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Resolución del Consejo de Derechos Humanos desafía el enfoque del Banco Mundial sobre educación

2 September 2019 | Traducción: Gustavo Alzugaray

En julio el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (UNHRC, por su sigla en inglés) adoptó por unanimidad una resolución en la que se reconocen los Principios de Abiyán sobre el derecho a la educación. Los Principios de Abiyán se adoptaron en Costa de Marfil en febrero y fueron concebidos como un texto histórico que establece las obligaciones jurídicas internacionales existentes de los Estados de proporcionar educación pública y regular la participación del sector privado en la educación.

Entre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) crecen las preocupaciones sobre la participación del sector privado en la educación y el apoyo del Banco Mundial a ella (véase el Observador de Invierno de 2017). En un informe de abril, Oxfam analizó la cartera de educación primaria y secundaria del Banco entre 2013 y 2018 y constató que más de una quinta parte de los proyectos incluían apoyo a los gobiernos para la educación privada. Un estudio separado de 2017 realizado por la OSC estadounidense RESULTS concluyó que la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco, ha cuadruplicado su financiación a escuelas privadas con fines de lucro desde 2006.

En la presentación de su último informe sobre la privatización de la ONU, en junio, la Dra. Koumbou Boly Barry, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Educación, señaló que: “Con demasiada frecuencia, tratando de maximizar los beneficios, estos actores [el sector privado] lo hacen mediante la contratación de maestros no cualificados, la exclusión de estudiantes que no pueden pagar las cuotas escolares, la infraestructura inadecuada y las clases superpobladas”, es decir, desafiando el derecho a la educación y el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). Las OSC mostraron su apoyo en una declaración en la que se instaba a los Estados a considerar el uso de los Principios de Abiyán como insumo para sus acciones hacia la aplicación del ODS 4 y de sus programas nacionales de educación.

Además, la Alianza Mundial para la Educación (AME), que apoya la reforma educativa en los países de bajos ingresos, aprobó por unanimidad un proyecto de estrategia del sector privado en junio, conviniendo en que “no se pueden utilizar fondos de la AME para apoyar la provisión de servicios educativos con fines de lucro”.

A la luz del reconocimiento por parte de los Estados de los principios en el UNHRC, en un comunicado de prensa de julio, Sylvain Aubry, de la OSC Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, señaló: “Después de años de intentos fallidos de mejorar los servicios mediante la privatización o comercialización de los sistemas educativos, los Estados y las partes interesadas en la educación se están dando cuenta de que la creación de un mercado educativo anárquico no está cumpliendo con el derecho a la educación y que se necesitan normas y estándares si hemos de tomarnos en serio el desarrollo de sistemas educativos justos”.