales. La decisión del FMI de romper sus propias reglas y apoyar el polémico programa de préstamos a Grecia, acordado en 2010, llevaron al Director Ejecutivo del FMI en Brasil a objetar que “… el programa … no debe de ser visto como un rescate a Grecia, que tendrá que someterse a un ajuste desgarrador, sino como un rescate a los poseedores de la deuda privada del país, principalmente instituciones financieras europeas.”
En general, la transición del Consenso de Washington, respaldada por la confianza en la eficiencia de los mercados y, consecuentemente, un papel drásticamente reducido del estado, hacia su sucesor “más progresista” post Consenso de Washington – que reconoce el fallo de los mercados y reintroduce la relevancia del estado – se presenta frecuentemente como un cambio significativo del pensamiento y principios del Fondo y el Banco. Sin embargo, el énfasis del Banco sobre el uso de recursos públicos para incentivar (vía subsidios) las inversiones privadas a través de su enfoque Maximizar el Financiamiento para el Desarrollo (MFD por sus siglas en inglés), demuestra que el papel del estado ha sido meramente replanteado para “crear un entorno propicio” que permita al sector privado perseguir sus objetivos.
2.4. Limitada habilidad para aprender de errores pasados.
La Oficina de Evaluación Independiente del FMI (OEI) se estableció en 2001 para evaluar las políticas y funciones de la institución con el objetivo de mejorar la cultura de aprendizaje, fortalecer la credibilidad y apoyar la gobernanza y la supervisión institucional. En el Banco Mundial, el Grupo de Evaluación Independiente (GEI) se creó en 2006 integrando varios de los mecanismos de rendición de cuentas, con el fin de evaluar las actividades del Grupo Banco Mundial al completo, determinando qué funciona y qué no.
Sin embargo, el Banco y el Fondo han sido criticados por no implementar las recomendaciones del GEI y la OEI, respectivamente. En el caso del Banco, esto refleja críticas mayores sobre la falta de alineación de los incentivos del personal con sus dos objetivos principales y el hecho de que el Banco tome un enfoque insular y autorreferencial para la producción de conocimiento, el cual – según el histórico informe Deaton publicado en 2006, a veces roza la “parodia” (ver Observador Verano 2018). Mientras tanto, la tercera evaluación independiente de la OEI, publicada en 2018, encontró que sus recomendaciones siguen sin “generar tracción” dentro el Fondo (ver Observador Otoño 2018). Esto refleja los hallazgos de evaluaciones anteriores de la OEI, en medio de acusaciones de “pensamiento grupal” en el FMI, las cuales fueron en parte consideradas por la OEI como la causa de que el Fondo no previera la crisis financiera mundial de 2008, posiblemente su trabajo más importante y su fracaso más evidente (ver Update Issue 74).
2.5. Impunidad efectiva por los daños causados.
En la década de 1980, el Banco se vio afectado por una serie de controversias relacionadas con los impactos medioambientales y sociales de los proyectos financiados por el mismo (ver Derechos Humanos y Medioambiente, abajo), con el proyecto de construcción de la presa de Sardar Sarovar en India – que provocó una campaña global de oposición – llevando al establecimiento del Panel de Inspección del Banco (su mecanismo independiente de rendición de cuentas) en 1993 (ver Observador Otoño 2017). Otro mecanismo de rendición de cuentas para la Corporación Financiera Internacional (CFI) – el brazo del sector privado del Banco Mundial – la oficina del Asesor de Cumplimiento / Defensor del Pueblo (CAO, por sus siglas en inglés), fue creado en 1999. Estos mecanismos se establecieron para escuchar las quejas de personas y comunidades afectadas por proyectos financiados por el Banco y la CFI, y para fomentar la reparación cuando fuera pertinente. Mientras que los mecanismos del Banco se han considerado como los “mejores de su clase” entre las instituciones financieras internacionales (IFIs), sus mandatos son limitados, sus mecanismos de remedio para aquellos perjudicados por los proyectos del Banco continúan fallando y las respuestas de la gerencia a sus hallazgos son a menudo inadecuadas.
