Derechos

Noticias

Histórico informe demuestra que los ataques a los defensores de los derechos humanos en nombre del ‘desarrollo’ van en aumento

2 September 2019 | Translated by: Gustavo Alzugaray

Occupy Oakland Rally + March in Solidarity with South Africa Miners - 08-24-2012 credit daniel arauz

En junio, la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo (CHRD, por su sigla en inglés) (véase el Observador de Invierno de 2018), lanzó un informe histórico junto a la Campaña de Personas Defensoras en el Desarrollo, en el que se exponen los riesgos de la megainfraestructura y otros proyectos de desarrollo mal planificados sobre los defensores de los derechos humanos (DDH). En el informe se presentaron 25 estudios de caso que demuestran que los DDH se enfrentan a amenazas y ataques cada vez mayores en el contexto de su resistencia a las actividades emprendidas en nombre del desarrollo, como el acoso, la violencia física, la detención y asesinato.

Al examinar el papel de las instituciones de financiación del desarrollo (IFD) en la exacerbación o mitigación de los riesgos para los DDH, el informe constató que “las IFD a menudo guardan silencio ante las amenazas y ataques o las respuestas son pocas o llegan tarde, por lo que los defensores y las comunidades se quedan sin protección ni remedio al daño”. Como resultado, con demasiada frecuencia, las IFD, “exacerban los riesgos para los defensores debido a la falta de atención adecuada a los derechos e intereses de las comunidades locales y las poblaciones marginadas y a los riesgos contextuales y los desequilibrios de poder que las vuelven víctimas de los impactos o vulnerables a ellos”. El informe señaló que, como mínimo, “las IFD tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y prevenir, mitigar y ayudar a proporcionar acceso a la solución de cualquier amenaza y ataque contra los defensores en el contexto de sus inversiones”. Sin embargo, “casi ninguna las IFD examina sistemáticamente el entorno propicio para la participación pública y la defensa de los derechos humanos”. Mark Fodor, de CHRD, comentó: “Como instituciones públicas, no podría ser más clara la obligación de las IFD de garantizar un espacio seguro para que cualquier miembro del público, especialmente si es afectado, alce la voz sobre un proyecto que los bancos financian. Las amenazas, las represalias y los ataques contra los defensores son probablemente la ilustración más flagrante de su incumplimiento de esta obligación fundamental”.

Los proyectos bancarios ocupan el centro de los ataques contra defensores de derechos humanos

Entre los 25 casos estudiados, 11 fueron financiados por la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo privado de préstamos del Banco Mundial, mientras que otros brazos del Grupo Banco Mundial financiaron seis de los proyectos destacados.

Las amenazas, las represalias y los ataques contra los defensores son probablemente la ilustración más flagrante de su incumplimiento de esta obligación fundamentalMark Fodor, Coalition for Human Rights in Development

Algunos de los estudios de caso con inversiones del Banco incluyeron: la represión policial de 2012 de una huelga en Sudáfrica contra una empresa minera financiada por la CFI, conocida como la Masacre de Marikana, donde murieron 34 personas, en el que es considerada el uso más sangriento de la fuerza por parte del gobierno de Sudáfrica desde 1960 (véase el Observador de Otoño de 2015); el asesinato en 2016 de Gloria Capitan, que se oponía a la intensa contaminación atmosférica causada por proyectos de carbón financiados por la CFI en Filipinas (véase el Observador de Invierno 2017-2018); el arresto y encarcelamiento del pastor Omot Agwa, que ayudaba al grupo indígena Anuak con las denuncias de desplazamiento contra el Banco Mundial en Etiopía (véase el Observador de Invierno de 2015).

El informe concluyó con una serie de recomendaciones de política para que los IFD protejan mejor a los DDH, como la adopción de requisitos sólidos de diligencia en materia de derechos humanos y la ampliación de las listas de sanciones para los clientes y organismos que han participado y cometen repetidamente abusos contra los derechos humanos. Si bien la CFI anunció recientemente que se está reestructurando para abordar mejor los riesgos ambientales y sociales (véase el Observador de Verano de 2019), el informe subrayó que aún queda mucho por hacer para proteger a los DDH: “Abordar eficazmente el estrecho margen de participación en los procesos de desarrollo y las crecientes amenazas a los defensores requerirán no sólo un cambio en la política y la práctica, sino un cambio fundamental para colocar los derechos humanos y a las comunidades locales en el centro de cómo se concibe e implementa el desarrollo”.