En agosto, en medio de un Programa Monitoreado por el Personal Técnico (PMP) del FMI – un acuerdo informal entre las autoridades nacionales y el personal del FMI para supervisar la aplicación de un programa económico – el partido de la oposición de Zimbabwe llamó a la huelga, después de que el gobierno impusiera medidas de austeridad e intentara lanzar una nueva moneda.

El líder sindical Obert Masaraure dijo al periódico británico The Guardian en agosto: “Están celebrando los excedentes presupuestarios, pero no están pagando a los trabajadores”. El informe de mayo del PMP subrayó que las “presiones de gasto” sobre los salarios y el apoyo social podrían “poner en peligro los objetivos fiscales”.

En julio el sitio de noticias en línea ZimLive citó al viceministro de defensa, Victor Matemadanda, explicando que la constitución permitía al gobierno desplegar el ejército para enfrentarse a los manifestantes y advirtiendo que los soldados están entrenados para matar. Se han planteado serias preocupaciones sobre el historial de la actual administración en temas de derechos humanos. Estos acontecimientos son los últimos de una larga lista de preocupaciones en torno al papel potencialmente desestabilizador de los programas del FMI (véase el Observador de Verano de 2018 y el de Otoño de 2019).