Trece comunidades guineanas han entrado en un proceso de solución de disputas para tratar de llegar a un acuerdo en relación con la presunta apropiación de tierras resultante de una mina de bauxita apoyada por la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial. El proceso de resolución de disputas será convocado por el mecanismo independiente para la rendición de cuentas de la CFI, el Defensor del pueblo (CAO, por su sigla en inglés).

En febrero, las comunidades presentaron un reclamo ante el CAO relacionado con la mina dirigida por la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) que, según un artículo de marzo de la organización de la sociedad civil estadounidense Inclusive Development International (IDI), recibió un préstamo de USD 200 millones para ampliar las operaciones mineras de la empresa” en 2016. En su informe de evaluación de agosto, el CAO señaló que los reclamantes plantearon “preocupaciones sobre la apropiación de tierras, la rehabilitación y el retorno de tierras y el medio ambiente, lo que ha tenido consecuencias importantes para los medios de vida de los reclamantes”.

“Las tierras que nosotros y nuestros antepasados hemos habitado y cultivado durante siglos han sido casi totalmente consumidas por la CBG”, dijo Mamadou Lamarana Bah, uno de los reclamantes, en el artículo de IDI.