Se espera que la junta ejecutiva del Banco Mundial tome una decisión sobre las reformas propuestas al Panel de Inspección (PI), el mecanismo independiente de rendición de cuentas (MIRC) del Banco, antes de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI en Washington DC en octubre. En 2017 se encargó a un grupo de trabajo del Comité sobre Efectividad del Desarrollo (CODE, por su sigla en inglés) de la Junta del Banco Mundial la tarea de actualizar y modernizar el PI a la luz del nuevo Marco Ambiental y Social del Banco (véase el Observador de Invierno de 2018).
Sin embargo, la revisión, que originalmente debía completarse en octubre de 2018, se ha retrasado mucho. En un artículo para el sitio de noticias de desarrollo Devex, el director ejecutivo alemán del Banco, Jorgen Zattler, insinuó que la lentitud en los avances se debe al desacuerdo entre los miembros de la Junta y comentó que “encontrar una solución es muy difícil… Hay cierta disposición para seguir adelante, pero se necesita… el compromiso de todas las partes”.
Stephanie Amoako, de la Organización de la Sociedad Civil (CSO) estadounidense Accountability Counsel, comentó que la junta debe tomar una decisión “que dé lugar a un proceso mejorado que ofrezca responsabilidad y remedio significativo a las comunidades afectadas. Nos preocupa que algunas de las opciones que está considerando la junta en este momento no alcancen este umbral”.
La junta parece estar haciendo todo lo posible para ofrecer monitoreo y solución de disputas a cualquiera menos al PI.Kristen Genovese, the Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO)
La administración del Banco encabeza la responsabilidad de supervisar la aplicación de los planes de acción desarrollados en respuesta a las recomendaciones del PI. Las OSC han argumentado que esto crea un conflicto de intereses en el que la administración es responsable de la supervisión de su propia adhesión al plan de acción. El PI es el único MIRC de una institución financiera internacional importante que no tiene una función de supervisión independiente (véase el Observador de Verano de 2017). En enero, 67 OSC hicieron llegar una declaración a la junta del Banco pidiendo, como mínimo, medidas en torno al papel del PI en el monitoreo de los planes de acción de gestión del Banco, la implementación de una función independiente de solución de controversias y la ampliación del plazo de elegibilidad para que las comunidades presenten reclamos a, por lo menos, dos años después de la finalización del proyecto.
Kristen Genovese, de la OSC holandesa SOMO reflexionó, “La junta parece estar haciendo todo lo posible para ofrecer monitoreo y solución de disputas a cualquiera menos al PI, considerando propuestas que desafían la lógica y la eficiencia. Cualquier decisión que no conceda al IPN la autoridad para supervisar sus conclusiones u ofrecer servicios de solución de controversias equivaldrá a un voto de censura en el PI”.
