El 16 de julio, la Comisión por la Verdad y la Dignidad de Túnez envió memorandos al Banco Mundial y al FMI, así como a Francia, solicitando reparaciones para las víctimas tunecinas de violaciones de los derechos humanos. La Comisión alegó que el FMI y el Banco Mundial tienen “una parte de responsabilidad” por el malestar social vinculado a las políticas de ajuste estructural. La Comisión fue creada en 2013 por el entonces presidente Moncef Marzouki, tras la Revolución Tunecina de 2011, con el propósito de investigar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado desde 1955 y proporcionar compensación y rehabilitación a las víctimas.
El memorando al FMI y al Banco Mundial se refería al período comprendido entre los años 1970 y 2011, y afirmaba que ambas instituciones presionaron al gobierno tunecino para que congelara los salarios y la contratación en la administración pública y redujera las subvenciones a los bienes de consumo básicos que, al mantenerse, produjeron varias crisis y conflictos sociales (véase el informe Lessons unlearnt de BWP). Esto incluye los disturbios del pan de 1983, que fueron una serie de manifestaciones violentas desencadenadas por un aumento en el precio del pan producido por los recortes de las subvenciones, una de las condiciones de un programa de préstamos del FMI. En relación con los disturbios, la Comisión recibió 1.230 denuncias individuales, relativas a 85 asesinatos, 213 heridas de bala, 932 detenciones y penas de prisión con uso sistemático de tortura, así como varias violaciones de menores, incluso en prisión.
La Comisión constató que, no sólo el Estado tunecino era responsable de estas graves violaciones de los derechos humanos, sino también el Banco Mundial y el FMI, que, “a través de las condiciones de los préstamos y los planes de ajuste estructural impusieron políticas inapropiadas que se identificaron como la raíz de las graves violaciones que siguieron a las revueltas populares”. La Comisión pidió tres actos de reparación: disculpa, compensación financiera a las víctimas y cancelación de la deuda multilateral de Túnez con estas instituciones. Túnez está actualmente cerca de cerrar su programa de préstamos de cuatro años con el FMI, de USD 2.800 millones, acordado en 2016, el cual una vez más ha sido acusado de imponer recomendaciones genéricas, “sin considerar las consecuencias sobre la estabilidad y la cohesión social” (véase el Observador de Primavera de 2019 y el de Primavera de 2018).
Aunque los Estados son los principales garantes de los derechos humanos, las instituciones financieras internacionales también pueden ser consideradas responsables si son cómplices en la prescripción de políticas con probables impactos negativos sobre los derechos humanos.Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente en deuda y derechos humanos de la ONU
Los intentos de la Comisión de hacer rendir cuentas al FMI y al Banco Mundial se vieron reforzados por un informe de septiembre del experto independiente de las Naciones Unidas sobre deuda externa y derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, quien sostuvo que las instituciones financieras internacionales pueden ser responsables ante el derecho internacional por su complicidad en las reformas económicas que violan los derechos humanos. Centrándose en la austeridad ordenada por el FMI, el informe sostuvo que existe una base jurídica sólida para afirmar que “en principio, las políticas de austeridad en tiempos de recesión son incompatibles con las obligaciones de garantizar el respeto de los derechos humanos”.