En la misma línea, en 2019 la Corte Suprema de EE.UU. falló a favor de un grupo de pescadores indios, y en contra de la CFI, al rechazar su reclamo de “inmunidad absoluta” frente a los tribunales de EE.UU.; los demandantes llevaron a la CFI ante la justicia americana tras no recibir una compensación adecuada después de que la CAO dictaminara que la inversión de la CFI en la central eléctrica de Tata Mundra en India, había provocado daños sustanciales en sus medios de vida. A pesar de la decisión de la Corte Suprema, la gran proporción de los préstamos y otras carteras de programas del Banco permanecen inmunes ante acciones legales, al igual que las del FMI.
Finalmente, las críticas también argumentan que la naturaleza opaca de las inversiones en IF (por ejemplo, bancos comerciales y fondos de activos) del CFI – las cuales constituyen una parte creciente de su portafolio – y su inhabilidad para revisar y monitorizar adecuadamente los subproyectos de las IF, perjudican la rendición de cuentas. Además, la falta de revelación pública de las inversiones de los IF hace que llevar casos a la CAO y responsabilizar a la CFI por sus acciones sea aún más difícil para las comunidades y la sociedad civil (ver Observador Invierno 2017).
3. Derechos Humanos
La segunda serie de críticas se ha centrado en el contenido de las políticas, programas y proyectos que las IBW promueven e imponen, y en cómo éstas han socavado un amplio rango de derechos humanos, con el relator especial de las Naciones Unidas sobre pobreza extrema calificando al Banco Mundial en 2015 como una “zona libre de derechos humanos”.
3.1. Restringiendo el entorno macroeconómico para los derechos humanos.
En el nivel macroeconómico, a raíz del Consenso original de Washington, el Banco y el FMI continúan impulsando un conjunto particular de prescripciones de políticas macroeconómicas en casi todos sus países miembros. Normalmente, éstas son medidas de consolidación fiscal (o austeridad) e incluyen la reducción del coste de los salarios públicos, la introducción o incremento del IVA, así como otros impuestos regresivos indirectos, particularmente, flexibilización laboral, racionalización (recortes) y privatización de servicios sociales y subsidios, a la vez que se mantienen bajos niveles de inflación, tasas de impuestos corporativos y tarifas comerciales.
En particular, tras la crisis financiera de 2008, este enfoque “procíclico” fue criticado por conducir a una disminución de la actividad económica, lo que llevó a un menor consumo, menores ingresos públicos, menor inversión en servicios públicos vitales y mayores niveles de desigualdad, la cual a su vez disminuye el crecimiento. Además, las críticas han señalado repetidamente que este enfoque no resuelve la raíz de los problemas de la balanza de pagos de los gobiernos (ver Observador Invierno 2017-2018). Si bien el FMI ha suavizado su posición sobre algunas cuestiones importantes, como la aceptación de que los controles de capital pueden ser necesarios en determinadas (limitadas) circunstancias y el mayor reconocimiento de los beneficios potenciales de las políticas anticíclicas (también en circunstancias muy limitadas), la dirección general permanece prácticamente sin cambios.
Danger: Violations Ahead. International Accountability Project
Los sindicatos de trabajadores, por ejemplo, se han opuesto durante mucho tiempo al debilitamiento sistemático de los derechos laborales provocados por las IBW, ya sea directamente a través de la condicionalidad o indirectamente a través del asesoramiento sobre políticas en informes emblemáticos y supervisión, tales como el programa de préstamos del FMI a Grecia en 2017 (ver Observador Otoño 2017) o el Informe sobre Desarrollo Mundial de 2018 del Banco Mundial (ver Observador Invierno 2018), respectivamente. Otros derechos económicos y sociales, como el derecho a la seguridad social, la salud y la educación, o el derecho a un nivel de vida adecuado, se ven perjudicados por la promoción por parte de las IBW de restricciones excesivas en políticas fiscales y la privatización agresiva, las cuales impiden a los estados prestar servicios públicos básicos y cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
Otro conjunto de críticas relacionadas y a la vez transversales a las anteriores se centra en cómo las políticas apoyadas, promovidas o requeridas por las IBW están desigualmente diseñadas, favoreciendo a aquellos que están en lo más alto de la economía y la sociedad, exacerbando aún más las desigualdades dentro y entre países, y perjudicando de manera desproporcionada a los más marginados, que son de hecho los más vulnerables a las violaciones de los derechos humanos. Los grupos que a menudo se encuentran en desventaja de forma más desproporcionada y acumulativa debido a los tipos de políticas macroeconómicas que promueven las IBW incluyen a pobres, mujeres, inmigrantes, ancianos, niños y jóvenes, minorías étnicas y religiosas, personas con discapacidad, así como a las comunidades LGBTQI.
