En abril el FMI aprobó un préstamo de USD 118 millones a Mozambique a raíz del ciclón Idai. El préstamo rápido se diseñó para abordar las “carencias de financiamiento de Mozambique derivadas de las necesidades de reconstrucción”. En ese momento Mozambique, el sexto país más pobre del mundo, ya estaba experimentando una crisis de deuda “ilegítima” (véase el Observador de Verano de 2018), que llevó a que el gasto público por persona disminuyera en un 30%, según la organización de la sociedad civil (OSC) británica Jubilee Debt Campaign (JDC).
El FMI precisó que “las necesidades de reconstrucción tendrán que ser cubiertas por la comunidad internacional principalmente en forma de subvenciones”. En virtud del Acuerdo Climático de París, los gobiernos han reconocido esta necesidad de financiación relacionada con el cambio climático como “pérdidas y daños”, separada del financiamiento para la adaptación y la mitigación. Sin embargo, hasta ahora, la comunidad internacional no ha logrado proporcionar una financiación adecuada para las “pérdidas y daños”, a pesar de que se han materializado grandes desastres naturales agravados por el cambio climático. Esto fue evidente con el huracán María de 2017 de Dominica y el ciclón Winston de Fiji de 2016, que dejaron, respectivamente, 77% y 87% de sus pérdidas y daños sin fondos.
En su lugar, el FMI y el Banco Mundial están tratando de tapar esta brecha a través de los préstamos, como se sugirió en un documento de debate sobre resiliencia del FMI. La tendencia al alza de financiar pérdidas y daños relacionados con el cambio climático, a lo largo de otros países endeudados que menos han contribuido al cambio climático, es “una acusación escandalosa a la comunidad internacional”, según Sarah-Jayne Clifton, de JDC, que está instando al FMI a cancelar la deuda de los países afectados por el ciclón Idai.
Para financiar los USD 300.000 millones al año estimados que las “pérdidas y daños” relacionados con el clima costarán a los países en desarrollo en la próxima década, la OSC británica ha propuesto un “impuesto sobre los daños climáticos”, diseñado para hacer que paguen los más responsables, con el fin de proporcionar financiación nueva y adicional por pérdidas y daños.
