Christine Lagarde, directora gerente saliente del FMI, lanzó la tan esperada estrategia para la participación del FMI en el gasto social en la conferencia de junio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un discurso en el que reiteró la obligación del FMI de ayudar a los países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Sin embargo, después de dos años de desarrollo, a pesar de la amplia consulta con la sociedad civil y de las demandas de que el Fondo adopte “un enfoque coherente con el alcance y los objetivos de protección social definidos por la comunidad internacional, particularmente por los ODS”, la estrategia del FMI hace muy poco para alinear su enfoque sobre el gasto social con la OIT o los ODS (véase el Observador de Primavera de 2019).

El ‘marco’ de gasto social se elaboró en respuesta a un informe de 2017 de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del Fondo, en el que se señalaba que el enfoque del FMI en la orientación a los beneficios sociales no se alinea con el enfoque internacional basado en los derechos. El discurso de Lagarde en la OIT, titulado Forging a New Social Contract [Forjando un nuevo contrato social], reiteró la “obligación del FMI de ayudar a los países a alcanzar los ODS para 2030”. Dado que el FMI es un organismo especializado del sistema de Naciones Unidas, se podría pensar que esto era una señal de que el FMI alinearía su posición institucional con el enfoque acordado internacionalmente. Sin embargo, la estrategia publicada deja claro que este no es el caso (véase el Observador de Primavera de 2019).

Si bien la OIT y los ODS respaldan la protección social universal – lo que significa que, aunque los planes puedan llegar solo a grupos específicos como los niños, esto no esté determinado por los ingresos o la riqueza – y los pisos de protección social, el FMI sigue favoreciendo un enfoque de beneficios muy específicos en sus programas, basados en pruebas de recursos disponibles.

Si el FMI se toma realmente en serio el apoyo a ‘un nuevo contrato social’, tiene que hacer mucho más.

En lugar de adherirse a la definición de protección social que figura en el informe de la OEI, el FMI creó una nueva definición de ‘gasto social’, que amplía la anterior para incluir la salud y la educación, lo que dificulta abordar las preocupaciones planteadas por la OEI. Además, el enfoque del FMI se centra en si este gasto es ‘macrocrítico’ – una frase utilizada para determinar si está dentro de su mandato – y lo evalúa en términos de su sostenibilidad fiscal, adecuación y eficiencia. El marco no reconoce los efectos sociales negativos de las políticas de austeridad que incluyen los recortes del gasto social promovidos por el FMI (véase el Observador de Verano de 2017). En la práctica, la ‘eficiencia’ a menudo significa para el Fondo recortar los programas de asistencia social existentes y sustituirlos por otros de objetivos estrechos. Esto sólo tiene como objetivo mitigar el daño de la austeridad respaldada por el FMI a los ‘más vulnerables’, en lugar de trabajar para desarrollar un sistema que apoye a todos los ciudadanos en diferentes etapas de sus vidas como un contrato social colectivo. Las investigaciones han demostrado, especialmente en los países en desarrollo, que este tipo de programas específicos excluyen también a una gran cantidad de beneficiarios previstos, algo que el FMI sigue ignorando.

En Mongolia, por ejemplo, el FMI empujó al gobierno a desechar un programa universal de subsidios infantiles que beneficiaba a todos los hogares con niños. Posteriormente, la investigación de Development Pathways estimó que, como resultado de la focalización, a 400.000 niños se les negó el apoyo a los ingresos (véase el Observador de Primavera de 2018).

En términos de gasto en salud y educación, la estrategia sugiere que el FMI también se centrará en la eficiencia. En la práctica, eso probablemente significa que el FMI seguirá presionando a los países para que reduzcan sus facturas salariales públicas, a pesar de la necesidad de empleados públicos bien capacitados para brindar servicios de salud y educación de calidad. Por ejemplo, el FMI ha aconsejado recientemente a Honduras que “mejore la eficiencia del gasto en salud y educación”, lo que significa nuevos recortes del gasto salarial en esos sectores. Este consejo se dio a pesar de que en los últimos años se han producido fuertes recortes en estos servicios que ya han creado una profunda crisis, tanto en los sistemas educativos como sanitarios, y han causado protestas masivas y disturbios sociales.

La estrategia del FMI señala la aplicación de los pisos de gasto social en los programas de préstamos como prueba de que está poniendo en funcionamiento su investigación sobre la desigualdad. Si bien los pisos son un paso bienvenido para proteger el gasto social de los recortes, no se han fijado en los niveles adecuados y siguen implicando la promoción de programas específicos. Una revisión de 2018 de los programas del FMI de la OSC Eurodad, con sede en Bélgica, encontró que, en la mayoría de los casos, los pisos de gasto establecidos en los programas del FMI serían demasiado bajos para proporcionar servicios básicos de salud. Este intento poco convincente de aliviar el peor daño causado por sus propios programas fue llamado recientemente “en gran medida cosmético” por el relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston (véase el Observador de Verano de 2018).

El reconocimiento por parte del Fondo de la importancia del gasto social es una buena notica. Sin embargo, este reconocimiento no es suficiente, en un momento en el que el mundo está fuera de curso en cuanto al cumplimiento de los ODS y los niveles de desigualdad están aumentando. Si el FMI se toma realmente en serio el apoyo a ‘un nuevo contrato social’, tiene que hacer mucho más.

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Lara Merling es investigadora de economía en la Confederación Sindical Internacional. La investigación de Lara se centra en resaltar los efectos devastadores de la austeridad. Twitter: @LaraMerling