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La CFI anuncia cambios al Marco Ambiental y Social tras perder la inmunidad en Estados Unidos

2 September 2019 | Traducción: Gustavo Alzugaray

El 13 de junio Philippe Le Houérou, director ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo de préstamos del sector privado del Banco Mundial, anunció cambios significativos en la forma en que la organización gestiona los problemas ambientales y sociales, a partir del 1 de julio. El anuncio puso de relieve el traslado del departamento de Medio Ambiente, Asesoramiento y Soluciones Sociales y de Gobernanza de la CFI de la Vicepresidencia Jurídica a la Vicepresidencia de Operaciones y la creación de un nuevo departamento de Política Ambiental y Social y Riesgo, dirigido por un director experto que informa directamente al director ejecutivo.

Al señalar la necesidad de “mejorar la gestión de riesgos sociales y ambientales y la rendición de cuentas [y] cerrar cualquier brecha existente en la capacidad de respuesta de la CFI a los reclamos las comunidades afectadas”, Le Houérou anunció un aumento del 20% en el personal que trabaja en cuestiones sociales y ambientales.

Tal y como se informó en junio en el sitio de noticias Devex, los cambios llegan después de un fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos de febrero, que dictaminó que la CFI no se beneficia de la inmunidad absoluta contra juicios en Estados Unidos. La sentencia abre la puerta a la posibilidad de que la CFI pueda ser considerada responsable por los daños de los proyectos que financia y pueda tener que compensar al grupo de pescadores indios que interpusieron el caso contra ella en los tribunales estadounidenses (véase el Observador de Primavera de 2019). Devex informó que “los agricultores hondureños también están tratando de demandar a la CFI en los tribunales estadounidenses por su financiamiento de proyectos de aceite de palma que han sido vinculados a escuadrones de la muerte” (véase el Observador de Invierno de 2014).

Las organizaciones que trabajan con las comunidades afectadas para que la CFI rinda cuenta por las consecuencias negativas de sus inversiones acogieron con cautela los cambios y reiteraron su voluntad de trabajar con la CFI para mejorar su gestión de los riesgos ambientales y sociales y garantizar que las perspectivas de las comunidades se consideren adecuadamente. La necesidad de una acción inmediata fue destacada en un informe de julio de la Coalition for Human Rights in Development and the Defenders in Development Campaign, que detallaba el riesgo continuo para los defensores y defensoras de derechos humanos que intentan oponerse a los proyectos financiados por la CFI y otras instituciones financieras para el desarrollo (véase el Observador de Verano de 2019).