3.2. Causando grandes daños a través de proyectos de desarrollo.
También se ha observado que los proyectos financiados por el Banco Mundial a menudo violan los derechos humanos de manera directa y grave. Problemas que se repiten continuamente incluyen desalojos masivos y el desplazamiento forzado de personas y comunidades causados por grandes proyectos agrícolas y de infraestructura (ver Observador Primavera 2016); violaciones de los derechos de pueblos indígenas y forestales; ataques a defensores de los derechos humanos; desencadenamiento de inseguridad alimentaria local; y graves violaciones de los derechos de los trabajadores, tales como trabajo infantil y forzoso que, según algunos informes, se está utilizando en proyectos financiados por el Banco (ver Observador Invierno 2016). Además, se ha demostrado en múltiples ocasiones que la CFI ha invertido en compañías para evitar o evadir impuestos (ver Observador Otoño 2016). Más recientemente, el Banco ha reconocido también que sus proyectos pueden crear un ambiente que puede potenciar la violencia de género, incluido el abuso sexual y la propagación del VIH/SIDA (ver Observador Primavera 2017).
Para protegerse ante este tipo de riesgos, el Banco lanzó su Marco Medioambiental y Social revisado en 2018, aunque éste sólo aplica a sus préstamos a proyectos y no a sus DPF. Muchos en la sociedad civil siguen sin estar convencidos de que estas salvaguardas sean adecuadas para este propósito si el Banco pretende cumplir con su mandato de implementar políticas que beneficien a los más pobres, especialmente ya que el Banco se ha focalizado en entornos más complejos y difíciles desde 2018.
3.3. Falta de evidencia de impactos positivos…
Aunque ambas instituciones mantienen que no tienen obligación en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos, a pesar de las objeciones por parte de innumerables expertos en derechos humanos y la opinión de unos de los exasesores generales del Banco, tanto el Banco como el Fondo reclaman que su labor en la erradicación de la pobreza y el potenciamiento del crecimiento económico y la estabilidad contribuye al bienestar global y al cumplimiento de los derechos humanos, aunque no existe una evidencia clara. Primero, este escenario en el que “todos ganan” ha sido objeto de innumerables críticas que apuntan a obvias concesiones y conflictos de las políticas «pro-crecimiento» y «pro-igualdad», incluyendo un reporte publicado por el propio departamento de investigación del FMI en 2014. Segundo, según los datos sobre las tasas de pobreza, la gran mayoría de la erradicación de la pobreza lograda en los últimos 40 años se atribuye a China, la cual ciertamente no ha seguido las recomendaciones de las IBW (ver Observador Invierno 2017-2018), mientras que la revisión de la condicionalidad de 2018 del FMI encontró varios programas del FMI en los que «la deuda superó las proyecciones por márgenes significativos, lo que refleja un crecimiento decepcionante y un mayor déficit fiscal», con tasas más bajas de finalización de programa. Además, el ritmo en la reducción de la pobreza se está ralentizando, mientras que el número de personas viviendo en extrema pobreza en África está aumentando y, lo que es más, la forma con la que el Banco mide la pobreza sigue siendo altamente polémica. Estas y otras críticas ponen en cuestión la eficacia de las prescripciones de políticas de las IBW en general y, ante todo, su habilidad teórica de contribuir al cumplimiento de los derechos humanos.
3.4. … sin medir impactos dañinos.
Al mismo tiempo, repetidas llamadas pidiendo la cuantificación de los impactos dañinos que tienen las políticas del Banco y el Fondo sobre el disfrute de los derechos humanos, incluyendo evaluaciones sistemáticas y comprensivas de su impacto en el género y la desigualdad, así como la inclusión de los derechos humanos en los análisis de sostenibilidad de la deuda de las IBW, ya sea a nivel macroeconómico o de proyecto, permanecen sin responder (ver Observador Primavera 2019).
4. Medioambiente
Finalmente, el enfoque de las IBW hacia las políticas económicas y de desarrollo, así como sus decisiones en cuanto a financiamiento, han generado críticas largas y cada vez más apremiantes relacionadas con la protección del medio ambiente y la prevención del cambio climático.
4.1. Un modelo basado en el crecimiento sostenible.
En general, este enfoque basado en el crecimiento para la reducción de la pobreza que ambos, el Banco y el FMI promueven, tiene inmensas consecuencias medioambientales, como se evidencia en la profundización de la crisis climática. Como señaló el ex-jefe economista del Banco Mundial Sir Nicholas Stern en 2007, “El cambio climático es el resultado del mayor fallo del mercado que el mundo ha visto nunca”. Desde su inicio, las IBW han desempeñado un papel formativo en el impulso de las fuerzas globales que han causado este fallo en el mercado al promover el crecimiento económico como el componente central de su modelo de desarrollo, a pesar de – como se señala en el informe Deaton mencionado anteriormente – evidencia mixta de que el crecimiento económico y la reducción de la pobreza estén vinculados. Si bien el Banco, y en menor medida, el Fondo, han tratado cada vez más de tener en cuenta los factores ambientales y climáticos en su trabajo durante las últimas décadas, estos esfuerzos se han limitado en gran medida a tratar de integrar estas preocupaciones en un modelo de desarrollo basado en el crecimiento.
4.2. Continuas inversiones en combustibles fósiles.
Con respecto al financiamiento directo, las inversiones del Banco en combustibles fósiles han sido criticadas por socavar los goles climáticos – con el Banco aún financiando un número considerable de proyectos de combustibles fósiles en los años siguientes a la firma del Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático, en el que los países se comprometieron a limitar el aumento de la temperatura media global a «muy por debajo de 2°C» con relación a los niveles preindustriales. A pesar de los recientes compromisos climáticos del Banco (ver Observador Primavera 2018) las OSC continúan preocupadas sobre la falta de un enfoque comprensivo que alinee por completo su porfolio de financiamiento con el Acuerdo de París. Además de la financiación de proyectos para infraestructura de petróleo y gas, hay otros tipos de inversiones del Banco que son motivo de preocupación. La CFI invierte ahora casi 50 por ciento de su porfolio en intermediarios financieros y la falta de información sobre subproyectos en estas inversiones hace que sea difícil evaluar la exposición de estas inversiones a combustibles fósiles, incluyendo el carbón (ver Gobernanza arriba). Sin embargo, la investigación por parte de las OSC ha relacionado inversiones de la CFI en FI con la construcción de 19 nuevas plantas eléctricas de carbón en Filipinas, mientras que otro reporte vinculó estas inversiones a 41 nuevas plantas eléctricas entre 2013 y 2016. A pesar del que la CFI anunció una nueva Estrategia de Equidad Verde en octubre de 2018 que requerirá a los nuevos clientes de IF alejarse del carbón, estas políticas no afectarán inversiones pasadas en IF (ver Observador Invierno 2018).
Otras preocupaciones de las OSC se relacionan con el hecho de que el Banco Mundial todavía no haya desarrollado un marco para evaluar los impactos climáticos de su Financiamiento de Políticas de Desarrollo. Estudios de las OSC han encontrado que, en algunos casos, estos contienen “acciones previas” que benefician a las industrias de combustibles fósiles y extractivas. Finalmente, la Agencia de Garantía de Inversiones Multilaterales del Banco (MIGA, por sus siglas en inglés) ha proporcionado en los últimos años una serie de garantías que han respaldado proyectos de combustibles fósiles. Según estudios de las OSC, en el año fiscal 2016, MIGA no apoyó un solo proyecto de energía renovables: “[sus] garantías para energía se valuaron en $1.9 billones … de los cuales $0.9 billones fueron para proyectos de combustibles fósiles”, con el resto destinándose a proyectos tales como presas hidroeléctricas, las cuales frecuentemente tienen impactos negativos en el medioambiente y los derechos humanos.
4.3. Enfoque en mega-proyectos.
El giro del Banco hacia el uso de financiamiento del sector privado para el desarrollo (ver Gobernanza arriba), el cual ha cobrado impulso desde 2015, incluye un énfasis particular en la promoción de la «infraestructura como una clase de activos» con el fin de atraer inversores institucionales. Esta iniciativa política depende fuertemente de los proyectos de mega estructura – y, como se señaló en una carta enviada por un grupo de economistas en octubre de 2018, carece actualmente de un marco para alinear tales megaproyectos con el Acuerdo Climático de París o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs, por sus siglas en inglés).
Mundra, Gujarat, India. October, 2014 A woman from the fishing community washes dishes at the Kothadi Bhandar – a fishing community located right next to the Tata Mundra Power Plant. Photo by Sami Siva
Esto es motivo de gran preocupación, ya que muchos mega ‘corredores’ planeados en regiones en desarrollo se basan en la construcción de una nueva generación de infraestructura de uso intensivo de carbono. En muchos casos, el Banco continúa apoyando este tipo de proyectos que, aunque no sean “inversiones en combustibles fósiles” per se, son parte de estos mega corredores de uso intensivo de carbono (ver Observador Otoño 2018).
4.4. Bosques.
Por último, también se ha observado que la política forestal del Banco y las débiles salvaguardas sobre la protección de los bosques infringen los derechos de las comunidades locales y no protegen uno de los «sumideros de carbono» más importantes del planeta (ver Observador Primavera 2017). Las OSC han pedido al Banco que abra sus Notas Forestales – las cuales están destinadas a ilustrar la relación entre sus préstamos y los bosques – a consulta (ver Observador Invierno 2017-2018). Las OSC han sido también muy críticas sobre una de las iniciativas forestales que el Banco gestiona, la Planta de Asociación de Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés), un fondo de inversión climática que apoya los proyectos para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD). Una publicación de marzo de 2017 en REDD Monitor llamaba al FCPF, “el esquema de salvaguarda de árboles más ineficiente que existe”, debido a los altos costos administrativos entre los años fiscales 2009-2015, que absorbieron el 64% de los $55 millones de gasto del FCFP. En general, el enfoque del Banco hacia los préstamos ha minado la protección de los ecosistemas naturales vitales en los países prestatarios. Como anotó Bruce Rich en su influyente libro de 2013, Foreclosing the future: The World Bank and the politics of environmental destruction (Ejecución hipotecaria del futuro: El Banco Mundial y la política de destrucción ambiental), “Cuando se examinan los fallos en la conservación de los ecosistemas o en la mitigación de los impactos negativos del desarrollo, se encuentra que los fallos de la gobernanza a todos los niveles están casi siempre en la raíz. …Muchos de los problemas [del Banco] están asociados con una cultura institucional disfuncional en la que la implacable presión por sacar el dinero por la puerta, incluso violando las propias políticas y normas del Banco, a menudo anula todas las demás consideraciones”.
5. Conclusión
Tras 75 años desde la Conferencia de Bretton Woods, y a pesar de los esfuerzos por parte del Banco y el Fondo de presentarse a sí mismos como el faro de conocimiento y habilidad en asuntos macroeconómicos y de desarrollo, ambas instituciones han sido y siguen siendo objeto de robustos criticismos por parte de académicos, Naciones Unidas y la sociedad civil. En efecto, ambas han enfrentado y continúan enfrentando resistencia y movilizaciones por parte de la sociedad civil y los movimientos sociales, desde la campaña global de 1994 “50 años es suficiente”, hasta la Conferencia Global Contra el FMI – Banco Mundial.
La extensiva literatura académica, con la que el Banco y el Fondo rara vez se comprometen, desafía la solidez de las bases teóricas y de evidencia de los principios y políticas de ambas. Los volúmenes de los documentos atestiguan las experiencias de millones de personas afectadas negativamente por las políticas y programas del Banco y el Fondo. Juntos, sugieren que las políticas del Banco y el Fondo no han logrado los objetivos establecidos y que, en cambio, apoyan un orden económico que beneficia a las élites y a los intereses del sector privado a expensas de las comunidades más pobres y marginadas.
Mientras el Banco y el Fondo, y otros, enfrentan ahora el desafío de las corrientes “populistas” y los grupos de extrema derecha sobre la continua relevancia del multilateralismo en medio de un orden global cambiante, las IBW siguen negando su papel en la creación de las condiciones sociales, políticas y económicas que han llevado a la frustración y la privación de derechos que nos han traído hasta aquí.
